Por Javier Garza Ramos
Este es el primer reportaje de una serie sobre la investigación y la persecución de los casos de violencia contra los periodistas en América Latina*.
Los expertos sostienen que las agresiones contra los periodistas en América Latina han aumentado en los últimos años gracias a la impunidad. La falta de persecución y castigo para los que amenazan, dañan o matan a los periodistas ha permitido que haya más agresores, que deducen que pueden salirse con la suya.
La UNESCO estimó que el 78 por ciento de los asesinatos de periodistas entre 2006 y 2019 en América Latina no han sido castigados. Es decir, tres de cada cuatro casos que no fueron procesados, a veces ni siquiera resueltos.
Pero, si bien el asesinato es la forma más extrema de ataque contra un periodista, también quedan impunes otros tipos de agresiones: acoso, amenazas, hackeo. Cuando las autoridades no actúan contra los agresores, estos se ven favorecidos.
Hemos examinado las medidas de prevención de las agresiones contra los periodistas adoptadas por los propios periodistas, así como los esfuerzos de los gobiernos para protegerlos. Pero hay un tercer aspecto que es crucial para disminuir la frecuencia de las agresiones. Se trata del enjuiciamiento de los casos.
En las últimas dos décadas, varios países de América Latina han creado oficinas especiales para la persecución de los delitos contra los periodistas, o la libertad de expresión en general.
Algunas de estas instituciones son anteriores a la creación de los mecanismos de protección, que es otro de los ejes de las estrategias estatales para prevenir las agresiones contra los periodistas. En algunos países, las fiscalías especiales han sido reformadas o renombradas debido a los malos resultados iniciales.
Sin embargo, la situación no es alentadora. Ricardo Trotti, director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que después de dos décadas de impulsar la creación de instituciones dedicadas a la protección de periodistas, “no hemos alcanzado las metas que nos habíamos propuesto para una verdadera administración de justicia que combata la impunidad y reduzca la violencia”.
La SIP es la mayor agrupación de organizaciones periodísticas de América Latina y la primera en promover la creación de fiscalías especiales. Según sus registros, los siguientes países han establecido oficinas para perseguir o investigar las agresiones contra los periodistas:
Colombia: En 2002, la Unidad Nacional de Derechos Humanos creó una subunidad para investigar los crímenes contra periodistas, pero no existe una fiscalía especial dentro de la Fiscalía General de la Nación.
Guatemala: En 2001 se creó una Fiscalía Especial de Periodistas y Sindicatos para investigar, perseguir y prevenir amenazas y agresiones. Sin embargo, en 2019 el gobierno dividió la oficina en dos, con un fiscal para delitos contra periodistas y otro para delitos contra sindicatos y trabajadores del sistema de justicia.
Honduras: En 2018 se creó la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Feproddhh), con el mandato de proteger a toda persona que trabaje en la promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión.
México: En 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) dentro de la Procuraduría General de la República. Cuatro años después, argumentando la falta de resultados, la oficina fue cambiada a Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) con la facultad de “federalizar” los casos, por lo que puede quitárselos a los fiscales locales.
Perú: En 2010, la Corte Suprema ordenó al gobierno la creación de una oficina especial para procesar los delitos contra los periodistas y amplió la autoridad de la Sala Penal Nacional y los Juzgados Penales de Lima para atraer estos casos. Estos juzgados están facultados para admitir casos de asesinato, agresión, secuestro y extorsión contra periodistas.
Es evidente que no existe un modelo unificado para la creación de una fiscalía que investigue y persiga los delitos contra los periodistas. Algunos países cuentan con fiscales especiales, mientras que otros tienen unidades de investigación. Estas instituciones fueron creadas por reformas legales o, como en Perú, por la Corte Suprema. Algunos fiscales especiales también ven casos contra otros actores, como los defensores de los derechos humanos, mientras que otros se limitan a los periodistas.
Según Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta es una razón por la que es difícil evaluar los resultados de estos esfuerzos.
“El que haya fiscales especiales en países con violencia contra periodistas es un aviso importante de política criminal de esos Estados. Pero hay una diferencia significativa entre el anuncio de que una fiscalía va a ser creada, su operación y su efectividad”, dijo Vaca a LJR.
“Hay poca información sobre la efectividad, especialmente porque hay una diferencia significativa entre los modelos o los encuadres que se han aplicado: fiscalías especiales, unidades de investigación, unidades dentro de unidades. Las comparaciones son difíciles”, agregó.
Otro factor es la falta de información. Algunas de estas oficinas no tienen páginas web ni información de contacto disponible al público. En otros casos, los periodistas ni siquiera conocen la creación de esas oficinas o su puesta en marcha. O saben de su existencia, pero no confían en ellas.
Colombia es un caso, dice Raissa Carrillo, coordinadora de protección y defensa legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
“Los pocos periodistas que saben que tienen estos recursos disponibles no quieren acudir a ellos”, dijo a LJR. “Hay una falta de confianza en los fiscales que refleja la de la Unidad Nacional de Protección”.
Carrillo dijo que Colombia tiene una tasa de impunidad del 76 por ciento en los homicidios de periodistas, y sólo tres de las decenas de amenazas denunciadas han concluido en una sentencia contra los autores.
“No hay un beneficio en acudir a las autoridades”, dijo.
Al comentar la resolución de la Corte Suprema de Perú que ordenó la creación de una oficina especial, Zuliana Lainez, de la Asociación Peruana de Periodistas (ANP), dijo a LJR que el caso tiene más de una década, pero la orden nunca se ha aplicado. En cambio, los casos de delitos contra periodistas siguen su curso por el conducto regular de los jueces especializados en derechos humanos.
“No vemos que se haya implementado una función especial para atraer estos casos. Este es un anuncio de hace una década pero no hemos conocido de ninguna medida en particular”, dijo Lainez.
La SIP ha verificado la creación de esas oficinas, pero sólo en la medida en que los gobiernos informan del cumplimiento de las promesas de crear instituciones para la protección de los periodistas. El seguimiento de la implementación es difícil, según Trotti, quien dijo que hay varias razones para estar desanimado sobre los resultados.
“La falta de consistencia de las políticas públicas es una de ellas. Los gobiernos adoptan políticas para esquivar el problema pero no son tenidas en cuenta como políticas de Estado por lo que los próximos gobiernos las dejan caer en saco roto. Ante cada periodo gubernamental hay que empezar a hilar de nuevo”.
Otros factores, según Trotti: “Muchos Estados se muestran defensivos y resistentes a aceptar culpas o irregularidades en los procesos judiciales. En muchos casos se culpan a gobiernos anteriores, es decir, nos se reconocen como casos de Estado; además de que muchos funcionarios desconocen sus roles y la jurisprudencia interamericana existente en materia de libertad de expresión y violencia contra periodistas”.
Y está la perenne falta de recursos en los sistemas de protección de los periodistas. “Todavía seguimos pidiendo que los gobiernos les brinden los recursos necesarios -profesionales y económicos- para que sean eficientes”.
LJR intentó ponerse en contacto con la Fiscalía General de la Nación en Colombia y con el coordinador de los fiscales penales en Perú para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta al cierre de esta edición.
En 2020, la UNESCO publicó las “Directrices para los fiscales en casos de crímenes contra periodistas”, con recomendaciones para investigar y llevar los casos a los tribunales.
La UNESCO deja claro que los periodistas no deben tener un estatus especial, “todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Pero reconoce que es necesario “garantizar el derecho a ejercer las actividades relacionadas con el periodismo en condiciones que permitan la realización de los derechos fundamentales”.
Un elemento crucial, según las directrices, es cómo determinar si una víctima fue atacada específicamente por ser periodista.
Por ejemplo, en Colombia las investigaciones de agresiones contra periodistas no tienen un buen análisis de contexto, “pasan los casos pero no se asocian al oficio periodístico”, dice Carrillo.
Según Vaca, las metodologías para determinar que un crimen fue motivado por la labor periodística son importantes para evaluar los resultados de una fiscalía o unidad especial.
“El próximo paso en la construcción de estas entidades es determinar qué información se necesita para dar seguimiento a su efectividad, cómo serán evaluadas, sus mecanismos de rendición de cuentas”, dijo Vaca. “Estas son cosas que se necesitan después de la creación y puesta en operación de fiscalías especiales”.
Trotti dijo que hay dos razones para estar esperanzados: trabajar dentro del Sistema Interamericano permite a las víctimas seguir buscando justicia después de haber sido ignoradas por las autoridades en sus países. Y, organizaciones como la SIP y otras están constantemente denunciando y presentando casos dentro de este Sistema para mantener el tema en la agenda pública.
Si, como señala la UNESCO, evitar la impunidad de las agresiones contra los periodistas es un elemento central de la libertad de prensa, perseguir esos delitos es un aspecto clave. Una investigación y un enjuiciamiento rápidos actúan como elementos disuasorios para los posibles agresores. En esta serie, examinaremos los esfuerzos realizados en tres países que comenzaron con este objetivo y evaluaremos su nivel de éxito.
*Este es el undécimo informe de un proyecto sobre la seguridad de los periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review está financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de Comunicación de la UNESCO.
Latam Journalism Review.
