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Despenalización

Rodolfo Dumas Castillo

En agosto del 2012 se celebró en Tegucigalpa un evento organizado por la SIP denominado “Conferencia sobre Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión en Honduras”, que concluyó con cuatro compromisos del gobierno: la creación de una unidad especial para investigar crímenes contra periodistas y otros grupos vulnerables, un mecanismo de protección para estos, la creación de juzgados especiales en derechos humanos y una reforma para despenalizar los delitos contra el honor. Pero como era característico de esa administración esos compromisos no se cumplieron. El único que tuvo un avance modesto fue el mecanismo de protección que a esta fecha sigue adoleciendo de falta de recursos financieros, materiales, humanos y de la voluntad política para su eficacia.

En cuanto a la despenalización de los delitos contra el honor en esa ocasión la reacción general fue de rechazo incluyendo, irónicamente, el de muchos periodistas. Se argumentó que sustraerlos del ámbito penal generaría libertinaje y un deterioro del ejercicio periodístico. Nuestro apoyo a esa iniciativa se fundamentaba en la jurisprudencia del Sistema Interamericano, los convenios de los que Honduras es signataria, los principios universalmente aceptados en materia de libertad de expresión y la plena convicción que la reforma es indispensable para que el Estado cumpla el control de convencionalidad. Ahora, una década después, ese rechazo ha desaparecido y periodistas, comunicadores, ciudadanos y gobierno están acompañando la propuesta introducida al Poder Legislativo y analizada por una comisión que parece comprender que la libertad de expresión es esencial para el sistema democrático. Confiamos que dicha comisión también tendrá absoluta claridad que no se trata de una dádiva para la prensa o de una reforma para beneficiar únicamente a periodistas y medios de comunicación, pues la libertad de expresión no es monopolio de estos, sino que se trata de garantizar el derecho universal de buscar, recibir y difundir informaciones de cualquier naturaleza y por cualquier medio, y de que la sociedad reciba esas informaciones de manera oportuna, es decir, para el ejercicio pleno de la libertad de expresión en su doble dimensión (individual y social).

La sanción penal generalmente resulta excesivamente gravosa para proteger el derecho al honor, entendiéndose que este también es reconocido por el derecho internacional y que no hay duda de que puede coexistir armoniosamente con la libertad de expresión. Sin embargo, utilizarla para remediar responsabilidades ulteriores tiende a generar autocensura, sobre todo cuando se trata de informar sobre asuntos de interés público o temas vinculados a funcionarios públicos que desde una posición de poder pueden abusar de esta para silenciar la crítica, el disenso o la difusión de opiniones distintas a la verdad oficial, entre muchísimas otras. Es por ello que la jurisprudencia ha dejado claramente establecido que estos temas, así como los discursos especialmente protegidos, deben excluirse del sistema penal para evitar la censura previa a través del activismo judicial o del populismo punitivo, especialmente en países con débil institucionalidad. La penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias muy excepcionales. El Estado puede garantizar la protección de la vida privada de todos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla.

El Estado cumple su obligación de salvaguardar los derechos de los demás “estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta”. Esas acciones civiles también deben ser racionales para evitar los excesos que se han presentado en algunos países con condenas que resultan confiscatorias. En todo caso apoyamos este nuevo esfuerzo y estaremos pendientes de una reforma que finalmente removería una limitación ilegítima de la libertad de expresión en Honduras.

Twitter: @RodolfoDumas

La Tribuna

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