El investigador de Human Rights Watch (HRW) para América Latina César Muñoz expresó su preocupación por la criminalización de periodistas que trabajaron para el canal estatal BTV en la gestión de Jeanine Áñez, según dijo a Brújula Digital.
Muñoz dijo que, por ejemplo, “el propio GIEI destacó graves falencias en las investigaciones de los abusos ocurridos en 2019 e instó a la Fiscalía General del Estado a reabrir casos que había cerrado sin una debida investigación. A la fecha, no ha habido justicia para las víctimas de las masacres, violencia y torturas ocurridas a finales de 2019”.
En contraste, el representante de HRW mencionó los casos de periodistas que trabajaron en la red BTV y a los que la Fiscalía acusa penalmente por temas administrativos, como haber pagado más a personal contratado de lo que supuestamente establecen algunas escalas.
Criticó la “desproporcionalidad” entre las acusaciones realizadas contra esos periodistas. “Nos preocupan las imputaciones contra periodistas y otras personas que trabajaron en el canal estatal durante el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez”, agregó.
Los periodistas Gonzalo Rivera, Shirley Gutiérrez, Andrés Rojas, Adriana G. y Pablo Llanos, además del politólogo, Diego Ayo son acusados penalmente por la Fiscalía.
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