Ginebra.- Venezuela debe seguir levantando los bloqueos a los sitios web afiliados a medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, así como a los servicios digitales del país, han afirmado hoy expertos de la ONU.
“Estas restricciones limitan indebidamente el acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la capacidad de comunicarse de forma segura”, han advertido los expertos.
Según se ha informado, los proveedores de servicios de Internet, entre ellos CANTV, Digitel, Telefónica Venezolana C.A. (Movistar Venezuela), una filial de la española Telefónica S.A., Inter, Net Uno, Airtek y G-Network, llevan años bloqueando el acceso a los sitios web de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, así como a plataformas de redes sociales, servicios de mensajería y proveedores de VPN, supuestamente a petición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
La prohibición de X se levantó tras los terremotos de junio de 2026, pero otros sitios web y servicios digitales siguieron siendo inaccesibles, señalaron los expertos.
En septiembre de 2026, los proveedores de servicios de Internet desbloquearon varios sitios y se restableció el acceso a otras plataformas y sitios web. Sin embargo, otros sitios web siguen estando total o parcialmente restringidos, entre ellos medios de comunicación nacionales e internacionales, herramientas de privacidad en línea y organizaciones de la sociedad civil.
“El reciente desbloqueo de sitios web es un paso en la dirección correcta. Pero debe extenderse a todos los sitios bloqueados indebidamente y ser aplicado por todos los proveedores de servicios de Internet”, afirmaron los expertos. “Mantener las restricciones socava el derecho del pueblo venezolano a buscar, recibir y difundir información, así como la capacidad de los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos para comunicar de forma segura y ejercer su derecho legítimo a promover y garantizar la realización efectiva de los derechos fundamentales”.
Les preocupaba la falta de información sobre el fundamento jurídico de las restricciones y las vías disponibles para impugnarlas.
“Las autoridades de Venezuela deben adoptar medidas acordes con las normas internacionales, a fin de garantizar que no se repitan en el futuro los bloqueos arbitrarios de sitios web”, afirmaron los expertos.
“Las empresas de telecomunicaciones tienen la responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos”, recordaron. “El Gobierno debe garantizar que las instrucciones emitidas por las autoridades a los proveedores de telecomunicaciones no contribuyan a violaciones de los derechos humanos”.
Las autoridades también deben garantizar que CANTV, una empresa estatal, desarrolle sus actividades de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Tras acoger con satisfacción el anuncio de la Presidenta encargada de solicitar modificaciones a las disposiciones penales de la Ley contra el Odio, los expertos señalaron que los mecanismos internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por esta legislación y su uso indebido para restringir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia pacífica desde su adopción en 2017.
“La reforma de la Ley contra el Odio debe ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos y garantizar el pleno respeto de la libertad de expresión”, afirmaron los expertos.
Destacaron los avances en relación con los periodistas que se enfrentan a procesos penales en Venezuela, incluidos tres casos recientes en los que se dictaron sentencias absolutorias.
“Esperamos que se adopten las mismas medidas en otros casos pendientes, de conformidad con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos”, afirmaron.
Los expertos están en contacto con el Gobierno de Venezuela para transmitirle sus preocupaciones.
*Los expertos:
- Robert McCorquodale (Presidente), Fernanda Hopenhaym (Vice-Presidenta), Lyra Jakulevičienė, Damilola Olawuyi and Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos;
- Leopoldo Maldonado Gutiérrez, del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión;
- Andrea Bolaños Vargas, de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos
Los relatores especiales/expertos independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.
Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de los Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/es/.
Derechos Humanos de la ONU, página de país – https://www.ohchr.org/es/countries/venezuela
Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Krizel Patolot Malabanan (krizel.malabanan@un.org)
Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org) o Hannah Hinsche (hannah.hinsche@un.org)
Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en X: @UN_SPExperts.
Naciones Unidas
