Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de África, los gobiernos posteriores a la independencia de los países africanos de habla portuguesa siguen utilizando leyes de difamación penal —heredadas del período colonial— como instrumento de represión contra los periodistas, incluso después de medio siglo de independencia.
El CPJ afirma que ha documentado casos de procesamientos penales por difamación en cuatro ex colonias portuguesas, con excepción de Santo Tomé y Príncipe. Para la organización, tales acusaciones son fácilmente abolidas y su eliminación estaría en consonancia con la Declaración de la Unión Africana sobre la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información.
Angela Quintal, coordinadora del CPJ en África, enfatiza que debe defenderse el derecho a informar y ser informado. Advirtió que los periodistas siguen siendo objeto de censura, acoso, agresiones, detenciones, procesos judiciales, desapariciones e incluso muertes, pese a las garantías formales de libertad de prensa.
«Es necesario sensibilizar a las autoridades que detienen, intimidan o atacan a periodistas mientras cubren protestas y elecciones», dijo. Para ella, la censura y el control de la información siguen siendo prácticas recurrentes de quienes ostentan el poder.
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Guinea-Bissau: Disminución de las tasas de libertad
Angela Quintal mencionó el caso de Guinea-Bissau, donde el presidente Umaro Sissoco Embaló llegó al extremo de «amenazar y desacreditar públicamente a los medios de comunicación», dijo. Subrayó que estamos asistiendo a «la manipulación de licencias para mantener a los medios independientes fuera del aire, como se documentó en Guinea-Bissau, o la nacionalización de medios de comunicación independientes o la adopción de nuevas leyes que comprometen la capacidad de los periodistas de informar libremente y sin temor a represalias, como es el caso de Angola».
Para ella, no hay democracia sin un sector mediático libre y creíble, donde los periodistas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias.
La presidenta del Sindicato de Periodistas y Técnicos de Comunicación Social (Sinjotecs) de Guinea-Bissau, Indira Correia Baldé, lamentó ayer la caída de diez posiciones en el ranking mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que pasó del puesto 92 en 2024 al 102 en 2025. En una declaración en la Casa dos Direitos, en Bissau, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, atribuyó el descenso a la creciente presión política y económica sobre los profesionales de la comunicación.
Baldé pidió una seria reflexión por parte de los responsables políticos y corroboró las informaciones de RSF sobre agresiones físicas, saqueos de redacciones y campañas de acoso, a menudo con tintes sexistas, contra periodistas. Para revertir este “panorama negro”, propuso políticas públicas de inclusión digital, acceso a la información y fortalecimiento de la comunicación local, especialmente en regiones más alejadas de la capital.
Santo Tomé: «Falta de compromiso con el sector»
El sindicato de periodistas de Santo Tomé y Príncipe se mostró «indignado» por la «falta de políticas claras» para unos «medios de comunicación independientes, proactivos, imparciales y que ofrezcan un servicio de calidad a la población» del archipiélago. La portavoz de la organización, Fernanda Costa Alegre, afirmó que a lo largo de los años el gremio ha «observado con cierta indignación cómo sucesivos gobiernos postergaban el futuro de la Comunicación Social por falta de políticas claras». ,
«Prueba de ello es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y de las Opciones del Plan Mayor para 2025 sin acciones concretas para cambiar el paradigma de la Comunicación Social», subrayó, en un comunicado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado ayer.
El portavoz del sindicato de periodistas de Santo Tomé y Príncipe admitió que «existen muchas debilidades en el sector», derivadas de «la escasa formación de algunos profesionales y de los bajos salarios, lo que se traduce en consecuencia en la falta de motivación y compromiso de otros».
Reporteros Sin Fronteras (RSF)
Para el director de la oficina de Reporteros sin Fronteras (RSF) para África Occidental, Sadibou Marong, la prensa, en general, ha mejorado la situación democrática de los países, a pesar de las difíciles circunstancias.
En su opinión, Cabo Verde es un país con buenos índices en materia de libertad de prensa, lo que contrasta con Angola, Mozambique y Guinea-Bissau.
Sin embargo, el periodista senegalés consideró que Santo Tomé y Príncipe «no es un país abierto donde la gente pueda hablar libremente, incluidos los periodistas».
El representante de RSF llamó a las autoridades de Angola, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe a respetar el derecho a la información, que es constitucional, así como la libertad de prensa.
Aunque Mozambique pasó del puesto 105 al 101 en la clasificación mundial de RSF sobre libertad de prensa en 2024, MISA-Mozambique advirtió ayer que esta mejora contrasta con la realidad nacional, marcada por un agravamiento de las violaciones a la libertad de expresión, especialmente en el periodo postelectoral.
En Angola, la libertad de prensa y de expresión también enfrenta restricciones cada vez mayores. En los últimos 12 meses se ha producido un retroceso considerable, según notas de MISA-Angola.
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