En los últimos 20 años, México registró más de 150 asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas, valiéndole el título de uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer dicha profesión. Los organismos internacionales de derechos humanos observan estas cifras con gran consternación, fundamentalmente al observar que el número de víctimas va en aumento con el correr de los años. De acuerdo a los registros oficiales, el 2022 resultó ser el año más letal, superado únicamente por Ucrania, un país en guerra.
No obstante, los periodistas no son los únicos actores que han alzado la voz contra un gobierno corrupto y se han enfrentado por ello a un destino siniestro.
Es sabido que en materia ambiental México se enfrenta a desafíos internos de proporciones monumentales ligados a la resistencia de las comunidades nativas a ceder sus territorios para la explotación de materias primas, fundamentalmente ligadas a la minería y a la tala de bosques.
Los datos recopilados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dan cuenta de que, durante el transcurso de la primera mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador, 58 personas defensoras del ambiente y del territorio han sido asesinadas en el país. En esta misma línea, solo en el 2021 se documentaron 238 agresiones aisladas, incluyendo casos de intimidación, hostigamiento, desaparición y homicidio, lo que constituye un incremento del 164,44% de los casos registrados el año precedente.
Uno de los factores que explica el agravamiento reciente de la situación es la actual dirección del gobierno de, impulsada por la crisis económica aguda que afronta el país, fomentar el ingreso de capitales extranjeros priorizando las actividades extractivas privadas por sobre las formas de vida de los pueblos y comunidades nativos que resisten al avasallamiento sobre sus recursos y sus establecimientos civiles sobre los cuales tienen reconocido derecho por el Estado de México.
En este orden de ideas, el informe realizado por CEMDA concluye que el 41.2 % de las agresiones fueron en contra de la población indígena, en especial contra mayas, zapotecas, mixtecos e integrantes de la nación Yaqui.
Lo paradójico de este asunto es que la escalada de tensiones se acentuó el mismo año que entró en vigor el Acuerdo de Escazú, tratado de América Latina y el Caribe que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos.
La libertad de expresión y la libertad de prensa constituyen dos pilares fundamentales en la arquitectura de una sociedad democrática, su protección y promoción no solo resulta imperativa como garantía de los derechos individuales, sino también como amparo colectivo contra la tiranía y la opresión.
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