Madrid / Delhi.- La detención de más de 30 periodistas en Nueva Delhi a lo largo del 10 y 11 de octubre pone de manifiesto un alarmante patrón de amedrentamiento hacia los trabajadores de la prensa en la región. Quienes salieron a las calles a documentar las protestas ciudadanas contra la gestión del Comisionado Jefe Electoral de la India, Gyanesh Kumar, no solo enfrentaron el bloqueo de sus coberturas, sino la privación arbitraria de su libertad y la incautación de sus herramientas de trabajo.
Como Asociación Mundial de Periodistas, expresamos nuestra más profunda condena ante estos actos de hostigamiento estatal y nos sumamos a las exigencias de garantías plenas para el ejercicio de la profesión.
Durante 48 horas de constante tensión en las calles de la capital india, la fuerza pública arremetió de forma indiscriminada contra reporteros independientes y corresponsales de medios internacionales y locales como Reuters, Scroll.in, Hindustan Times y Newslaundry. Los profesionales de la información fueron retenidos pese a mostrar credenciales de prensa vigentes y manifestar su condición de informadores neutrales.
A las detenciones se sumaron abusos de poder inadmisibles, agresiones físicas y acoso contra periodistas mientras registraban el desarrollo de las manifestaciones; confiscación de equipos y teléfonos móviles, vulnerando el derecho al trabajo y la confidencialidad de las fuentes, asi como la censura en el entorno digital y físico, con el cierre selectivo de estaciones de metro y el corte de servicios de internet para entorpecer la difusión de información en tiempo real.
Estos deplorables hechos ocurrieron en el contexto de las denuncias formuladas por el Cockroach Janta Party (CJP) y diversas agrupaciones estudiantiles sobre la supuesta eliminación irrestricta de 130 millones de electores del padrón electoral; una controversia de alto interés público que la sociedad india tiene derecho a conocer a través de un periodismo libre y sin mordazas.
Resulta especialmente grave que la fuerza policial haya mantenido la presión sobre los manifestantes y la prensa incluso después de que el Tribunal Supremo de la India sostuviera una audiencia de urgencia el pasado 11 de octubre, en la cual ordenó expresamente el cese de las detenciones ilegales y la no interferencia en la labor informativa.
Desde nuestra organización gremial instamos a las autoridades del gobierno indio a garantizar la liberación inmediata e incondicional de cualquier periodista o trabajador de medios que continúe bajo custodia; iniciar una investigación independiente y transparente sobre los abusos físicos y agresiones cometidos por las fuerzas de seguridad durante las jornadas de protesta y acatar con rigor los mandatos del Tribunal Supremo, restituyendo las libertades de movilidad, conexión e información en todo el territorio nacional.
Informar sobre las inconsistencias del poder o la protesta social no constituye una falta, sino un deber hacia la ciudadanía. La Asociación Mundial de Periodistas mantendrá su vigilancia sobre la evolución de este caso en la India y reafirma su compromiso inquebrantable de respaldar a cada colega agredido o silenciado en el ejercicio de su labor.
