Caracas, Venezuela.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, aprobado este martes 3 de noviembre en primera discusión por la Asamblea Nacional, al considerar que mantiene mecanismos que pueden restringir la libertad de expresión, pese a eliminar las penas de prisión contempladas en la legislación de 2017.
En un pronunciamiento publicado este martes, la organización exigió la derogación total de la norma y cuestionó que la propuesta conserve sanciones económicas, facultades administrativas en manos del Ejecutivo y definiciones que, a su juicio, dejan margen para castigar expresiones críticas.
El SNTP señaló que la reforma elimina las penas de entre 10 y 20 años de prisión, pero establece multas equivalentes a entre 500 y 10 mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV). También contempla entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario o la participación en programas educativos.
La organización considera que esas sanciones pueden tener un efecto intimidatorio sobre periodistas, trabajadores independientes, medios de comunicación pequeños y ciudadanos, y favorecer la autocensura.
Cuestiona definiciones sobre el discurso de odio
Uno de los principales reparos del sindicato se refiere a la permanencia de conceptos que considera imprecisos en la definición del discurso de odio, el hostigamiento y los mensajes discriminatorios o de violencia.
El SNTP advirtió que términos como temor, angustia o zozobra podrían utilizarse para sancionar expresiones que generen incomodidad o rechazo, incluso cuando se trate de denuncias periodísticas, cuestionamientos a funcionarios o investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción.
También cuestionó las disposiciones relacionadas con la protección de las instituciones y sostuvo que la crítica a su legitimidad, la denuncia de abusos y la exigencia de responsabilidades forman parte del debate público.
Aunque el proyecto excluye determinadas opiniones políticas y expresiones periodísticas de la definición de discurso de odio, el sindicato considera que otras categorías mantienen la posibilidad de perseguir esas manifestaciones.
Objeta facultades sancionadoras del Ejecutivo
Otro aspecto señalado por la organización es la atribución al Ministerio de Interior y Justicia de competencias para sustanciar y decidir procedimientos administrativos sancionadores relacionados con expresiones públicas.
El SNTP cuestionó que esas facultades estén en manos de una autoridad del Ejecutivo y advirtió sobre los riesgos para las garantías de imparcialidad, defensa y debido proceso.
La organización también alertó sobre disposiciones que contemplan el retiro de contenidos y la difusión de mensajes, al considerar que pueden afectar la independencia editorial de los medios de comunicación.
Pide revisar procesos contra trabajadores de la prensa
El sindicato recordó que ha documentado desde 2020 la judicialización de al menos 27 trabajadores de la prensa mediante el artículo 20 de la Ley contra el Odio.
Por ello, cuestionó que el proyecto no contemple mecanismos expresos para revisar condenas, cerrar procesos judiciales, levantar medidas restrictivas ni reparar a las personas afectadas por la aplicación de la legislación.
El SNTP pidió a la Asamblea Nacional derogar la ley, revisar otras disposiciones utilizadas para criminalizar la expresión y establecer medidas de reparación y no repetición. También reclamó el cierre de los procesos judiciales derivados de la aplicación de la norma y garantías para el retorno seguro de periodistas y trabajadores de la prensa que se encuentran en el exilio.
EC
