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El Estado de Guatemala debe garantizar de forma plena y efectiva el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa

Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncia sobre las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Guatemala, externa su preocupación por los reportes recibidos y llama al Estado a garantizar de forma plena y efectiva estos derechos fundamentales.

En los últimos meses, la Relatoría Especial ha recibido varios reportes que reclaman atención de la Oficina con respecto a la libertad de expresión en Guatemala, principalmente relativos a agresiones, intimidaciones y acoso judicial con alegados fines de silenciamiento. En particular, el procesamiento judicial de periodistas coincide con la vigencia de balances de la CIDH sobre el debilitamiento de la independencia judicial en Guatemala.

De acuerdo a la información recibida, José Rubén Zamora y Flora Silva – presidente y directora financiera del medio de comunicación El Periódico, respectivamente – han sido objeto de persecución judicial por parte del Ministerio Público (MP). Las autoridades del Estado han señalado que el proceso penal no está relacionado con actividades periodísticas; y que las diligencias judiciales alrededor de su caso se realizan en estricto apego al marco legal y los derechos humanos. En contraste, la información reportada a esta Oficina por abundantes representantes de la sociedad civil indica que el procesamiento judicial de José Rubén Zamora y Flora Silva podrían tener relación con la labor periodística. La Relatoría ha informado al Estado que está haciendo seguimiento al proceso, y manifiesta que la libertad de prensa comprende no sólo actividades editoriales sino también aquellas relativas a la sostenibilidad de los medios de comunicación.

Según pudo conocer esta Oficina, agentes del MP y de la Policía Nacional Civil habrían allanado las viviendas de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, el 29 de julio; y de Flora Silva, la directora financiera, el 19 de agosto. Ambos habrían sido detenidos por la supuesta comisión de delitos vinculados al lavado de activos, entre otros. Asimismo, el 29 de julio se habrían allanado las oficinas de Aldea Global S.A., una entidad comercial que –al estar a cargo de la gestión administrativa del medio de comunicación– comparte las instalaciones con El Periódico.

El periodista José Rubén Zamora es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH desde 2003, cuando la Comisión entendió que existía un riesgo inminente a su vida e integridad personal con motivo de una serie de ataques físicos y amenazas recibidas en el ejercicio de su profesión, y del contexto de violencia contra la prensa en Guatemala. Conforme a las facultades que otorga el mecanismo de medidas cautelares, la CIDH y su Relatoría Especial han solicitado recientemente al Estado una visita de trabajo para constatar la situación de Zamora.

A estos hechos se suman otros casos que han llegado a conocimiento de la RELE, relacionados con denuncias calificadas como espurias y dirigidas a impedir la publicación de investigaciones sobre asuntos de relevancia pública y política. Entre otros reportes documentados, en septiembre de 2021, un exministro de Comunicaciones habría interpuesto una denuncia en contra del periodista Juan Luis Font, director del espacio informativo Con Criterio, por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y colusión. El reportero confirmó a esta Oficina haber salido del país y denunció hostigamiento y represalias vinculadas a su labor que le disuaden de continuar ejerciendo el periodismo desde Guatemala. Al respecto, el Estado señaló que dicho proceso se encuentra bajo reserva legal y que el ente investigador continúa con las diligencias para dilucidar la comisión o no de los hechos señalados. Las autoridades enfatizaron que la denuncia aquí mencionada fue interpuesta por un tercero y no por el MP, y que el Estado no persigue al periodista por su labor informativa.

Asimismo, en junio de este año, el MP abrió una investigación contra periodistas de Agencia Ocote luego de que entrevistaran a una fiscal en prisión y produjeran un pódcast sobre su caso. Asimismo, en 2021 la Relatoría registró en su informe anual la activación de acciones penales contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid por parte de personas funcionarias y exfuncionarias del gobierno, supuestamente luego de que publicaran investigaciones periodísticas que los involucraban. El Estado señaló que “no hay una persecución particular ni por su labor periodística ni existe acoso profesional contra ambos periodistas”. Además, agregó que “el proceso penal iniciado contra los agentes de la Policía Nacional Civil por las agresiones denunciadas por ambos periodistas es prueba del compromiso estatal por llevar justicia a todos”.

En este marco, la Relatoría también ha sido informada sobre el incremento de comportamientos inauténticos coordinados por parte de cuentas anónimas en redes sociales, que según se ha señalado difunden información estatal de carácter reservado, o anuncian actos que luego son ejecutados por parte del Estado, por ejemplo, en relación con juicios penales. Sobre este punto, el Estado ha informado que “dichas publicaciones en ningún momento han sido ventiladas por cuentas oficiales del Estado de Guatemala, así como tampoco por sus funcionarios públicos, por lo que no es atribuible al Estado”.

En el contexto descripto, preocupa especialmente a la Relatoría Especial los casos de Anastasia Mejía y Michelle Mendoza, entre otras mujeres periodistas y comunicadoras que investigan asuntos vinculados a corrupción e impunidad en Guatemala que también han reportado sobre el deterioro de las garantías a su libertad de expresión. La información documentada indica que las amenazas a través de redes sociales, como también los procesos judiciales que enfrentan las mujeres periodistas integran elementos de violencia de género que el Estado debe considerar.

Adicionalmente, en su función de monitoreo la RELE ha documentado el asesinato del periodista Orlando Villanueva en Puerto Barrios, departamento de Izabal, entre otros hechos de violencia, que incluyen alegadas agresiones y destrucción de equipos de trabajo de reporteros.. Sobre el crimen del periodista, el Estado reafirmó su compromiso en la realización de una investigación que esclarezca los hechos y resulte en las sanciones correspondientes. En este sentido, informó a esta Oficina que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha realizado diversas acciones y establecido una línea de investigación. Además, la Relatoría se ha pronunciado previamente sobre las vulneraciones de derechos y los obstáculos específicos que enfrentan las y los comunicadores comunitarios en Guatemala. La Oficina ha dado particular seguimiento a los casos de los periodistas Juan Bautista Xol, Baudilio Choc y Carlos Choc, quienes han denunciado públicamente procesos judiciales en su contra y operativos policiales en sus residencias luego de que dieran cobertura a una serie de manifestaciones de la población maya Q’eqchi’ en El Estor, Izabal, y sobre el uso de la fuerza pública para dispersarla, en octubre de 2021. Si bien esta Oficina fue informada de que existirían dos procesos penales vigentes en contra del periodista Carlos Choc, el Estado informó que no hay denuncias interpuestas en su contra, y que no existen acciones estatales para impedir su actividad periodística.

Finalmente, la Relatoría también tomó conocimiento de que el Congreso de la República archivó la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, luego de que se aprobaran una serie de objeciones y observaciones de diputados. La RELE saluda la decisión del órgano legislativo de desestimar esta norma, que contenía disposiciones que por su vaguedad otorgaban amplios márgenes de discrecionalidad en su aplicación y que corrían el riesgo de ser utilizadas en detrimento del derecho a la libertad de expresión.

La información recopilada por la RELE indica que estos hechos se insertan en un contexto de intensa judicialización a personas que cumplen un rol relevante en la vida pública y contribuyen al debate democrático en Guatemala. A juicio del Estado, el hecho de que existan diversas acciones legales interpuestas contra comunicadores –en algunos casos iniciadas por particulares– se enmarca dentro de los derechos constitucionalmente garantizados.

Frente a las consideraciones expuestas, esta Oficina recuerda que el sistema interamericano de derechos humanos protege de manera reforzada los discursos de interés general y sobre conductas de funcionarios públicos ya que resultan indispensables en una sociedad plural para ejercer el control público sobre los actos de gobierno y administración. Ello implica, según sostuvo la Corte Interamericana, que la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente en estos casos. La Relatoria ha informado al Estado que está haciendo seguimiento de los procesos judiciales contra periodistas por hechos que puedan tener relación con su labor y aquellos que investigan violencias contra la prensa, incluyendo los referenciados en este comunicado.

Asimismo, la CIDH y la Corte Interamericana han enfatizado que una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el Estado de Derecho. Sobre este punto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la utilización del poder y recursos del Estado con el objetivo de presionar y/o castigar a periodistas y medios de comunicación en función de sus líneas informativas atenta directamente contra la libertad de expresión.

La Relatoría Especial hace un llamado al Estado de Guatemala a redoblar sus esfuerzos para garantizar de forma plena y efectiva los derechos a la libertad de expresión y de prensa. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan realizar su trabajo en un entorno libre y seguro; y para que la sociedad en su conjunto pueda estar informada y recibir la mayor cantidad y diversidad posible de ideas y opiniones. Asimismo, a la luz de estas observaciones, la Relatoría estima crucial que el Estado maximice sus esfuerzos para asegurar que cualquier restricción a las libertades fundamentales de periodistas y comunicadores –ya sea que involucre al poder público o a terceros– cumpla con estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

OEA

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