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La democracia no admite violencia contra la prensa

Cuando la reacción al trabajo de la prensa son las amenazas y la violencia, se rompe la promesa de la libertad y la democracia que los Estados han asumido con la ciudadanía
En junio de 2017, periodistas pintaron la frase #SOSPrensa frente a Palacio Nacional de México, en protesta por el asesinato del periodista Salvador Adame. CUARTOSCURO

PEDRO VACA

Este 2 de noviembre es el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Poco se conoce sobre el día que originalmente impulsaron varias organizaciones periodísticas para esta conmemoración y sobre las razones para eso. El 23 noviembre de 2009 fue la masacre de Ampatuan, Filipinas, en la que fueron asesinadas 58 personas, 32 de ellas periodistas. También se registró que al menos cinco mujeres fueron violentadas sexualmente antes de ser asesinadas. Es considerada por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés) como el evento más mortal contra la prensa en la historia de la humanidad. A pesar de que sobraban razones para fijar esta fecha como el día emblemático, terminaron pesando otras consideraciones más, dentro de las que el temor de Filipinas a ser señalada en el circuito internacional fue una muy importante. En diciembre de 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 2 de noviembre como día para esta conmemoración global. Desde entonces tenemos fecha, pero nos despojaron del símbolo.

La violencia contra la prensa es incompatible con los sistemas democráticos. Quien se expresa libremente sobre asuntos de interés publico aspira a recibir una respuesta, un argumento que le controvierta, iniciar y participar de un debate, promover deliberaciones, generar una conversación y animar que haya más contribuciones a la democracia. Sólo eso debería pasar cuando las y los periodistas publican un reportaje. Pero cuando la reacción al trabajo de la prensa son las amenazas y la violencia se rompe la promesa de la libertad y la democracia que los Estados han asumido con la ciudadanía.

Insisto, la violencia contra la prensa no debería ocurrir en sistemas democráticos. Pero si llegara a pasar, asumiéndolo como una distorsión inaceptable del sistema democrático, los Estados deben reparar rápidamente ese daño. De no hacerlo, entrarán en una espiral de repetición de las agresiones contra periodistas. Vaya si hay ejemplos de cómo la impunidad acelera la repetición de las violencias contra la prensa.

La violencia contra la prensa también se puede prevenir y una herramienta muy eficaz para hacerlo está en la voz de los liderazgos públicos. Resulta trágico que una porción significativa de las agresiones contra periodistas nace, vergonzosamente, de llamados directos o sutiles por parte de líderes políticos a que esas violencias se ejerzan. Es democráticamente plausible que las voces con notoriedad pública reaccionen cuando la prensa les cuestiona, pero es democráticamente inadmisible que para hacerlo acudan a la estigmatización o a discursos denigrantes que activan riesgos innecesarios, y evitables, contra periodistas.

La voz de los liderazgos políticos puede ser, o bien un mecanismo de protección eficaz al debate público y plural, o el arma permisiva que se pone sobre la mesa para disparar -con mano propia o a través de terceros- contra la democracia. Asegurar garantías al periodismo o promover la violencia contra periodistas es una disyuntiva importante en la que los líderes políticos de nuestro tiempo tienen que tomar partido.

Es delgada la línea que separa el derecho que tiene un gobernante a defenderse de las críticas y la estigmatización que alienta a la violencia contra la prensa, pero toda persona que quiera ejercer su liderazgo público con credenciales democráticas debe tener muy presente esa distinción. En la declaración conjunta del año 2021 todas las relatorías de libertad de expresión de los organismos multilaterales coincidimos en que este es uno de los principales desafíos de la democracia en el mundo.

La violencia contra los y las periodistas es incompatible con los sistemas democráticos y para luchar contra la impunidad se requiere de un Estado de Derecho fuerte, con frenos y contrapesos, en el que las violencias contra la prensa sean investigadas rigurosamente y sancionadas de forma ejemplarizante.

Lamentablemente, el mapa global de violencia contra la prensa coincide con áreas donde hay un poder judicial débil, o abrumado por el volumen de asuntos que debe tratar, o carente en procesos sostenidos de formación y evaluación a sus funcionarios, o desmotivado porque todo es tan difícil que dejar los casos a la suerte de la inercia es algo que nadie notará, o lo que es peor: un poder judicial con miedo y forzado a convivir con las fuentes de violencia y que debe decidir entre hacer su trabajo conforme se lo exigimos o sobrevivir. Es imperativo diagnosticar y apoyar a los sistemas de justicia y su independencia si aspiramos a que disminuyan las agresiones contra la prensa.

La victoria diplomática de Filipinas para que todo el sistema de Naciones Unidas evitara mirar allí cuando habláramos de impunidad de crímenes contra periodistas no mejoró las condiciones para la prensa de ese país, sólo redujo temporalmente la intensidad del reflector en la observación internacional. Basta mirar el caso de la periodista filipina Maria Ressa, perseguida a través de varias acciones legales incluyendo procesos por difamación y de responsabilidad fiscal, para confirmar que la lucha contra la censura requiere que los organismos internacionales no seamos indulgentes con la creciente tendencia de reducción del espacio cívico. La participación social, la libertad de prensa, la democracia y los derechos humanos en general están en riesgo.

No hay nada más permisivo a la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente cuando ocurren. Y nada más alentador y tranquilizante para los violentos que la impunidad.

La periodista María Ressa fue reconocida junto con Dimitry Muratov como premio Nobel de Paz en el año 2021 en un potente mensaje que marca una relación virtuosa entre periodismo libre, democracia y convivencia pacífica. Si la libertad de expresión es un valor democrático la censura es un antivalor que siembra miedo, violencia y termina siendo la antesala de graves violaciones a los derechos humanos.

La valentía de las y los periodistas, así como la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa serán siempre símbolo y motivación.

Una vez más. La democracia no admite violencia contra la prensa.

Pedro Vaca es relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El País

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