Kampala, Uganda.- El Comité para la Protección de los Periodistas celebra el fallo emitido el martes por el Tribunal Constitucional de Uganda, que declara inconstitucional la difamación penal, siendo este el último tribunal africano en abolir este delito en los últimos años.
En una sentencia conjunta, en respuesta a tres peticiones presentadas por grupos de derechos humanos en 2022, el tribunal también anuló la Ley de Enmienda sobre el Abuso Informático de 2022, al considerar que el Parlamento aprobó la ley sin el quórum obligatorio de un tercio de todos los miembros.
«La abolición de la difamación penal representa una victoria histórica para la libertad de prensa en Uganda y acerca al país a los estándares internacionales de derechos humanos», declaró Angela Quintal, directora del CPJ para África. «Si bien celebramos este avance, las autoridades deben garantizar que la difamación no se vuelva a criminalizar por la vía legislativa. Las autoridades ugandesas deben respetar el espíritu de este fallo y abandonar cualquier medida que pretenda encarcelar a los ugandeses por la libre circulación de ideas».
El tribunal de cinco jueces dictaminó que la difamación criminal, cuya pena máxima es de dos años de prisión, viola el derecho a la libertad de expresión y no redunda en el interés nacional. Afirmó que las leyes civiles que otorgan indemnizaciones a las personas perjudicadas proporcionan recursos suficientes.
El tribunal consideró que el artículo 162 de la Ley del Código Penal de 1950 , que define la difamación escrita, era «vago» e «incumple el requisito de que la ley debe formularse con la precisión suficiente para que una persona pueda regular su conducta en consecuencia». Asimismo, dictaminó que el artículo 162 era «incompatible» con los compromisos internacionales de Uganda en materia de libertad de expresión, consagrados en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
El tribunal también anuló el artículo 163, ya que su definición de «lo que constituye material difamatorio probablemente será subjetiva».
Detención y acoso a periodistas
En los últimos años, Uganda ha reforzado su control sobre la libertad de expresión, utilizando estas dos leyes para arrestar y acosar a periodistas , activistas y usuarios de redes sociales , fomentando el miedo y la autocensura.
El histórico fallo también declaró nula la Ley de Enmienda sobre el Abuso Informático de 2022, que según los críticos restringía el intercambio de información, ya que los legisladores no contaban con el quórum necesario para votar. Dicha ley había introducido amplias prohibiciones sobre el intercambio de información no solicitada y maliciosa, así como de contenido en línea susceptible de ridiculizar, degradar o humillar a otros, con penas de hasta siete años de prisión.
Uganda se suma a una creciente lista de naciones africanas, entre las que se incluyen Gambia (2018), Lesotho (2018), Malawi (2025) y Zimbabwe (2014), que han derogado la difamación penal tras demandas presentadas por periodistas y la sociedad civil. Los parlamentos de Ghana (2001), Liberia (2019), Seychelles (2021), Sierra Leona (2020) y Sudáfrica (2024) aprobaron leyes que abolieron la difamación penal.
Si bien Kenia dictaminó en contra de la difamación criminal en 2017, dicha sentencia quedó sin efecto tras la entrada en vigor de una ley de 2018 que reintrodujo penas de prisión por la publicación de noticias falsas que perjudican la reputación de terceros y por el acoso cibernético. La disposición relativa a las noticias falsas fue declarada inconstitucional a principios de este mes.
‘Volveremos a impugnarlo’
Eron Kiiza, uno de los abogados que representó a los demandantes, declaró al CPJ que el Parlamento podría reintroducir la ley sobre el uso indebido de la informática, «pero dado que impone una restricción innecesaria y desproporcionada a la crítica, está destinada a sufrir la misma suerte que la difamación penal, que el tribunal anuló tras una revisión sustantiva».
“Sería un desperdicio del tiempo y el dinero de los contribuyentes. Las leyes que reprimen la crítica son innecesarias, antidemocráticas e inconstitucionales”, añadió.
George Musisi, otro de los abogados de los demandantes, declaró al CPJ que resolver el caso por motivos procesales, en lugar de examinar su contenido, dejaba abierta la posibilidad de que el Parlamento volviera a presentar la ley, como ya ocurrió con la Ley contra la Homosexualidad .
Si es necesario, “volveremos a impugnarlo”, dijo.
CPJ
