Madrid, España.- El Gobierno ha destapado la caja de los truenos con su intento por regular el secreto profesional de los periodistas.
No sólo porque el anteproyecto de ley trata de restringir ese derecho de la prensa en casos de seguridad nacional o emergencias; también porque ha reabierto un debate ya superado (o eso creíamos algunos) en la profesión: ¿Quién debe ser periodista?
El texto que ahora se somete a audiencia pública asegura que un periodista es “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”.
Una definición que parece no convencer en algunos sectores, especialmente a los colegios profesionales, a los que no hay obligación de sumarse, o a los centros universitarios.
Así, la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), que agrupa a medio centenar de centros universitarios que dan formación en estos campos, reclama que sólo puedan ser considerados periodistas aquellos que tengan una titulación universitaria.
A su juicio, sólo puede ser periodista toda “persona que, contando con titulación universitaria específica en Periodismo o Comunicación (o equivalente), o amparada por la disposición transitoria prevista, investiga, contrasta, elabora y difunde información veraz de interés público mediante técnicas periodísticas, con sujeción a códigos deontológicos y, en su caso, a los regímenes de colegiación aplicables.»
Con esta definición, inciden en las alegaciones presentadas al anteproyecto de ley, se restringe quién tiene acceso al secreto profesional, pero también se pone fin al «intrusismo profesional y se preserva la calidad informativa».
Los colegios
Coinciden así con los intereses de los colegios profesionales que hay en España. En concreto, los nueve que hay a nivel de autonomías como Andalucía, Aragón, Cataluña o País Vasco, quienes reclaman también una colegiación obligatoria para poder ejercer la profesión.
La propuesta de definición presentada en las alegaciones al anteproyecto de ley por la ATIC y esos colegios profesionales ha puesto en pie de guerra a numerosos profesionales.
¿El motivo? Supone impedir la entrada a la profesión a numerosas personas que, viniendo de otras ramas, tienen capacidad e interés por comunicar información veraz.
Pero también porque supondría dejar fuera -incluso aunque se plantee un período ‘de gracia’ temporal- a muchos profesionales actualmente en activo y cuya procedencia no es una titulación universitaria.
Algunos ejemplos para empezar. El primero, Carlos Herrera, director de Herrera en Cope, que es licenciado en medicina.
El segundo, el actual director de El País, Jan Martínez Ahrens, que cuenta con un máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, pero es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia.
Una nómina en la que también estarían Julia Otero, que es licenciada en Filología Hispánica o Carles Francino que no terminó la licenciatura en periodismo.
Para el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, estamos ante un debate muy interesante y «necesario».
Noceda considera que es necesario buscar una definición de periodista para «impedir» la llegada a las salas de prensa de aquellos que sólo buscan espectáculo. Ahora bien, cree que debe ser «consensuada» entre todos.
Una postura sobre la que tiene sus dudas la presidenta de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM).
Para María Rey «no tiene sentido poner limitaciones» a quién puede o no ejercer como periodista. «He tenido compañeros cuya formación no era la de periodista y he aprendido un montón«, relata.
A su juicio, «esa es la realidad» y, por tanto, no se puede permanecer ajena a ella. Aunque sí reconoce que en el seno de la FAPE existe un amplio debate sobre quién debe ser reconocido como periodista.
Rey asegura que la posición de la APM es contraria a la limitación como también lo es a la posibilidad de que se pueda exigir una colegiación. Entre otras cosas porque «no estamos ante una profesión regulada y la Unión Europea se opondría» si se intentara avanzar en este sentido.
Algo en lo que coincide también el director de ABC, Julián Quirós, para quien la definición propuesta por la ATIC supondría «perder buenos periodistas potenciales», por lo que el ejercicio de la profesión «no debería circunscribirse a los graduados en periodismo».
A su juicio, «perjudica la visión y amplitud de miras de la profesión«. Eso sí, considera que para poder estar ante un micrófono, una cámara o escribiendo en un diario «debería exigirse una titulación de grado».
Una línea muy similar a la que sostiene el director de El Mundo, Joaquín Manso, quien ve la propuesta de restringir al acceso a la profesión como «algo que va en sentido opuesto a la marcha del planeta».
Redacciones repletas
¿El motivo? Que «las redacciones deberían estar llenas de especialistas que descifren al usuario interesado en la información y en la realidad compleja del mundo que le rodea«.
También rechaza la cuestión el director de La Vanguardia, Jordi Juan, para quien «cualquiera que pueda acceder al oficio debe ser considerado periodista», y recuerda también que «no se puede cambiar algo que es una norma de toda la vida».
Ahora bien, pone el dedo en la llaga sobre el debate que se quiere abordar. ¿Se busca definir quién es periodista o se busca evitar que alguien pueda ir a hacer un espectáculo a las ruedas prensa?, se pregunta.
Porque si esto es lo segundo, «hay que tener claro que eso puede hacerse teniendo un título de periodista, por lo que estamos hablando de cuestiones diferentes».
En La Vanguardia, por ejemplo, hay históricos directores que no han sido periodistas. Es el caso, por ejemplo, de Joan Tapia, quien dirigió la cabecera entre 1987 y 2000 y cuya titulación era la de licenciado en Derecho.
Lo mismo sucede con Javier Moreno, director de El País entre 2006 y 2014 y entre 2020 y 2021. ¿Cuál era su licenciatura? Ciencias Químicas en la especialidad industrial. Incluso, llegó a ejercer como tal en Alemania hasta que en 1992 hizo el Máster de El País.
El franquismo
La propuesta realizada por ATIC recuerda también al funcionamiento del sector periodístico durante el franquismo. Momento en el que era una profesión reglamentada.
Los periodistas estaban obligados a inscribirse en un Registro Oficial y a tener una colegiación obligatoria en la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, integrada en el sindicato Vertical.
No sólo eso. Es que el ejercicio activo requería de un carnet profesional, y se estaba bajo la supervisión de un Jurado de Ética. Todo ello bajo la tutela del Ministerio de Información y Turismo.
Unos mecanismos que se establecían en la llamada Ley Fraga, que era la Ley de Prensa e Imprenta de 1966.
Una norma que establecía también que ese carnet profesional era «indispensable» para ejercer el periodismo.
Era expedido por la Federación Nacional de las Asociaciones de la Prensa con una validez de cinco años.
Era la Federación quien decidía su expedición o no, y la que informaba directamente a la Dirección General de Prensa.
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