La directora del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jenny Bernal Arellano, señaló que los servidores públicos que inhiban o impidan la labor informativa y la defensa de los derechos, pueden ser sancionados con cárcel.
Esto luego de que en mayo del 2022 se incluyera en el Código Penal del estado de Sinaloa como un delito tal acción para los servidores públicos y personas de la sociedad en general.
“Toda autoridad, desde el gobernador hasta el personal de más bajo nivel, está obligada a respetar, difundir y garantizar los derechos humanos, indicó Bernal Arellano quien impartió hoy el taller ”Obligaciones de la autoridad ante la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos”, en la que participaron servidores públicos y periodistas en Guasave, Sinaloa y desde donde se le envió un exhortó a todos los funcionarios públicos del estado para acatar esta nueva norma penal.
La funcionaria estatal consideró que los servidores públicos tienen muchísimas obligaciones y deben ser primero muy cautos y respetuosos de la labor de periodistas y defensores de los derechos humanos, permitir, posibilitar que realicen su labor.
Pero también señaló que, en el caso de los periodistas, sobre todo los de cobertura policiaca, deben conocer que hay límites:
“Ciertas reglas que debemos cumplir en la escena de los hechos, hay límites que no deben cruzar, para no echar a perder una investigación, tiene que saber hasta dónde puede y hasta dónde no puede para evitar el conflicto con la autoridad”.
Y es que, en el nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio, el precepto principal es el respeto al derecho humano de las personas, por lo que los periodistas no pueden violentarse a través de imágenes o texto, pero se debe de trabajar en coordinación con las autoridades, para que proporcionen información, sobre los hechos respetando las reservas antes descritas.
En cuanto a las autoridades, opina que deben aprender a reaccionar con mesura y sobre todo con mucho respeto de los derechos humanos y posibilitar la cobertura periodística a través de su actuar.
Explicó que, en un principio por, ninguna ley, tratado o constitución puede estar por encima de los derechos humanos, por lo que si se violentan estos derechos está la vía penal, civil, administrativa.
Pero “si la justicia en mi país es tan mala, que no me voltea a ver, puedo acceder al Sistema Interamericano o el Sistema Universal de los Derechos Humanos”, prueba de ello son las 16 sentencias en contra de autoridades mexicanas, por parte de la Corte Interamericana.
Justo en mayo del 2022, cuando se tipificó este delito y creó este instituto, el periodista Luis Enrique Ramírez, fundador del sitio Fuentes Fidedignas, fue reportado como desaparecido y posteriormente sus restos fueron encontrados envueltos en una bolsa negra abandonados en un camino de terracería que va de la carretera internacional México 15 a la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán.
El personal de servicios periciales trasladó el cuerpo hasta la unidad del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le realizó la autopsia y determinaron que el comunicador de 59 años de edad murió a causa de un traumatismo craneoencefálico a consecuencia de múltiples golpes contusos.
Apenas el 26 de enero del 2023, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) emitió una oferta de un millón de pesos por información sobre el paradero de cada uno de los sujetos relacionados con el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos sin que hasta el momento se haya castigado a nadie.
MILENIO
