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CIDH condena “cierre masivo” de emisoras en Nicaragua

La SIP denunció este miércoles el cierre gubernamental de 11 radioemisoras y cuatro canales de televisión por cable.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron este miércoles “el cierre arbitrario” de siete radioemisoras católicas en Nicaragua, así como el ingreso violento de policías en una parroquia.

También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el cierre gubernamental de 11 radioemisoras y cuatro canales de televisión por cable en Nicaragua como “parte de una campaña que pretende eliminar todo vestigio de prensa independiente”.

“#CIDH y @RELE_CIDH condenan el cierre arbitrario de 7 radioemisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa en Nicaragua; y el ingreso violento de la Policía en la capilla Niño Jesús de Praga el primero de agosto, de donde se habrían llevado equipos de radio y televisión”, señaló ese organismo autónomo de la OEA en un tuit.

La CIDH y la RELE pidieron al Estado de Nicaragua “cesar los constantes ataques contra el Iglesia católica” y “abstenerse de utilizar sus facultades en materia de telecomunicaciones como medida para limitar o impedir la circulación de información, ideas y opiniones”.

El Gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenó el lunes el cierre de ocho emisoras católicas, en medio de roces del Ejecutivo con la Iglesia católica.

Denuncia de SIP

La mayoría de las estaciones confiscadas en el departamento de Matagalpa (centro de Nicaragua) pertenecen a la Iglesia católica, una acción enmarcada en un “clima de agresiones policiales contra templos católicos y sacerdotes”, alertó la SIP en un comunicado.

“Con un solo golpe, el Gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, donde las estaciones clausuradas prestaban un valioso servicio comunitario a miles de personas”, dijo Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

Canahuati, gerente general del Grupo Opsa, de Honduras, afirmó que con este cierre de emisoras y canales de televisión “se pretende acabar con todo vestigio de prensa independiente” en el país centroamericano.

Supone además un ataque contra la “libertad de culto y de pensamiento de esa nación”, añadió.

La clausura de las estaciones fue realizada por el Instituto Nacional de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) junto con agentes de la policía sandinista.

La directora de Telcor es hija del jefe de la Policía nacional, Francisco Díaz, miembro prominente de la familia que integran el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

El lunes, la Policía también ingresó con violencia a la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en Sébaco, para confiscar los equipos de Radio Católica, prosigue el comunicado.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, indicó, por su parte, que “la Policía recurrió a un uso excesivo de violencia contra las estaciones cerradas, lo cual indica el alto grado de impunidad del que gozan las autoridades nicaragüenses en las regiones más remotas del país”.

“El Gobierno de Ortega ya no solo es enemigo de la libertad de prensa, sino que también ahora parece suprimir la libertad de culto y de pensamiento en Nicaragua”, advirtió Jornet, director del diario argentino La Voz del Interior.

La SIP hizo un llamado a la comunidad internacional para que no abandone las presiones por la libertad de prensa y la democracia en Nicaragua.

La SIP, con sede en Miami (Florida, EE.UU.), emprendió la semana pasada una campaña en varios medios del hemisferio en favor de los seis periodistas que se hallan como presos políticos en el país centroamericano.

En abril pasado, la SIP y 26 organizaciones regionales e internacionales de prensa difundieron la denominada Declaración de Nicaragua, que pide a organismos multilaterales y Gobiernos la adopción de acciones concretas para “obligar al Gobierno de Nicaragua a que detenga las violaciones a los derechos humanos, los atropellos a la libertad de prensa y restablezca la democracia”. (I)

 

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