Caracas, Venezuela.- Representantes de medios de comunicación nacionales y regionales consignaron esta petición formal ante la comisión de enlace de la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015 para la mesa técnica de negociación en Caracas, encabezada por la presidenta del Parlamento, Dinorah Figuera. El documento solicita la incorporación prioritaria en la agenda de cinco medidas verificables para restituir las garantías del ejercicio de la libertad de expresión, el cese del hostigamiento penal contra periodistas y el fin de los bloqueos digitales e intervenciones administrativas en Venezuela.
El encuentro contó con la participación de la presidenta del Parlamento, Dinorah Figuera, acompañada por los diputados Marianela Fernández, Alfonso Marquina, Marco Aurelio Quiñónez, Juan Miguel Matheus, Julio César Moreno y el secretario Marco Bozo. Por el sector informativo acudieron representantes de los medios de comunicación y organizaciones gremiales: Jesús Ramírez y Rory Daniel Branker por el portal La Patilla; Gabriel Bastidas por Monitoreamos; Gustavo Roche en representación de El Nacional; Leonardo Trechi por el canal digital VPI TV, y Rubén Ramsés por El Diario.
La representación regional e institucional estuvo integrada por Gisela Carmona, en representación del diario El Impulso del estado Lara; Maximiliano Vásquez y Omaira Labrador, por La Nación del estado Táchira y la región de los Andes; Carolina González, por El Carabobeño del estado Carabobo; Alicia Estaba, por Correo del Caroní del estado Bolívar; Atilio Yánez, por La Mañana del estado Falcón; representación de El Tiempo del estado Anzoátegui; Carlos Pinto, por Yaracuy al Día del estado Yaracuy; Layisse Cuenca, por Diario de Los Andes; y Desirée González, directora de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión.
Los voceros expusieron que las restricciones al discurso público en el país se aplican predominantemente por la vía administrativa sin sentencias judiciales firmes ni procesos contradictorios, citando que cerca de 28% de las violaciones registradas en los informes de monitoreo corresponden a hostigamientos y medidas burocráticas. Registros técnicos documentan 56 medios bloqueados mediante 93 dominios en siete proveedores de internet: la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Movistar, Digitel, Inter, NetUno, Airtek y G-Network. Asimismo recordaron que organizaciones de derechos humanos documentaron al menos 25 trabajadores de prensa privados de libertad durante 2025 y que, tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026, al menos ocho comunicadores continúan judicializados o sometidos a medidas cautelares.
El petitorio consignado ante la comisión legislativa comprende cinco solicitudes fundamentales con mecanismos de comprobación independiente: la primera petición exige que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) instruya a los operadores de telecomunicaciones el levantamiento de todos los bloqueos a portales web informativos y se abstenga de emitir órdenes de censura sin orden judicial firme, comprobable mediante mediciones técnicas independientes de conectividad en toda la nación.
La segunda medida demanda la aplicación uniforme de la Ley de Amnistía a las causas abiertas contra periodistas y trabajadores de la prensa por hechos derivados de su labor informativa, con el sobreseimiento definitivo de los expedientes, el cese de las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país, la excarcelación de quienes continúan recluidos y la publicación de los criterios de asignación judicial del beneficio, verificable mediante una relación nominal de expedientes y tribunales.
La tercera petición solicita la derogación de los artículos 27 y 33 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos -que constituyen el fundamento jurídico para bloquear páginas web y sancionar a intermediarios por contenidos de terceros-, junto con disposiciones punitivas del artículo 20 de la Ley Constitucional contra el Odio, la Ley Libertador Simón Bolívar, la Ley contra el Fascismo, la Ley Antibloqueo y la Ley de Fiscalización de Organizaciones no Gubernamentales, sustituyéndolas por un régimen de responsabilidad limitada que dependa de mandatos judiciales firmes.
La cuarta solicitud plantea la supresión de la discrecionalidad sobre las concesiones de radio y televisión abierta, eliminando las causales de revocatoria fundadas en contenidos del artículo 29 de la legislación audiovisual para fijar un catálogo taxativo de faltas técnicas, la publicación del registro oficial de operadores autorizados con sus fechas de vencimiento y el cumplimiento de los límites legales sobre la transmisión obligatoria de cadenas oficiales.
La quinta petición reclama transparencia mediante la publicación de un registro oficial de las fiscalizaciones practicadas contra medios por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), inspectores laborales y superintendencias de precios, así como la revisión de clausuras como la impuesta al diario La Voz en el estado Miranda; la restitución del papel prensa como insumo prioritario de importación con asignación general de divisas sin intermediación obligatoria del Complejo Editorial Alfredo Maneiro; y la publicación de los criterios y montos de asignación de la publicidad del Estado.
Los firmantes dejaron constancia ante los delegados de que estas salvaguardas institucionales deben regir y obligar por igual a cualquier administración pública futura, comprometiéndose los medios de comunicación a acatar los estándares legales en idénticos términos.
Correo del Caroní
