La UNESCO ha presentado un nuevo informe titulado «Ataques legales contra el periodismo de investigación y la participación en asuntos de interés público en América Latina: estado del arte y recomendaciones», que aborda el preocupante incremento de las amenazas legales contra la libertad de expresión en América Latina y el Caribe.
Este informe, elaborado por Edison Lanza, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, destaca el aumento persistente de litigios penales y demandas civiles dirigidas a desalentar las investigaciones periodísticas y afectar la sustentabilidad financiera de los medios de comunicación.
Un contexto preocupante para la libertad de expresión
El informe señala que estas estrategias de litigio, a menudo promovidas por autoridades y personalidades con poder económico, alegan falsedades o abusos en el ejercicio de la libertad de expresión.
El objetivo es iniciar procesos judiciales largos, costosos e intrincados que afectan desproporcionadamente a quienes investigan y difunden información crítica para la rendición de cuentas y el debate público.
Este tipo de litigios no solo socava el periodismo independiente, sino que también contribuye al deterioro de los modelos de negocio y aumenta la represión de la libertad de prensa, según advierte la UNESCO en su informe sobre las Tendencias Mundiales de Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios.
La necesidad de una Justicia capacitada
El informe subraya la necesidad de contar con profesionales del sector judicial que estén capacitados para identificar los abusos en los litigios que amenazan la libertad de expresión.
Además, es crucial la aprobación de instrumentos legales que permitan desestimar de manera temprana este tipo de demandas. Sin embargo, en lugar de avanzar en legislación para prevenir las demandas estratégicas contra el interés público, algunos estados están incorporando normas vagas y ambiguas que pueden resultar en la criminalización de la crítica y el periodismo independiente.
Estándares sólidos y soluciones legales
A pesar de este panorama, la región cuenta con estándares sólidos para proteger la difusión de información de interés público, respaldados por decisiones relevantes de altas cortes regionales y nacionales que han identificado y limitado el uso del sistema judicial para acosar a quienes informan sobre asuntos de interés público.
El informe también aporta soluciones legales y judiciales comparadas, basadas en la legislación anti-slapp aprobada en distintas jurisdicciones y en los estándares construidos en el marco de organismos internacionales.
Este conjunto de buenas prácticas permitirá a los distintos actores involucrados en la protección de la libertad de expresión acceder a las mejores prácticas internacionales para mitigar este fenómeno.
UNESCO
