Por Maritza Pérez
La situación de las y los periodistas de México en materia de protección es de incertidumbre, ya que, hasta ahora, las autoridades han hecho una serie de acciones reactivas más que preventivas, expresaron defensores y periodistas en el marco del primer año de la ley Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en Sinaloa.
La situación de las y los periodistas de México en materia de protección es de incertidumbre, ya que, hasta ahora, las autoridades han hecho una serie de acciones reactivas más que preventivas, expresaron defensores y periodistas en el marco del primer año de la ley Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en Sinaloa.
Al participar en un webinar, organizado por Global Initiative, sobre la puesta en marcha de dicha ley, Marcos Vizcarra, periodista de Sinaloa, expresó que la situación del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la entidad, -que fue creado como parte de esta normativa-, actualmente opera de forma limitado en materia de recursos, lo cual, va de la mano de los “vacíos” que han salido con forme el instituto avanza.
“Se entiende que han hecho una serie de acciones reactivas más que preventivas… y no hay análisis de contexto claro de qué está pasando tanto en Sinaloa como a nivel Nacional…La realidad nos está superando, las personas buscadoras, las personas defensoras, activistas y periodistas son vulnerables”, dijo.
Por su parte, Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, coincidió que “Hay que mirar al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas a un año de su creación en un contexto nacional que es complejo, en el que las agresiones a periodistas persisten”.
No obstante, las y los defensores y periodistas reconocieron que la ley Estatal de Protección a Personas Defensoras y periodistas en Sinaloa, es resultado del trabajo de periodistas, quienes luego del asesinato de Javier Valdéz, se sentaron a evaluar qué hace falta para defender sus derechos y garantizar su protección.
or otro lado, Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los periodistas, consideró que la creación de un instituto para proteger a personas defensoras y periodistas, definitivamente es un avance, sin embargo, no deja de ser algo reactivo y solo es una herramienta del gobierno para cumplir con sus funciones hacia la ciudadanía.
Por lo que si realmente los gobiernos quieren implementar acciones de justicia, seguridad y protección, es importante que a nivel estatal y federal se desarrollen políticas públicas integrales, que incluyan policías, fiscalías y diversos sectores de gobierno.
Finalmente, Adrián López, director general de Noroeste Media, sostuvo que las condiciones con las que se hace periodismo en Sinaloa siguen siendo complicadas y en el marco del proceso electoral se corre el riesgo de que incremente la violencia hacia la prensa.
EL ECONOMISTA
