Caracas, Venezuela.- La reciente ola de liberaciones parciales de personas detenidas en Venezuela, incluyendo a periodistas, debe recibir sin ambigüedades el reconocimiento internacional. Sin embargo, no puede convertirse en una excusa para dar por zanjada una crisis que persiste: detenciones arbitrarias, procesos judiciales politizados, medidas cautelares que restringen la libertad y un clima de intimidación que continúa condicionando el trabajo informativo independiente.
La Asociación Mundial de Periodistas, manifiesta que la mera salida de una prisión no equivale a justicia ni a libertad. Noticias recientes muestran que, aunque muchas personas han sido puestas en libertad bajo normas de amnistía o decisión administrativa, muchas de las excarcelaciones han venido acompañadas de restricciones —o de cargos que siguen vigentes— que perpetúan la vulnerabilidad de las y los periodistas y limitan su capacidad para ejercer. Esa “liberación” con condiciones impuestas es insuficiente y, en algunos casos, una continuación de la persecución por otros medios.
Casos concretos ilustran el patrón, varios periodistas permanecieron detenidos durante años, meses, otros fueron liberados pero enfrentan cargos múltiples o medidas restrictivas que impiden su regreso pleno al trabajo periodístico. Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa han documentado detenciones durante actos públicos, desapariciones temporales, y procesos judiciales que carecen de las garantías esenciales de independencia e imparcialidad. Estas prácticas afectan no sólo a quienes fueron privados de libertad sino al conjunto de la sociedad que necesita información libre y veraz.
Por ello exigimos con carácter urgente, inmediato y claro, que las excarcelaciones sean incondicional, que las liberaciones de todas las y los periodistas detenidos por su labor profesional se les eliminen los cargos derivados exclusivamente del ejercicio del periodismo. La libertad plena exige la retirada definitiva de las imputaciones y la anulación de procesos que no respeten garantías. Que Cese inmediato las medidas cautelares que impiden el ejercicio periodístico, las prohibiciones de salida, vigilancia punitiva, restricciones de acceso a plataformas o medios y la eliminación de cualquier mecanismo administrativo o judicial que actúe como herramienta de censura.
La Investigación transparente de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones forzadas o incomunicaciones, con participación de organismos internacionales y observadores imparciales que garanticen que no habrá impunidad para los abusos cometidos.
No a la criminalización de la labor periodística; hay que reconstruir un sistema judicial autónomo, con capacitación en estándares internacionales de libertad de prensa y protección de derechos humanos.
Tiene que haber un mecanismo de protección para periodistas y sus familiares y protocolos de seguridad para quienes investigan temas sensibles, y medidas de reparación para quienes sufrieron detención o tortura.
Instamos a organismos multilaterales, misiones diplomáticas y a las organizaciones de libertad de prensa a mantener un seguimiento sostenido de la situación y a condicionar cualquier cooperación institucional a garantías verificables de respeto a la libertad de prensa y al debido proceso.
Nuestra profesión tiene una responsabilidad ineludible como lo es la de informar con veracidad, investigar sin miedo y ser contrapeso cuando el poder pretende imponer silencio. Pero esa responsabilidad es imposible sin condiciones mínimas de seguridad jurídica y física. La excarcelación masiva es un paso necesario; la culminación de procesos judiciales, la eliminación de cargos políticos y la restitución de derechos son condiciones igualmente imprescindibles para que la prensa pueda cumplir su misión democrática.
A las autoridades venezolanas pedimos que no traten la libertad de prensa como un gesto parcial o instrumental. A la comunidad internacional, solicitamos apoyo técnico y político para transformar salidas temporales en garantías permanentes. Y a las asociaciones de periodistas de todo el mundo convocamos a la solidaridad activa, documentación, acompañamiento jurídico y campañas públicas que mantengan la atención sobre cada caso hasta que la justicia y la libertad sean reales y verificables.
La libertad de prensa es una condición para cualquier proceso de reconciliación democrática y para la reconstrucción de instituciones confiables. En la Asociación Mundial de Periodistas reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de quienes informan en condiciones adversas y con la exigencia de que la liberación no sea la última palabra, sino el inicio de un proceso de verdad, reparación y garantías estables.
