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Al Ejecutivo se le acorta el plazo para pronunciarse sobre la Ley de Comunicación

En la Asamblea no siempre existen mayorías sólidas para todas las votaciones. Las mayorías son móviles y se dan en función de los temas que se debaten.
ACTO. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en un evento público en Manabí la semana pasada.

A Guillermo Lasso, presidente de la República, le quedan 16 días para pronunciarse sobre un veto parcial o total al proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) aprobado por la mayoría agrupada en UNES (correísmo), rebeldes de Pachakutik, disidentes de la Izquierda Democrática y algunos independientes, en la Asamblea Nacional el 21 de julio de 2022.

El 26 de julio, un día después de que el Legislativo remitió a la Función Ejecutiva el texto con 55 artículos para su veto total o parcial, el jefe de Estado, sin dar detalles adicionales, se anticipó a decir que la normativa será objetada porque “está mal hecha”.

Mientras corren los plazos para su pronunciamiento, el complejo escenario político en el Legislativo le deja al Gobierno muy “poca capacidad maniobra”, opinó Jacobo García, catedrático universitario de comunicación política.

Lo dijo al referirse a los recientes acontecimientos ocurridos en la Asamblea con el proyecto de Ley del Uso Legítimo y Progresivo de la Fuerza cuando las bancadas opositoras sumaron 96 votos (de los 92 necesarios) para ratificarse en su propuesta original y negar el planteamiento presidencial que fue objetado parcialmente.

Los escenarios

Estos antecedentes dejan ver que el Gobierno no tendría ninguna garantía en el  caso de que se decida por enviar un veto parcial a la Ley de Comunicación.  El escenario del veto total también es impredecible, afirmó García.

Si bien la Asamblea no podrá tratar este proyecto en un año, al siguiente sí lo podrá volver a debatir, y de tener los 92 votos lo podrá aprobar y enviarlo a su publicación directamente al Registro Oficial para que entre en vigencia.

Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), confía en que si se da un veto total, en un año la correlación de fuerzas en la Asamblea se modifique y no se alcancen los 92 votos para aprobar la normativa.

Mientras tanto, Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana (CPC),  cree que el Presidente de la República todavía está a tiempo de elevar una consulta a la Corte Constitucional (CC) para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos de la ley.

 La norma

El artículo 138 de la Constitución señala que, si el Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificar el texto en un solo debate con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su publicación.

Si la objeción fuera parcial, el Presidente deberá  presentar un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Igual restricción observará la Asamblea en la aprobación de las modificaciones sugeridas.

La coyuntura

Para Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos (IEEL), en la Asamblea no siempre existen mayorías sólidas para todas las votaciones. Las mayorías son móviles en función de los temas que se debaten.

Hay casos -explicó- en que el legislador decide ratificarse en el texto originalmente aprobado, pero eso no significa que exista una pugna con el Ejecutivo, sino que simplemente no están de acuerdo con los artículos que propone el Gobierno para reemplazar los textos aprobados por la Asamblea.

Recordó que en el informe de la Comisión de Seguridad, donde se discutió la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, los argumentos con lo que se sustentó la ratificación, fueron  sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  y fallos de la Corte Constitucional.

Rivas consideró que se deben analizar los problemas de fondo, y aseguró  que  esto no significa que todos los proyectos que envía el Presidente de la República no se le van a aprobar. Reflexionó que en algunas votaciones se han dado casos en los que el jefe de Estado ha enviado objeciones parciales y ha conseguido el allanamiento.

Todo depende del contenido de las leyes, y si la propuesta del Ejecutivo y de la Asamblea está en la misma línea del texto aprobado.

Rivas sugirió que para evitar objeciones totales -porque las parciales son comunes en los trámites de leyes- se deben generar mesas de coordinación entre las dos funciones del Estado, para que antes de que se envíen los proyectos al Ejecutivo se conozca el punto de vista de los legisladores.

“Todo pasa por el diálogo y llegar a activar mecanismos. Que la Asamblea se haya ratificado en su texto original (de la Ley del Uso de la Fuerza)  no significa que siempre lo va a hacer. Si mañana, el Presidente envía otro proyecto, no necesariamente va a pasar lo mismo”, aseguró. (SC)

Coordinar acciones con el Ejecutivo

César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), opinó que  con un veto total del Ejecutivo, se volvería a la actual situación con la Ley de Comunicación reformada en 2018 y que conserva varios “aspectos problemáticos”, como ya fue observado por los relatores de la libertad de expresión en su visita a Ecuador en 2018 y 2019, cuando criticaron la falta de protección para la prensa.

En ese caso, sugirió que se deberían empezar a coordinar acciones con el Ejecutivo para que, vía reglamentos o decretos, se diseñe el mecanismo de protección y garantías para que el trabajo de los medios de comunicación independientes no quede en el limbo. Además, esto llevará a los medios de comunicación a un debilitamiento e incluso la desaparición, opinó.

 Jacobo García, catedrático universitario de comunicación política.

“Las agendas de las mayorías móviles siempre se producen al calor de  los intereses y coyunturas”.

La Hora

 

 

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