Periodistas y activistas de derechos humanos salen del país por miedo a acabar en la cárcel por informar.
Moscú, Rusia.- Cada viernes por la tarde, periodistas, medios de comunicación, oenegés, organizaciones y blogueros revisan ansiosos la web del Ministerio de Justicia ruso para ver si sus nombres aparecen en la lista de ‘agentes extranjeros’. La lista negra del Kremlin la engrosan 128 personas hasta el momento. Recibir esta etiqueta supone estar fiscalizado en todo momento por el Gobierno, se les permite seguir trabajando pero deben informar al Estado en qué gastan cada céntimo de su dinero.
María Kuznetsova, portavoz de OVD-Info, la principal organización encargada de monitorizar los detenidos durantes las protestas antigubernamentales y Tikhon Dzyadko, periodista y editor en jefe del canal de televisión independiente Dozhd, ambos se enteraron por la televisión estatal (antes de que fuera publicado oficialmente) de que sus organizaciones habían sido calificadas como ‘agentes extranjeros’.
«Putin se quitó la careta hace más de medio año y ahora podemos llamar a Rusia una dictadura», afirma Kuznetsova
«Esta medida es totalmente política. Incluyen en esa lista a las organizaciones y medios incómodos para el Gobierno. Putin se quitó la careta hace más de medio año y ahora podemos llamar a Rusia una dictadura», afirma Kuznetsova, que tuvo que huir de Moscú a Georgia en octubre tras el señalamiento a OVD-Info.
Los medios de comunicación que aparecen en esta lista deben poner un aviso en cada una de sus noticias identificándose como ‘agentes extranjeros’. Periodistas independientes han denunciado que al colocar este aviso todos tus anunciantes se marchan por miedo a seguir trabajando con un medio tachado por el Gobierno. El portal de noticias ruso ‘Medusa’ perdió el año pasado el 90% de sus anunciantes en cuanto fueron señalados como ‘agentes extranjeros’ por el Kremlin.
«Ya no existimos»
La invasión de Rusia a Ucrania ha dejado ver los graves problemas que tiene Vladímir Putin con la libertad de expresión. La persecución es tan bestial que aunque muchos ciudadanos rusos ya están considerados como ‘agentes extranjeros’, ahora por la ley ‘anti-fake’ han tenido que huir del país por la imposibilidad de realizar su trabajo informativo.
Es el caso de Tikhon Dzyadko, director de Dozhd. «Fuimos declarados ‘agentes extranjeros’ en agosto, pero las cosas cambian tan rápido que eso fue importante cuando existíamos, ya no», confiesa a ABC tras la decisión el pasado 5 de marzo de suspender la transmisión del canal de televisión porque «no podían exponer a ningún periodista a ser arrestado».
La cadena crítica con Putin ha sido una de las últimas incorporaciones a esta lista por recibir financiación del extranjero. ‘Meduza’, uno de los medios independientes más leídos del país, también se encuentra en el registro.
El Kremlin ha tachado a medios y periodistas bajo polémicos argumentos. La revista digital crítica con el Gobierno ‘Republic’ recibió la etiqueta porque supuestamente varias embajadas occidentales en Moscú compraron el periódico y el otro caso es el del periodista independiente que recibió dinero por su cumpleaños de su abuela en Ucrania y también fue considerado como ‘agente extranjero’.
Nikolay Voroshilov, portavoz de la organización Comité de asistencia cívica, explica que fueron señalados porque reciben dinero de la Agencia para los refugiados de la ONU (Acnur)
Nikolay Voroshilov, portavoz de la organización Comité de asistencia cívica, explica que fueron señalados porque reciben dinero de la Agencia para los refugiados de la ONU (Acnur). «Es absurdo porque Rusia es uno de los países fundadores de Naciones Unidas», comenta.
Rusia es uno de los países que más ahoga la actividad de los medios de comunicación. En el informe sobre libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras aparece en la cola de la lista. El concepto de ‘agentes extranjeros’ se introdujo en la legislación rusa en 2012 en un intento del Kremlin de controlar cualquier tipo de información. Ese año, se contempló que se podía llamar así a ONG’s y activistas de derechos humanos que recibieran fondos del exterior. En 2017, se incluyó a los medio de comunicación y desde el año pasado se pueden señalar a particulares.
ABC
