Miami, EE.UU.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó su reunión semestral con la aprobación de una serie de resoluciones sobre asuntos temáticos vinculados a la situación de la libertad de prensa en la región y también sobre algunos países en particular. Las resoluciones serán enviadas a distintas autoridades y organizaciones internacionales.

La Reunión de Medio Año de la SIP se celebró de forma virtual del 17 al 19 de abril.

A continuación, las resoluciones:

Acceso a la información pública

CONSIDERANDO que se han registrado denuncias de limitación o denegación de acceso a la información pública en Bolivia, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela, lo cual representa un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho del público a la información

CONSIDERANDO que estas restricciones ponen en duda y dificultan las garantías de transparencia, integridad y responsabilidad de la gestión pública, así como el respeto de las libertades de expresión y de prensa, entre otros derechos, y que ello es contrario a los principios democráticos sobre rendición de cuentas de un Estado

CONSIDERADO que en Bolivia el estatal Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) prohibió a su personal la difusión de informes sobre la deforestación de bosques, contraviniendo el derecho de acceso a la información

CONSIDERANDO que en Cuba el Estado tiene el control absoluto de los poderes y resguarda con celo la información pública, al no existir una norma para garantizar que las y los ciudadanos accedan a la información de carácter público más allá de la versión oficial autorizada por el gobierno

CONSIDERANDO que en El Salvador se rechazan peticiones de información y se bloquea el acceso a la ciudadanía, medios y academia a la documentación pública solicitada, mientras el gobierno amenaza con despedir, perseguir o castigar a fuentes internas

CONSIDERANDO que en Estados Unidos el presidente Joe Biden sigue siendo criticado por ser menos accesible para la prensa que sus predecesores, y que a nivel estatal se han presentado varios proyectos de ley para ampliar el acceso a los registros públicos

CONSIDERANDO que en Nicaragua se sigue careciendo de acceso a la información pública, pese a que existe una disposición para ello, la Ley N° 621, de Acceso a la Información Pública, de 2007

CONSIDERANDO que en Paraguay dos periodistas denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la denegación de acceso a la información sobre la hidroeléctrica Itaipú Binacional

CONSIDERANDO que en Puerto Rico la negación de peticiones de información obliga a recurrir a los tribunales para que ordenen a las instancias públicas que cumplan la Ley de Transparencia y los principios constitucionales sobre acceso

CONSIDERANDO que en Venezuela persisten las limitaciones en el acceso a la información y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, promulgada en 2021

CONSIDERANDO que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA establece: “El derecho de acceso a la información es una manifestación específica de la libertad de expresión protegida por el artículo 13 de la Convención Americana” y “resulta particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos de gobierno”

CONSIDERANDO la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consigna en su punto cuarto: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”

CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec en su tercer principio dice: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Rechazar las restricciones al acceso a la información que vienen padeciendo las y los periodistas y medios de comunicación en Bolivia, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela

Reiterar a los gobiernos de las Américas que suspendan las prácticas que restringen las leyes de acceso a la información pública, que desmantelen la cultura del secreto y no obstaculicen el trabajo de la prensa.

Estigmatización

CONSIDERANDO que la estigmatización sigue siendo uno de los principales instrumentos utilizados para deslegitimar y restar credibilidad al trabajo de medios y periodistas, lo que podría incentivar hostigamiento y hechos de violencia

CONSIDERANDO que en Argentina la cuenta de X del presidente Javier Milei se ha convertido en el vehículo para reiteradas descalificaciones e imputaciones contra periodistas, y que a través de ella lanza sospechas de corrupción sobre la prensa

CONSIDERANDO que en Brasil persiste la intimidación a través de las redes sociales contra periodistas, en especial las mujeres

CONSIDERANDO que en Colombia la estigmatización en contra de los medios estimulada por el Gobierno Nacional y encabezada por el presidente Gustavo Petro es una práctica reiterada, principalmente contra quienes investigan y cuestionan la gestión estatal, y que en las regiones las y los periodistas también han sido víctimas de estigmatización por parte de autoridades locales

CONSIDERANDO que en Costa Rica el presidente Rodrigo Chaves continua con su sesgo estigmatizante en contra de periodistas críticos

CONSIDERANDO que en El Salvador prevalece la estigmatización hacia medios y periodistas por parte del presidente Nayib Bukele, acción imitada luego por otros funcionarios públicos

CONSIDERANDO que en Honduras existen altos grados de intolerancia a la crítica en la administración pública y se estigmatiza a periodistas para desacreditar sus labores

CONSIDERANDO que en México la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la prensa, a la que se estigmatiza a diario con acusaciones de corrupción, abona al clima de inseguridad contra las y los periodistas y medios

CONSIDERANDO que en Nicaragua políticos y voceros gubernamentales continúan su discurso estigmatizante contra la prensa y que esta metodología es una de las formas más comunes de ataque contra periodistas que permanecen en el país y quienes se encuentran en el exilio

CONSIDERANDO que en Perú la presidenta Dina Boluarte critica a la prensa, sugiere que la cobertura mediática sobre ella podría deberse a sexismo o discriminación y acusa a los medios de dar información “tendenciosa y falsa”

CONSIDERANDO que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la estigmatización genera “un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos”

CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec, en su artículo sexto, señala: “Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”.

CONSIDERANDO que la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital establece en su preámbulo que “las amenazas y los ataques a las libertades de expresión y de prensa provenientes de actores estatales y privados no han cesado. Los abusos y el mal uso de estas tecnologías han potenciado la censura, el bloqueo de contenidos, la vigilancia, el acoso, las campañas de descrédito y otros tipos de violencia contra usuarios, periodistas y medios de comunicación”.

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Reiterar que la estigmatización es una forma de apología de la violencia y que, además de incitar a los violentos a agredir a la prensa, profundiza los niveles de intolerancia, las divisiones y la polarización de la sociedad

Instar a los gobiernos de las Américas a garantizar que el debate público se maneje con respeto, tolerancia y en el marco de los principios de libertad de expresión.

Resaltar que, tal como indica el Índice Chapultepec, “El aumento en la criminalización y persecución a los periodistas y la estigmatización de los medios debe llamar, urgentemente, la atención de todos los involucrados: periodistas, medios tradicionales, medios alternativos, periodistas independientes y la ciudadanía en general, para coordinar acciones efectivas en la defensa de la libertad de expresión y de prensa en cada uno de los países”.

Impunidad – Asesinados

CONSIDERANDO que, desde la Asamblea General de noviembre de 2023, fueron asesinados siete periodistas por aparentes razones relacionadas con su labor profesional: dos en Guatemala y Honduras, y uno en Colombia, Haití y México, respectivamente

CONSIDERANDO que en Colombia fue asesinado el periodista Mardonio Mejía, director de la emisora local Sonora Estéreo, en San Pedro, departamento de Sucre, el 24 de enero, y tras su muerte se cerró el principal canal que tenía la ciudadanía para acceder a información de la zona

CONSIDERANDO que en Guatemala fueron asesinados dos periodistas en distintos ataques armados el 21 de diciembre: Gleymer Renán Villeda, administrador en Facebook de la página de noticias Impacto Izabal, en el municipio de Izabal, departamento de Izabal, y César Augusto Leiva Pimentel, locutor y periodista de radio La Red y presidente de la Asociación de Locutores de Jutiapa, en la ciudad de Jutiapa, departamento de Jutiapa

CONSIDERANDO que en Haití fue asesinado el periodista Nerval Pierre Viliat, periodista de la agencia online Échonews, durante un tiroteo entre policías y bandas armadas, el 21 de marzo en la comuna Delmas, en el distrito de Puerto Príncipe, una zona en conflicto, y falleció a causa de las heridas el 24 de marzo

CONSIDERANDO que en Honduras fueron asesinados dos periodistas: Luis Alonso Teruel Vega, presentador de un programa político en el canal Pecaligüe TV, el 28 de enero, en la localidad de Atima, provincia de Santa Bárbara, y Francisco Javier Ramírez Amador, reportero y presentador del noticiero del Canal 24, en Danlí, el 21 de diciembre en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso

CONSIDERANDO que en México fue asesinado el fotoperiodista Ismael Villagómez, de El Heraldo de Juárez, el 16 de noviembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien cubría temas urbanos y sobre migración

CONSIDERANDO que ante la constante inseguridad en la que las y los periodistas desempeñan el oficio, se suman la escasa protección gubernamental y la impunidad de los agresores, lo que incentiva la violencia

CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa” y que “estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Condenar los asesinatos de Mardonio Mejía, en Colombia; Gleymer Renán Villeda y César Augusto Leiva Pimentel, en Guatemala; Nerval Pierre Viliat, en Haití; Luis Alonso Teruel Vega y Francisco Javier Ramírez Amador, en Honduras, e Ismael Villagómez, en México

Instar a los gobiernos de Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México a cumplir con su responsabilidad de identificar a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos y hechos de violencia, y que se conozcan los móviles de los crímenes y se apliquen las sanciones correspondientes a fin de que estos no queden en la impunidad

Instar a la aprobación de iniciativas para garantizar la protección de las y los periodistas y otros trabajadores de los medios, y donde ya existan estos mecanismos, a fortalecer y disponer los recursos necesarios para cumplir con la misión para la cual fueron creados.

Periodistas en exilio

CONSIDERANDO que el exilio de periodistas en América Latina es un recordatorio del costo humano de la represión y la violencia contra la prensa, así como de la importancia de garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio del periodismo en la región

CONSIDERANDO que, en los últimos años, numerosos periodistas han sido desplazados o forzados a desplazarse a otras áreas de su país o a emigrar debido a la violencia y amenazas de bandas criminales, funcionarios corruptos y gobiernos autoritarios

CONSIDERANDO que este fenómeno también incluye a los medios de comunicación, particularmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, algunos de los cuales tienen sus operaciones en el exterior debido a que son víctimas de persecución sistemática

CONSIDERANDO que, si bien algunos países acogen a periodistas obligados al exilio y a sus familias, estos enfrentan enormes desafíos que pueden variar según el país y la situación específica, pero que incluyen, entre otros, adaptación cultural y lingüística; desarraigo; problemas psicológicos; recursos económicos limitados; acceso limitado a fuentes e información local; represalias a familiares que permanecen en su patria; problemas migratorios; obstáculos legales en el país de acogida o persecuciones administrativas o judiciales provenientes de su país de origen, y que, aun en el exterior, en sus países de origen también sus sitios web son bloqueados en forma constante

CONSIDERANDO que la situación de los periodistas exiliados en América Latina es un reflejo de los desafíos persistentes que enfrenta la libertad de prensa en la región y que la huida forzada de periodistas es un recordatorio de la importancia de proteger la libertad de prensa y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo

CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec establece en su cuarto principio que “las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa”, y afirma en el décimo artículo que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Pedir a los gobiernos nacionales que dispongan la creación de programas de apoyo humano, económico, psicológico y laboral para los periodistas desplazados a otras regiones dentro de sus países

Instar a los gobiernos nacionales a desarrollar proyectos de inserción para periodistas que huyen de sus países, brindándoles adecuada ayuda humanitaria, económica, psicológica y condiciones laborales, así como agilizar los trámites para el otorgamiento de asilo político o visas especiales de trabajo para que puedan seguir informando desde el exilio

Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales que desarrollen políticas públicas para apoyar la inserción de los periodistas y sus familias en los países adoptivos, y que pongan en marcha políticas públicas para apoyar la reinserción de los y las periodistas y sus familias para cuando mermen las fuentes de violencia en los países de origen

Reiterar a la comunidad internacional que debe seguir defendiendo la causa de la libertad de prensa, para garantizar que los periodistas puedan cumplir con su labor sin temor a la persecución y el exilio.

Cuba

CONSIDERANDO que el gobierno mantiene a unas 1.100 personas encarceladas, entre ellos a periodistas independientes como Lázaro Yuri Valle Roca, privado de su libertad desde junio de 2021 y con graves problemas de salud; Jorge Bello y José Antonio López Piña, encarcelados tras las protestas nacionales de julio de 2021, y Mayelín Rodríguez Prado y la influencer Sulmira Martínez, condenadas por ejercer su libertad de expresión

CONSIDERANDO que a otros periodistas se les impide arbitrariamente la salida del país, entre ellos, el jefe de redacción del portal 14ymedio, Reinaldo Escobar; las colaboradoras de CubaNet Camila Acosta y Anais Remón, y Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP

CONSIDERANDO que el escritor Jorge Fernández Era permanece bajo arresto domiciliario y que Iris Mariño, de La Hora de Cuba, fue víctima de una agresión sexual en la vía pública cuando se hallaba bajo la vigilancia de agentes de la seguridad

CONSIDERANDO que el gobierno impuso el servicio militar como condición obligatoria para las mujeres que quieran estudiar periodismo, y que esta restricción reduce el interés en la profesión de las universitarias cubanas

CONSIDERANDO que el Decreto 370 sigue siendo la punta de lanza con la que el régimen cubano reprime la libre expresión por internet y que, bajo pena de cárcel, se impide a los medios independientes recibir cualquier tipo de apoyo externo sin autorización estatal

CONSIDERANDO que los periodistas que trabajan en esos medios, en su mayoría en el anonimato, no tienen acceso a prestaciones sociales ni a cuentas bancarias y se les restringe el acceso a internet

CONSIDERANDO que el principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa” y que “el ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”; que el principio 4 establece que “la prisión injusta de los periodistas y la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión” y que el principio 10 consigna que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Reclamar la inmediata liberación de todas y todos los periodistas cubanos encarcelados por el ejercicio de su profesión y exigir el fin de las sanciones y castigos que estos reciben por no plegarse a la voluntad del Estado

Demandar el fin de los arrestos domiciliarios y la retención forzada en el país de periodistas que desean viajar al exterior

Exhortar al gobierno a que desista de implementar leyes y políticas dirigidas a afectar no solo el ejercicio sino también la enseñanza del periodismo en las universidades

Pedir a los organismos internacionales que acojan los llamados de ayuda de las y los periodistas disidentes que trabajan en el anonimato bajo fuertes presiones y restricciones y sin poder acceder a beneficios sociales y compensatorios por su labor.

Guatemala

CONSIDERANDO que el nuevo presidente, Bernardo Arévalo, ha demostrado una apertura hacia la prensa y expresó ante una delegación internacional de la SIP su intención de acabar con el acoso judicial, así como facilitar garantías de acceso a la información pública

CONSIDERANDO que el gobierno anterior, liderado por Alejandro Giammattei, mantuvo prácticas restrictivas hacia la prensa, caracterizadas por persecución judicial a periodistas y limitaciones de acceso a la información para medios independientes

CONSIDERANDO que aún existe un número elevado de periodistas que permanece en el exilio por acoso judicial desplegado durante el gobierno anterior

CONSIDERANDO que el periodista José Rubén Zamora continúa preso después de más de 600 días, y que desde hace más de nueve meses su caso se mantiene paralizado en la Justicia y persisten preocupaciones respecto del proceso judicial, que incluyen la orden de repetición del juicio y la necesidad de garantizar un proceso ajustado al debido proceso

CONSIDERANDO que se han registrado casos de violencia contra periodistas, como los asesinatos de Gleymer Renan Villeda y César Augusto Leiva Pimentel, sin avances significativos en las investigaciones

CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec establece en su cuarto principio que “las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa”, y afirma que “estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Reconocer y ponderar la apertura mostrada hacia la prensa por el presidente Bernardo Arévalo, instándolo a mantener y fortalecer este compromiso durante su mandato

Exhortar a las autoridades a liberar al periodista José Rubén Zamora, o al menos posibilitar que siga el proceso judicial en arresto domiciliario, respetando plenamente el debido proceso y permitiendo la presentación de todas las pruebas pertinentes

Instar el nuevo gobierno a crear las condiciones necesarias para que los periodistas actualmente en el exilio puedan regresar al país y cumplir con su labor informativa sin temor a represalias

Condenar enérgicamente cualquier acto de violencia contra periodistas y exigir a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y transparente para llevar a los responsables ante la Justicia

Instar al gobierno a continuar promoviendo un ambiente propicio para el ejercicio pleno de la libertad de prensa y el acceso a la información pública, respetando y protegiendo el papel fundamental de los medios de comunicación en la sociedad democrática

Ofrecer apoyo y solidaridad a las y los periodistas y medios de comunicación que enfrentan obstáculos en el ejercicio de su labor, reafirmando el compromiso de la SIP con la defensa de la libertad de expresión y el periodismo independiente en la región.

Haití

CONSIDERANDO que el país enfrenta una aguda crisis política y una escalada de violencia sin precedentes, condiciones extremadamente difíciles para el ejercicio del periodismo

CONSIDERANDO que la pugna entre el primer ministro Ariel Henry y la oposición ha generado un clima de inestabilidad, exacerbado por una ola de protestas y una ofensiva de bandas armadas, lo que ha generado numerosas muertes, desplazamientos y daños materiales a la infraestructura en Puerto Príncipe

CONSIDERANDO que periodistas y medios de comunicación han sido blancos de ataques, secuestros y amenazas, que desencadenaron la muerte del periodista Nerval Pierre Viliat y los secuestros de Barnatte Daniel, Pierre-Fils Saintamour y Lucien Jura

CONSIDERANDO que también se registraron agresiones físicas, confiscación de equipos y disparos contra instalaciones de medios de comunicación

CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa”, que este mismo principio consigna que “estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Instar al gobierno a garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio del periodismo y exhortarlo a que tome medidas inmediatas y efectivas para proteger la integridad física de las y los periodistas, investigue los ataques y lleve a los responsables ante la Justicia

Solicitar la colaboración de la comunidad internacional para apoyar esfuerzos destinados a proteger a las y los periodistas y fortalecer la libertad de prensa

Expresar solidaridad a las y los periodistas y medios que trabajan en condiciones de riesgo, reconociendo su compromiso con su labor y la democracia.

Perú

CONSIDERANDO que la presidenta Dina Boluarte ha criticado sin fundamento a la prensa por investigar y destapar el origen de sus joyas

CONSIDERANDO que en el Congreso de la República del Perú se vienen presentando proyectos de ley lesivos a las libertades de expresión, prensa e información, tales como el que busca ampliar las penas de cárcel por difamación y otro que criminalizaría la difusión de procesos de colaboración eficaz e incluiría a periodistas y la obligación de que revelen sus fuentes

CONSIDERANDO que el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ejército han hecho seguimiento, reglaje y/o espionaje a periodistas peruanos

CONSIDERANDO el riesgo de que se levante el secreto de las comunicaciones de periodistas de investigación

CONSIDERANDO la falta de acción de las autoridades peruanas respecto de grupos civiles radicales que amedrentan a periodistas

CONSIDERANDO que el principio 10 de la Declaración de Chapultepec establece: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Condenar a las instituciones públicas peruanas que persiguen, amedrentan, hostigan e insultan a la prensa

Solicitar al Congreso de la República que se abstenga de presentar proyectos lesivos a las libertades de expresión, prensa e información, en cumplimiento de lo que prescriben instrumentos internacionales en la materia

Pedir al Ministerio Público y al Poder Judicial que se respete el derecho constitucional a la protección de las fuentes de información que maneja la prensa

Instar a las autoridades públicas a actuar frente a los abusos y agresiones de grupos civiles radicales que amedrentan a periodistas.

SIP