La asociación “Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua” indicó que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el gobierno.
Al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido exiliados de Nicaragua por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018 por el gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este domingo por la ONG “Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más”, con sede en Costa Rica.
El informe fue divulgado en ocasión del sexto aniversario de la muerte del periodista Ángel Gahona, que recibió un disparo cuando cubría unas manifestaciones contra Ortega.
“Desde 2018 al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido de Nicaragua debido a la persecución y criminalización de su trabajo desde las altas esferas de la dictadura, como (la vicepresidenta) Rosario Murillo, quien con frecuencia los califica de terroristas”, señaló el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en el exilio.
Esa ONG recordó que en septiembre de 2023, el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, también descalificó el trabajo de los profesionales de la comunicación al tildarlos de “mercenarios de la información”.
Nicaragua: cierran 56 medios debido a presiones y censura.
Por su lado, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) indicó que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el gobierno sandinista desde que estalló la crisis, incluyendo el influyente diario La Prensa, El Confidencial y 100% Noticias.
“Lamentablemente el ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se ha detenido”, advirtió en una declaración el PCIN, con sede en Costa Rica.
Ese gremio denunció además “el encarcelamiento y condena arbitraria del periodista Víctor Ticay, quien enfrenta prisión injustamente por su labor periodística”, desde hace un año.
“Exigimos la liberación inmediata del periodista y el cese de su condena arbitraria, así como de cualquier otra forma de acoso judicial hacia periodistas”, demandó el PCIN, que exigió “el respeto a la labor de los comunicadores y que se garantice su seguridad en el desempeño de su trabajo”.
La Prensa Gráfica