Juan Pablo Madrid-Malo y César A. Paredes P.
En Colombia, el periodismo local sobrevive entre la violencia, la precariedad y la presión política, pero también en medio de un fenómeno paradójico: la proliferación de medios comunitarios e iniciativas independientes que, aunque dispersas y frágiles, muestran que donde existen redes sociales y comunitarias comienza a circular información de interés público.
Esa coexistencia de silencios impuestos y voces emergentes obliga a replantear la manera en que se analiza el periodismo local. Más que contar cuántos medios existen o no, en este estudio, la FLIP puso el termómetro en las condiciones estructurales que determinan hasta dónde es posible que emerjan o se sostengan medios locales y garanticen el acceso a la información confiable.
Esta investigación se enmarca en el esfuerzo regional patrocinado por la Fundación Gabo por comprender los ecosistemas informativos en cinco países de América Latina1. En el caso colombiano, la FLIP optó por una metodología distinta a la utilizada en la investigación Cartografías de la Información (2019), que identificó 666 “desiertos informativos” —la mitad de los municipios del país— a partir de la ausencia de medios locales. Ese fue un primer diagnóstico, en un momento en el que la penetración de internet y la digitalización todavía no alcanzaban las cifras que hoy transforman el panorama informativo.
La aproximación actual a las realidades locales requiere reconocer los esfuerzos por informar de nuevos actores del ecosistema como los influencers comunitarios, productores y productoras de contenido empíricos y periodistas ciudadanos que han surgido en los últimos años.
El estudio se centró en 34 municipios intermedios —varios de ellos capitales departamentales— que cumplen un papel estratégico por su ubicación en zonas de frontera, áreas metropolitanas o corredores de relevancia regional. A lo largo del proceso se realizaron 117 entrevistas en profundidad y se aplicaron 164 encuestas a periodistas y trabajadores de medios, para examinar las condiciones del periodismo en cinco dimensiones: seguridad, economía, presiones políticas, infraestructura y salud del ecosistema mediático.
Los hallazgos muestran un periodismo acorralado en múltiples frentes: la inseguridad es uno de los obstáculos más persistentes, la dependencia de la pauta oficial condiciona las agendas e incluso la supervivencia de los medios, y la conectividad es deficiente en la mayoría de los territorios. Y, sin embargo, el periodismo persiste. En lugar de un vacío absoluto, lo que se encuentra es un ecosistema en tensión, donde informar sigue siendo un acto de valentía y tozudez, pero también una demostración de ingenio y creatividad ante muchos factores adversos.
Del miedo al silencio
La violencia contra la prensa en Colombia se ha intensificado en los últimos años, marcada por la acción de los grupos armados ilegales y bandas locales, que son uno de los principales condicionantes de la libertad de expresión y el trabajo periodístico. En un contexto de reconfiguración del conflicto, de disputas territoriales y crimen transnacional, la situación se ha agravado de manera sostenida en diversos territorios. En otros, la violencia nunca se ha ido. La consecuencia inmediata es la autocensura, descrita por un periodista de larga data en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, como “un periodismo de mordaza, donde todos tenemos temor, todos tenemos miedo… yo quiero ver crecer a mis nietos”.
Los datos confirman esta percepción. En 2024, la FLIP documentó 536 agresiones contra la prensa, entre ellas, tres asesinatos de periodistas, 222 amenazas, 20 desplazamientos forzados y cuatro exilios, lo que hizo de este año el más violento contra la prensa en la última década. En lo que va del 2025, con corte al 25 de septiembre, ya se registran 347 agresiones. Desde el año 2020, diez periodistas han sido asesinados por causas relacionadas con su trabajo. La encuesta que se aplicó en esta investigación muestra que el 24 % de los medios recibió amenazas directas de actores ilegales y otro 41 %, aunque no recibió amenazas, evita ciertos temas por miedo, lo que significa que el 65 % de las y los encuestados trabaja bajo presión o silenciamiento.
La encuesta también confirma la amplitud del repertorio de violencias. Solo el 38 % de los medios afirmó no haber sufrido agresiones en el último año. Entre quienes sí las padecieron, las amenazas directas y la estigmatización encabezan la lista con un 34 % cada una. Les siguen la obstrucción al trabajo periodístico (31 %) y las afectaciones digitales, tanto por ciberataques como por bloqueos arbitrarios en plataformas (23 % cada uno). En menor medida aparecen el acoso judicial (10 %) y el daño a infraestructura (6 %).
Aunque menos frecuentes, las violencias más graves también están presentes: agresiones físicas (4 %), desplazamiento forzado (4 %) y tentativas de homicidio (2 %). De hecho, al cierre de la recolección de datos para esta investigación, en julio de 2025, el periodista Gustavo Chicangana, de Guaviare Estéreo y corresponsal de la FLIP en el departamento del Guaviare, sobrevivió a un atentado atribuido al bloque “Jorge Suárez Briceño” de las disidencias de las FARC, al mando de alias “Calarcá”.
Y es que la presencia de actores armados configura la imposición del silencio. Disidencias de las FARC, ELN, Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo —e incluso carteles mexicanos—se disputan el control. “Estamos conviviendo en medio del conflicto más grande que tiene este país y… aquí no hay seguridad para nadie”, explica Efraín Jiménez, de la emisora Ecos del Caguán en San Vicente del Caguán. La situación se repite a lo largo y ancho del país: un periodismo acostumbrado a la presencia armada evidente o en la sombra que convive con el riesgo y lo entiende como parte de su oficio.
A esta presencia se suma la violencia ejercida por bandas locales que se disputan el control de las economías ilícitas. En Tuluá, estructuras como La Inmaculada, Los Cancerberos y La Oficina intimidan a los periodistas en busca de imponer sus publicaciones o silencios; allí fue asesinado en 2021 el periodista Marcos Efraín Montalvo. En Buenaventura, los Shottas y Espartanos impiden incluso el cubrimiento básico en algunos barrios. “Nunca habíamos estado en la obligación de publicar cosas”, relata un reportero de Tuluá.
Las zonas de frontera añaden más complejidad. En Leticia, Amazonas, la presencia de grupos brasileños como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho supone un riesgo constante. En Inírida, Guainía, un periodista recuerda la advertencia recibida tras publicar sobre minería ilegal: “Yo lo felicito, una persona muy seria, muy responsable, pero no se ponga a escribir cosas de minería porque eso no es lo suyo. Con la boca cerradita queda mejor. No escriba tantas babosadas y siga haciendo lo que está haciendo”.
Las debilidades de los mecanismos de protección profundizan aun más la frustración y la sensación de desamparo cuando la presión violenta toca la puerta. “A mí me hicieron el análisis de riesgo por un atentado que me hicieron y no salió prácticamente con nada”, dijo un periodista de El Plato, Magdalena.
Ante este panorama de presión, la autocensura se erige como mecanismo de autoprotección ante las consecuencias que implica hablar o denunciar abiertamente. El silencio no solo se extiende sobre las actividades delincuenciales o de grupos armados, también encubre asuntos de política local, sectores económicos, conflictos ambientales, entre otros.
“Lo que predomina es la autocensura y eso es lo más grave que le puede pasar, no solo a un periodista, sino también a un medio de comunicación… Te la llevas mejor si te quedas calladito y si bailas al ritmo que te toquen. Las garantías por parte del Estado para ejercer el periodismo de una forma seria, de una forma responsable, con ética y calidad periodística, no están dadas en el territorio”, advirtió Jairo Vélez, de El Carmen de Bolívar.
La trampa de la pauta y la fragilidad económica
La crisis económica en el periodismo no es nueva, pero se ha profundizado cada vez más. Los resultados de la encuesta arrojan un panorama crítico: el 75 % de los proyectos respondió que estaba “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo” con la afirmación “los ingresos percibidos son suficientes para cubrir los costos de operación”. Solamente el 9 % afirmó lo contrario. Las fuentes de financiamiento más comunes son la publicidad comercial (73 %), los recursos propios (62 %) y la pauta oficial (42 %). El resto se sostiene con ventas de productos o servicios (15 %), donaciones (10 %) o suscripciones (1 %).
Esta fragilidad convierte a los medios en presa fácil de los poderes políticos. La publicidad oficial, utilizada para cooptar las agendas editoriales con recursos del Estado, como si se tratara de un subsidio arbitrario, normaliza el silencio y compra lealtades. “Con las entidades públicas es complicado porque cuando tienen una pauta con uno, entonces uno tiene que alinearse a lo que ellos digan. Si publicas algo crítico, amenazan con quitarla”, relata un periodista de Caldas. Otro, en la Costa Caribe, recuerda que en su municipio “solo tuvieron cabida los que en campaña se identificaron con el alcalde; los demás que éramos la mayoría nos quedamos por fuera”.
Pero el silenciamiento no sólo proviene del sector público. En La Guajira una periodista admite: “yo misma me cuestiono, si voy a hablar de minería, el único que en este momento está pautando conmigo, de manera digamos fiel, es Cerrejón. Y si yo hablo de minería, puedo herir susceptibilidades y me retiran la poca pauta que me permite mantenerme a flote”.
En lugares como Buenaventura y Tuluá (Valle del Cauca), y Granada (Meta), el problema se ha vuelto más complejo: la extorsión de bandas criminales desalienta a los comercios a pautar y con ello la espiral de la precarización aumenta. “Hace ocho días un cliente canceló toda su publicidad porque fue víctima de extorsión y tuvo que cerrar el negocio y abandonar la ciudad”, cuenta un reportero de Buenaventura.
Frente a estas limitaciones, algunos medios exploran la monetización en redes sociales, aunque persista el riesgo de que las plataformas bloqueen sus páginas o perfiles, pierdan años de trabajo y su sustento inmediato. Existen experiencias de diversificación como TV San Jorge en Ocaña (Norte de Santander), El Tabloide (Valle del Cauca) o El Proclama Pacífico (Cauca) que muestran que es posible resistir y mantenerse de manera creativa, aunque en un entorno adverso.
La sostenibilidad económica de los medios locales no puede desligarse de las presiones externas que enfrentan: poderes públicos que condicionan, privados que limitan y actores violentos que intimidan. Encontrar fórmulas de financiamiento independientes no es solo una cuestión de supervivencia empresarial sino también un requisito para garantizar la libertad de expresión en las regiones.
El dedazo o los cercamientos políticos
La relación entre poder político y prensa en los municipios estudiados revela tensiones estructurales que afectan la calidad de la democracia local. La capacidad de cubrir a las autoridades de manera crítica sin temor a retaliaciones está atravesada por contextos donde clanes y redes de poder cooptan lo público y pueden arruinarle la vida a un periodista con rapidez.
En Mitú, un periodista señala que “de cierto modo uno es vulnerable en todo momento. Si yo publiqué algo que al gobernador no le gustó, entro a ser parte de los no deseados de ese grupo político”. En Casanare, Jorge Luis Ospina Macías, de La Voz de Casanare, describe la misma dinámica en torno al acceso a la información: “El dirigente, el político, ellos son muy dados a darle información cuando no los comprometen. Pero cuando usted va a denunciar una irregularidad… ya empieza que sí, que no. Entonces, ¿toca acudir al derecho de petición”. De manera que el control político no solo opera mediante la pauta, sino también mediante la restricción selectiva de información pública, lo que condiciona el trabajo periodístico y debilita la rendición de cuentas.
Las presiones políticas se hacen más visibles cuando una publicación crítica incomoda a quienes están en el poder. En Tuluá, la administración local llegó a señalar públicamente a periodistas como integrantes de la banda criminal La Inmaculada, en un intento de deslegitimar su trabajo y desviar la atención de las denuncias que habían hecho. En Yopal, una periodista relató cómo, tras publicar investigaciones incómodas, funcionarios de la Gobernación promovieron ataques en redes para desacreditarla: “empiezan a dañarle la imagen a uno, diciendo que desinforma, aunque uno tenga todos los soportes del caso”.
La encuesta confirma que los mayores obstáculos para acceder a información oficial son estructurales: 45 % de los medios señala que la falta de recursos o tiempo impide investigar por cuenta propia, 43 % recibe información incompleta y 38 % enfrenta negativas o silencios de las autoridades.
En la práctica, esto significa que buena parte del periodismo local depende de fuentes oficiales que deciden qué y cuándo informar, lo que limita la capacidad de hacer un cubrimiento crítico. “Sucede algo de interés público y que compete a una entidad y las autoridades guardan total silencio”, denuncia Julián Andrade de Conexión Putumayo desde Puerto Asís.
A este panorama se suman otras trabas que refuerzan el cerco informativo: la clasificación arbitraria de información como reservada, la negativa a dar entrevistas, la exclusión de ruedas de prensa y la presión política directa. Muchos funcionarios consideran que responder los llamados de los periodistas es un favor y no una obligación constitucional. En Soacha, por ejemplo, Víctor Franco de Aires Cazuqueños explica que muchas veces solo queda recurrir al derecho de petición, “que se demora más de 15 días y muchas veces la respuesta no es favorable”.
En síntesis, el poder político no solo condiciona la financiación de los medios, también restringe su acceso a información básica para la rendición de cuentas; prácticas que debilitan la salud del debate público.
Un ecosistema disperso, pero vibrante
El ecosistema mediático representado en la muestra evidencia una amplia diversidad de medios, una dispersión de esfuerzos y cambios en los modelos económicos y de distribución de información. En él, los medios tradicionales —radio, televisión y prensa— coexisten con un número creciente de iniciativas digitales. De acuerdo con la encuesta aplicada a 164 proyectos, el 64 % opera en redes sociales, el 33,5 % cuenta con página web y el 25,6 % funciona como emisora.
En menor proporción se encuentran la televisión (15,9 %), la prensa impresa (10,4 %) y los pódcast (9,8 %). Facebook concentra la mayor presencia en plataformas (95,7 %), seguida de WhatsApp (72,6 %), Instagram (68,3 %), YouTube (49,4 %) y TikTok (40,9 %). Los datos confirman un proceso de plataformización que aumenta la oferta, aunque limitado por los altos costos y las brechas de conectividad en zonas rurales.
En este contexto, la radio se mantiene como el formato de mayor alcance y confianza, especialmente en zonas rurales. “La gente todavía escucha radio, en zonas rurales es clave para ellos. Es una compañía que no pierde vigencia”, dice Laura Alvarado, de Marandúa Stéreo en San José del Guaviare. En Sabanalarga, Atlántico, Wuily Rodríguez recuerda que la emisora La Nueva es “el lugar que tienen para dar a conocer todos sus problemas. El único escape que tienen”. Y en Chaparral, Tolima, Alejandra Rincón subraya el papel de las emisoras de paz en la pedagogía del acuerdo: “el Acuerdo de Paz está en esas mujeres y hombres que creyeron en la paz y lo hacen realidad cada día”.
La estructura de los equipos periodísticos en los municipios analizados evidencia una marcada fragilidad. Aunque hay cierta diversidad en el número de personas vinculadas, predominan las iniciativas muy reducidas: el 12,8 % de los proyectos funciona de manera unipersonal; el 27,4 %, con apenas dos personas; y el 11%, con tres. Incluso aquellos con cuatro (15,9 %) o cinco integrantes (9,1 %) operan en condiciones mínimas frente a las exigencias del oficio. La informalidad atraviesa estas iniciativas: “periodistas, periodistas no hay, son personas empíricas que han aprendido el arte de la locución y el control”, reconoce Eduardo González, de Noticias Caucasia.
La multifuncionalidad también es una constante: “nadie tiene un rol específico. Todos recogemos cables, todos tiramos cámara, todos hacemos periodismo”, resume Sergio García, productor en el Carmen de Bolívar. A ello se suma la dependencia de las grandes plataformas digitales, que expone a los proyectos a la censura algorítmica o a decisiones corporativas capaces de borrar en un instante contenidos o comunidades de seguidores.
Entre el empirismo y la supervivencia
El periodismo local en estos municipios opera en estructuras organizacionales marcadas por la escasez de recursos humanos y la sobrecarga funcional. Según las y los encuestados, en sus equipos trabajan cerca de 579 personas, solo 203 son mujeres, lo que equivale al 35 % del total. El 38,4 % de los proyectos reporta dos mujeres en su equipo, y el 14,6 %, ninguna. Esta disparidad no solo refleja una deuda de equidad de género, sino que también limita la diversidad de voces y enfoques en la producción informativa regional.
En este universo laboral, la mayoría trabaja bajo modalidades informales: acuerdos verbales, voluntariado sin remuneración o esquemas de cupos publicitarios, en los que el ingreso depende de la pauta que consigan. Esta dependencia expone a los periodistas a la precariedad y a las presiones editoriales. Como advirtió un periodista en Santander de Quilichao: “uno se somete a la pauta institucional, y eso significa que no puedes hacer una crítica, así tengas la razón”.
Esta inestabilidad se traduce en salarios bajos y en la necesidad de buscar ingresos paralelos. Hortensia Castro de El Heraldo de Urabá contrasta que mientras “aquí un buen periodista está entre 2 millones y 3 millones de pesos.
Un periodista de Bogotá no se le viene por menos de 4 millones”. En zonas rurales, la situación es aún más crítica: “al periodista que está en el campo le pagan 300 mil pesitos por una nota, arriesgando su vida, con sol, hambre y sed”, refiere Ivón Henao, de Y Ajá (Apartadó). No es raro que los comunicadores deban autofinanciar su propio trabajo o buscar ingresos adicionales, como refiere el periodista James Camargo, quien trabaja en Magazín 7 días: “aquí el sueldo se lo paga uno mismo. Si es para el noticiero, entonces le vamos a dar dos, tres puntos. Usted mira a ver cómo los vende”, resume.
La multifuncionalidad no es una elección, sino una imposición de la supervivencia económica: “Soy el hombre orquesta en este negocio: director, editor, diseñador, columnista, vendedor y publicista”, relata Alexander Peña, de El Sureño en Chaparral, Tolima. En Tumaco, Carolina Morales recuerda que en su redacción de la radio local de RCN “antes el equipo era nutrido, ahora quedamos dos personas”.
Esta dinámica es común en redacciones que carecen de roles diferenciados, lo que incrementa la sobrecarga y limita la calidad del trabajo. El periodismo empírico sigue siendo la norma, sostenido por la experiencia y la práctica cotidiana, pero al mismo tiempo se percibe una creciente exigencia de profesionalización para responder a los retos actuales. “Yo nunca he pisado una universidad, todo ha sido autodidacta y empírico”, afirma Alexander Peña, de El Sureño.
Otras voces como la de Emerson Castro, de La Marandúa, en Mitú, advierten sobre la necesidad de actualización constante: “uno lo que estudió en comunicación ya ahorita es diferente, uno comienza desde cero a aprender nuevamente”. Y Laura Alvarado, de Marandúa Stéreo, en San José del Guaviare, cuestiona la irrupción de modelos digitales poco rigurosos: “creen que ser periodista es ser influencer, pero escribir una nota con un buen titular es una cosa súper difícil”. La tensión entre la tradición empírica y la demanda de profesionalización define uno de los principales retos del oficio en las regiones.
En cuanto a la cohesión gremial, el escenario está marcado por la fragmentación y la competencia por contratos, lo que alimenta la desconfianza entre colegas. “Aquí todo el mundo jala para su lado, y eso en ningún momento beneficia a la región”, advierte Eduardo González, de Noticias Caucasia. En Apartadó, Sebastián Orozco, de la Emisora de la Universidad de Antioquia anota que la competencia deriva en más división “por los mismos contratos pequeños”.
Más allá de estas tensiones, algunos casos excepcionales demuestran que es posible consolidar esfuerzos colectivos. La Asociación de Medios Alternativos de Plato o el canal comunitario Asucap TV San Jorge —que combina televisión por cable e internet como fuente de sostenibilidad— son ejemplos de autogestión capaces de fortalecer el periodismo local e impulsar alternativas económicas en contextos adversos.
Inmediatez antes que profundidad
Las agendas de los medios locales se estructuran en torno a intereses noticiosos de las comunidades, con un fuerte anclaje territorial. Según la encuesta, los principales temas cubiertos son servicios públicos (76,8 %), cultura y deporte (74,4 %), política y economía (70,7 %), judicial y orden público (65,9 %) y medio ambiente (65,2 %). Este enfoque responde a las necesidades del día a día en los municipios, donde los medios se constituyen en un puente entre habitantes e instituciones. Como afirma Wuily Rodríguez, de Sabana Stéreo en Sabanalarga, “la emisora se vuelve el único lugar que la gente tiene para dar a conocer sus problemas”.
Sin embargo, esta cobertura es frecuentemente superficial, enfocada en la inmediatez y sin investigaciones profundas. Factores políticos, económicos y de seguridad condicionan esta limitación. El 45 % de encuestados señala que el mayor obstáculo para acceder a información de interés público es la falta de recursos o de tiempo para investigar y el 43 % menciona la información incompleta suministrada por las entidades locales. En Maicao, Anaís Suárez lamenta que “aquí no se hace reportería, no van a la fuente, aquí es puro copia y pega en los noticieros”.
Una queja similar aparece en un testimonio de un periodista del Guaviare que reconoce que evita abordar ciertos temas porque “me atemoriza ponerme a publicar algo y nombrar grupos”. La autocensura, alimentada por la precariedad y las amenazas, marca la frontera de lo posible en muchas redacciones, donde la desconfianza institucional y las restricciones selectivas refuerzan un círculo vicioso de silenciamiento.
A pesar de ello, la encuesta revela una intención de apertura a la participación de mujeres (75,6 %), jóvenes y adultos mayores (63,4 %), campesinos (59,1 %), comunidades negras (47 %) e indígenas (41,5 %). No obstante, en la práctica la representación diferencial es marginal: los medios de naturaleza étnica o con producción en lenguas propias son escasos y dependen de la autogestión comunitaria. Traducir y documentar en lenguas originarias fortalece la identidad cultural, pero también expone a quienes ejercer el periodismo a riesgos adicionales, lo que explica por qué estos esfuerzos son excepcionales en el panorama nacional.
Aun así, hay intentos por abrir espacios alternativos o con enfoques que resalten el trabajo comunitario. Merce Seidel, de la emisora de paz (RTVC) de Tumaco, Nariño, relata que su medio busca cambiar la narrativa dominante de la violencia: “nos piden que mostremos cosas culturales, todo lo que pasa en materia cultural, que es lo que más se quiere visibilizar”. Y en Mitú, Vaupés, Nadiezda Novoa explica que colectivos y mujeres recurren a su magazín para hacerse visibles: “encontramos que necesitamos ese espacio para mostrar lo que trabajamos”.
La relación con la audiencia es central. En muchos municipios, los oyentes y lectores no son receptores pasivos, sino participantes activos que canalizan sus denuncias a través de los medios. Y eso ocurre porque el 61 % de los medios dice abrir espacios en redes sociales y el 52,4 % en debates o transmisiones en vivo. Cada vez son más ineludibles los espacios de participación y construcción de la agenda con las propias audiencias.
Junior Guerra de La Paz Cesar Informa y periodista de RTVC, afirma que “el periodista termina convirtiéndose en el sacerdote del pueblo”, porque es a él a quien confían sus problemas cotidianos. Esta interacción refuerza la idea de que los medios locales son depositarios de confianza social, incluso cuando carecen de recursos para garantizar investigaciones más profundas.
La agenda de los medios comunitarios y locales oscila entre la urgencia de informar lo inmediato y la necesidad de construir narrativas más plurales. Los datos muestran una oportunidad para reforzar las agendas con enfoque local, mientras que los testimonios evidencian vulnerabilidad frente a poderes políticos y armados, así como la falta de formación y recursos para sostener proyectos informativos en condiciones adversas.
Las otras brechas: tecnología e infraestructura
Las condiciones estructurales de conectividad y movilidad son determinantes para el ejercicio del periodismo en las regiones. Según la encuesta, apenas el 11,6 % de los proyectos califica como óptima la conectividad de internet en su municipio; para la mayoría (51,2 %), la calidad es apenas regular o deficiente. El 57,9 % de los encuestados identifica la baja velocidad de subida y bajada como un “grave problema”, y el 54,9 % señala la falta de cobertura en áreas rurales.
En territorios apartados, donde el internet satelital se perfila como alternativa, los costos resultan inalcanzables: “uno necesita como mínimo un plan de Starlink que siempre es costoso. Está en 450 mil pesos mensuales”, explica Emerson Castro, de La Marandúa en Mitú.
La precariedad tecnológica se suma a la falta de equipos básicos en redacciones comunitarias: “Muchas veces no tenemos las herramientas suficientes, nos faltan unas grabadoras, no falta si nos toca hacer una transmisión en vivo y no la tenemos”, lamenta Víctor Franco, de Aires Cazuqueños en Soacha.
La movilidad es otro obstáculo que condiciona la cobertura informativa. Para el 48,8 % de los proyectos, las dificultades de transporte afectan significativamente su trabajo, y el 39,3 % reporta que las vías generan retrasos en la producción de noticias. En zonas apartadas, los costos son prohibitivos: “un viaje a Carurú o Taraira vale millones de pesos”, señala Nadiezda Novoa, de la emisora comunitaria Yuruparí Estéreo en Mitú.
En el Pacífico, el acceso está marcado por la inseguridad: “en zona rural uno va a su cuenta y riesgo, pero es recomendable que no lo haga porque no hay garantías”, advierte Luis Antonio Klinger, de Telemar en Buenaventura.
El periodismo local en Colombia no solo enfrenta amenazas visibles: también resiste desde la precariedad, la fragmentación y el olvido institucional. Este informe revela que, más allá de la ausencia de medios, lo que está en juego son las condiciones que permiten —o impiden— que las comunidades accedan a información confiable, diversa y crítica. En medio de la violencia, la censura económica y las brechas tecnológicas, emergen iniciativas que reinventan el oficio desde lo comunitario, lo digital y lo colaborativo.
Reconocer y fortalecer estos esfuerzos no es solo una tarea del gremio: es una responsabilidad democrática. Allí donde el periodismo local se sostiene florecen también la participación ciudadana, la defensa de la memoria y la posibilidad de transformar los territorios. En un país atravesado por el conflicto, la desigualdad y la desconfianza institucional, apoyar el periodismo local equivale a abrir caminos de cohesión social y de futuro.
