La Asociación de Periodistas de Hong Kong expresó su preocupación ante la posibilidad de que la nueva ley de seguridad nacional de la ciudad que entrará en vigor este año tenga «implicaciones de gran alcance» para la prensa e instó al Gobierno local a garantizar la protección de este colectivo.
El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, anunció en enero su plan de promulgar una ley basada en el «artículo 23» de la Ley Fundamental de la ciudad, con la que prevé ampliar sus competencias jurídicas para sofocar la disidencia a raíz de las movilizaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en 2019.
Desde la devolución de Hong Kong a China por parte del Gobierno británico en 1997, el territorio ha sido gobernado bajo el principio de «un país, dos sistemas», que garantiza la separación de las estructuras jurídicas y judiciales de la parte continental.
En virtud de su mini constitución, conocida como Ley Fundamental, la excolonia tiene la responsabilidad de promulgar su propia ley para abordar siete delitos relacionados con la seguridad, que incluyen traición, insurrección, robo de secretos de Estado, sabotaje y espionaje.
La Asociación de Periodistas (HKJA por sus siglas en ingles) pidió a las autoridades, en una propuesta compartida el sábado y publicada hoy por el medio local Hong Kong Free Press, definiciones más claras de las disposiciones relativas a dichos delitos, entre ellos la injerencia externa y el robo de secretos de Estado.
El grupo afirma que el concepto de «secreto de Estado» es demasiado amplio, ya que la prensa recibe filtraciones de fuentes gubernamentales, por ejemplo en relación con cambios de personal y anuncios políticos, y resulta difícil determinar si dichas fuentes revelan esta información con autoridad legal.
En cuanto al delito de injerencia externa, la asociación se mostró preocupada por la vaguedad de esta definición y planteó dudas sobre si asistir a actos financiados por cámaras empresariales de otros países u organizaciones con vínculos extranjeros podría constituir «colaboración con fuerzas foráneas».
«Consideramos que, a la hora de promulgar la ley, el gobierno debe evitar situaciones en las que los periodistas se vean envueltos en problemas legales debido a su trabajo habitual de recopilación de noticias, información o comentarios», rezaba el escrito de HKJA.
Por su parte, la Federación de Periodistas de Hong Kong, un grupo favorable al sistema creado en 1968, afirmó en respuesta a la presentación de la HKJA que “no representa en absoluto la opinión de la industria de los medios hongkoneses y que ha tergiversado los hechos e intentado crear confusión y pánico”.
El nuevo texto es independiente de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín, aprobada en junio de 2020 tras meses de protestas y disturbios en favor de la democracia, en la que se tipifican como delitos la secesión, la subversión, la connivencia con el extranjero y el terrorismo.
Anteriormente, en 2003, hubo un intento de promulgar esta misma normativa, pero quedó en suspenso tras una movilización a la que se calcula que asistieron cientos de miles de residentes.
De acuerdo con un informe publicado por la organización Human Rights Now, tras la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional hace más tres años «unos 250 activistas y críticos del Gobierno han sido detenidos, más de 150 procesados y todos los acusados en juicios ya concluidos han sido declarados culpables”, ilustrando la represión de la disidencia.
Asimismo, cientos de organizaciones de la sociedad civil e innumerables activistas han puesto fin a sus actividades o han abandonado la ciudad, incluidos grupos políticos, organizaciones no gubernamentales.
EL TIEMPO
