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Al menos 219 periodistas y defensores asesinados reflejan una libertad de expresión sepulcral

Tegucigalpa.- El panorama de libertad de expresión en Honduras sigue siendo sombrío, solo en 2021 hasta el presente año cinco periodistas han sido asesinados y ya se contabilizan más de 120 alertas por agresiones. En las ultimas dos décadas, 219 periodistas, comunicadores sociales, defensores sociales y del ambiente murieron de forma violenta, según el Informe Anual sobre libertad de expresión.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) presentó un informe en el que expone la crítica situación de libertad de expresión en Honduras marcado por agresiones de violencia política alrededor de coberturas electorales, represión de la protesta social y agresiones contra mujeres con patrones que muestran una trasfiguración de los ataques contra la libertad de expresión.

Desde 2001 hasta 2021 se contabilizan 219 asesinatos de periodistas y defensores, de los cuales, 122 son defensores del ambiente y sociales mientras que 97 son periodistas y comunicadores. Por sexo, 186 son hombres y 33 mujeres, siendo los departamentos de Colón, Cortés y Francisco Morazán donde más incidencias se registran.

En el caso de periodistas asesinados por tipo de medios de comunicación, 45 son televisión, de radio 36, prensa escrita 2, medios digitales 2, otros 12.

El 2009 y 2015 son los años con más asesinatos de periodistas con 12 mientras que defensores de derechos humanos y del ambiente 2019 con 23 y 2020 con 16. Cuatro de los casos de asesinatos se confirmó que fue bajo tortura.

Las cifras de acuerdo a periodos de gobierno indican que en la gestión de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) se reportaron 35 asesinatos de periodistas comunicadores y defensores, en el primer periodo del régimen criminal de Juan Orlando Hernández (2014-2018) fueron 34 y en su segundo periodo (2018-2022) 14.

En la administración de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) se contabilizaron 7, para el periodo de Ricardo Maduro (2002-2006) 2, en el actual gobierno de Xiomara Castro ya suman 3, mientras que en el gobierno de facto de Roberto Micheletti (2009-2010) 1, también 1 en la gestión de Carlos Flores Facussé (1998-2002). Apenas el 10% de los casos tienen sentencia condenatoria lo demás están en la impunidad.

ALERTAS POR AGRESIONES

El extenso informe expone los reportes de agresiones contra la libertad de expresión, entre 2003 a 2008 el rango de alertas era de 30 a 45 reportes, para el 2009, año del crimen del golpe de Estado, fue cerca de 180 marcando el inicio de un periodo cruento de violencia contra periodistas, comunicadores y defensores.

De 2011 a 2014, el patrón representó entre 90 hasta 185 denuncias, mientras que 2015,2016 y 2017 se elevó exponencialmente a más de 200. En los últimos cuatro años, 2018 a 2021, el reporte indica más de 120 alertas en promedio siendo 2015 el año con mayor incidencia con casi 225 denuncias y 2008 el año con menor reportes con menos de 30.

Es importante destacar que muchas alertas de las violaciones a la libertad de expresión no se contabilizaron por el temor de las víctimas de dar a conocer sus casos, por lo tanto, quedan en la impunidad sin ser visibilizadas. La violencia, intimidación, amenazas y bloqueos informativos mantienen los mismos patrones de años anteriores.

Del total de alertas en 2021, el 59.4% son producto de la violencia como ser agresiones físicas, amenazas, estigmatización, asesinatos, sabotajes, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado; 16.7% son por restricción del acceso a la información; 6.3% ataques legales como despidos injustificados y demandas por calumnias, injurias y difamación; el 5.2% coacción de la protesta social como criminalización de la protesta; 4.2% por Covid-19; por censura 3.1% al igual que internet 3.1% y 2.1% por pluralismo y diversidad.

El mes con mayores alertas del año anterior fue noviembre con 16 reportes, siendo el mes que se desarrollaron las elecciones generales mientras el mes con menor incidencia fue junio con 3.

Francisco Morazán es el departamento donde se suman más alertas emitidas con 40 seguido de Cortés con 22, Intibucá con 6, Choluteca, Copán y Yoro con 5, La Paz 3, Olancho, Santa Bárbara y Valle con 2 y los restantes departamentos con 1. Todos los departamentos del país registran incidencias.

Los principales agresores contra la libertad de expresión son desconocidos, es decir, que no pueden ser identificadas, seguido por miembros de la Policía Nacional y activistas políticos, también militares y empresas privadas, funcionarios públicos, operadores de justicia, por estigmatización de Covid-19, autoridades migratorias y otros.

Las víctimas de agresión son 61 periodistas, 9 defensores de derechos humanos, otros 5, radios comunitarias 4, medios de comunicación 3, funcionarios públicos 3, ciudadanía local 3, población en general 3, trabajadores de medios y comunicadores sociales 4, estudiantes 1 al igual que dueño de medios.

La Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) ha denunciado amenazas, cierres, acciones de vigilancia por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Los ataques digitales, aunque no son nuevos, se ha constituido en una modalidad constante y frecuente de agresión contra mujeres, solo en 2021 se registraron tres ciberataques, los tipos de ataques frecuentes identificados en alertas emitidas por mujeres periodistas, 42 son por difamación, 29 al ser calumniadas y 3 víctima de acciones legales en su contra.

Además, los hackeos de redes sociales o correos electrónicos, en los últimos 12 meses, sobre agresiones en el entorno digital muestran que el 27% de las mujeres que encuestó C-Libre consideran que han sido hackeadas sus redes sociales o correos electrónicos, el 67% desconoce si ha sufrido este tipo de ataques y el 6% no están seguras.

Un 11% de las mujeres que participaron en la encuesta denunciaron divulgación de información íntima sin su consentimiento, mientras que el 7% está insegura de haber sido víctima. Sobre persecución en el ámbito periodístico un 52% señala ser víctimas de criminalización política, un 35% han sufrido ataques de la policía o militares y 13% han tenido hostigamiento laboral.

Sobre exclusiones en el trabajo periodístico solo por el hecho de ser mujer, el 55 %, de mujeres se sienten expuesta a un accidente o ha sido excluida de su actividad laboral por ser mujer, el 38% no ha estado expuesta a un accidente por ser mujer y el 7% no está segura.

La cantidad de alertas emitidas: 23 son por violencia, 6 de restricción de acceso a la información, 3 por ataques legales, 2 por Covid-19 y 1 por censura e internet.

Francisco Morazán, Cortés, Choluteca y La Paz son los departamentos con más cantidad de mujeres violentadas.

C-Libre expuso una serie de recomendaciones para que sean implementadas por el Estado de Honduras de esta manera reducir las cifras antes referidas entre las que se destacan: mejorar la atención y análisis de las demandas que exigen garantizar y proteger los derechos humanos de aquellos que protestan, algo que vulnera los derechos humanos de toda la población y que se legalizó con reformas al Código Penal que criminalizan la protesta.

Instan a fortalecer el marco legal del Mecanismo de Protección a periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia en el país, un ente que enfrenta diversas confrontaciones por las medidas adoptadas por la Secretaría de Derechos Humanos que vulneran la protección de los beneficiados.

Ante las nuevas modalidades de agresiones, recomiendan que las instituciones de gobierno revisen en las leyes, principalmente en el nuevo Código Penal y en el Código Civil, en especial los delitos de daño al honor, la blasfemia, calumnia, las amenazas, la emisión de contenido ofensivo, los ultrajes y protestas en el espacio físico, con el fin eliminar cualquier forma de restricción a la libertad de expresión.

En enfoque de género, consideran urgente adoptar protocolos de prevención contra la violencia de género y capacitar al personal de las diversas instituciones de justicia en la identificación y denuncia de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

“Reconocer la problemática patriarcal y deuda que tiene el Estado y la sociedad con los derechos de la mujer, abordar estos temas con el enfoque de género por ser la mujer la más afectada, y violentada con el desarrollo entre comillas en el país, promover la oportuna denuncia y apoyo para proteger a las víctimas”, expone el informe.

También instaron a los medios de comunicación e instituciones del Estado implementar un manual y reglamento de política de género institucional, además se apliquen las sanciones legales a la violación de los derechos de las empleadas mujeres.

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