Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Un juzgado guatemalteco resolvió este martes que el presidente del diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora, debe enfrentar un segundo proceso penal, por el supuesto delito de conspiración para obstruir la justicia. El Ministerio Público lo acusa de ocultar el origen de 25.600 dólares (unos 700.000 quetzales). Durante la audiencia, el juez décimo penal Jimi Bremer también ordenó que se inicie una investigación por “obstrucción de justicia” contra los columnistas de elPeriódico Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, la directora del medio, Julia Corado, y un grupo de periodistas que trabajaron o siguen vinculados a ese diario, crítico con el oficialismo: Rony Ríos, Alexander Valdéz, Cristian Velix, Denis Aguilar y Gerson Ortiz. Guatemala sufre una ofensiva judicial contra la prensa independiente que despierta el repudio de asociaciones profesionales y organismos en defensa de los derechos humanos.
La resolución del juez, a partir de la exposición de la fiscal Cinthia Monterroso, pide investigar “a quien resulte responsable por la comisión de algún ilícito”. La fiscal desplegó ante el juez varias publicaciones con las que elPeriódico dio cobertura al primer caso contra Zamora, que describió como un “andamiaje de desinformación”. Monterroso pidió que Zamora siga en prisión para que no se obstaculice la investigación en su contra, ya que en su opinión las publicaciones de prensa “afectan la integridad física, el honor principalmente o los bienes” de los operadores de justicia.
“La libertad de expresión no es absoluta”, llegó a afirmar Monterroso durante su argumentación ante el juez. La tesis de la Fiscalía, que sostiene esta ofensiva, es que los periodistas son parte de un plan para realizar acciones como “investigar ilegalmente a jueces y fiscales, incluso de seguirlos hasta sus casas”.
Seguir el dinero de los medios
Monterroso llamó también a seguir las fuentes de financiamiento de otros medios independientes y las organizaciones que los financian. La edición impresa de elPeriódico dejó de circular el 1 de diciembre de 2022, después de que la administración despidiera al 80% de su plantilla. El medio atribuyó el despido al ahogo financiero que se experimentó por el embargo de las cuentas de la sociedad anónima Aldea Global, luego de la detención de Zamora el 29 de julio de 2022. El exabogado de Zamora y la exdirectora financiera aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía.
El primer caso contra Zamora tiene que ver con una transacción de efectivo que efectuó con el exgerente del Banco de los Trabajadores, Ronald García Navarijo, quien fue detenido en 2018 bajo cargos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado, en un caso que investigó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El juicio está programado para mayo próximo.
Años más tarde, en 2022 Navarijo se convirtió en colaborador eficaz de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a cargo del fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por obstruir investigaciones contra funcionarios señalados por corrupción y presentar denuncias espurias contra operadores de justicia.
Las dos causas penales contra el presidente de elPeriódico han sido promovidas por el abogados Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo. Ambos actúan como mandatarios de García Navarijo, de acuerdo con Francisco Solórzano, el abogado de Zamora. “Estoy dispuesto a quedarme en la cárcel toda la vida (…) hay una dictadura velada, muy cerca de quitarse el disfraz”, dijo un agotado Jose Ruben Zamora, al finalizar la audiencia.
Hora negra del periodismo
A diario los periodistas en Guatemala afrontan un grave retroceso de la libertad de expresión, en un escenario similar al de los compañeros nicaragüenses, donde cualquier opinión o trabajo periodístico es objeto de persecución penal, manifestó el vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Mario Recinos.
El comunicador recordó, además, que según la normativa guatemalteca no constituyen delito las críticas a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Ante algún agravio, el mecanismo que se debe activar es el de los Tribunales de Imprenta, explicó Recinos.
EL PAIS
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