Madrid, España.- El informe de libertad de prensa, capítulo de Panamá, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), es contundente: el acoso judicial persiste como la principal amenaza para periodistas, directivos y medios de comunicación.
El documento, publicado durante la 78 Asamblea General de la SIP, que culmina hoy en Madrid, España, destaca una lista de periodistas y medios que han sido objeto de demandas por parte de políticos, funcionarios con poder y otros.
El secuestro de Acosta
Empieza con el caso del comunicador chiricano Ronald Acosta Flores, quien es objeto de un secuestro judicial, luego de que el diputado perredista Benicio Robinson lo demandara por supuesta calumnia e injuria.
También mencionan las 26 demandas interpuestas al medio digital Foco Panamá, la mayoría por presunta calumnia. El informe dice que seis casos están activos y el resto ha sido desestimado por el Ministerio Público. “El medio enfrenta demandas por $510 mil, dentro de una querella civil por calumnia e injuria. El caso más controversial corresponde a una demanda por violencia de género presentada por la diputada Zulay Rodríguez contra el periodista Mauricio Valenzuela. Inicialmente, se ordenaron medidas de protección a favor de la diputada, pero la fiscalía luego solicitó el archivo de la causa y el sobreseimiento definitivo del periodista”, asegura el reporte.
Las 12 demandas civiles contra Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), empresa que publica La Prensa y Mi Diario, también salen a relucir en el documento. “El más antiguo data de 2006. Se encuentra pendiente de decisión en primera instancia un proceso civil por presuntos daños y perjuicios interpuesto por el expresidente Ernesto Pérez Balladares en 2012. Por ese proceso, pesa sobre el medio un secuestro de sus cuentas bancarias y activos por $1.1 millones. Todos los casos penales recientes por el delito de calumnia e injuria fueron archivados de modo provisional o definitivo, a excepción de cinco casos previos a 2010″, advierte el informe.
Otro de los temas que el documento de la SIP pone en contexto es la sanción de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) al sitio laverdadpanama.com y a la periodista Amanda Alvarado, por presuntamente violar la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales.
“La interpretación que dio la Antai podría implicar que una publicación sobre un asunto de interés público, respaldada con documentación oficial o pública, podría ser objeto de una denuncia por la parte afectada por violar la ley de protección de datos”, dice el informe de la SIP. No obstante, el documento también destaca que posteriormente, la Antai puso en “suspenso” la multa y añade que el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), junto a otros gremios, preparó un proyecto para modificar la Ley 81, que establece protecciones al ejercicio del periodismo y el uso de datos en documentos públicos, de interés público o de dominio público.
El reporte también incluye el video anónimo en contra del periodista de La Prensa, Rolando Rodríguez, luego de que este enviara un correo electrónico al asistente del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, con 22 preguntas sobre algunos de los costosos bienes inmuebles adquiridos recientemente con su esposa y su relación con el abogado Luis Acevedo Ureña. El informe destaca que dos días después de enviar el cuestionario y de que circulara el video intimidatorio (el 7 de octubre pasado), 11 inspectores del Ministerio de Trabajo se presentaron en la sede de Corprensa, para realizar una inspección ocular.
“Luego, el Ministerio de Trabajo publicó un comunicado aduciendo que se trataba de inspecciones rutinarias por la jornada mundial por el trabajo decente. Los inspectores también se presentaron en las oficinas del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella”, recuerda la SIP.
Por último, el informe da a conocer que después de cinco años de investigación, el 5 de julio pasado, culminó la audiencia preliminar por el caso New Business, una pesquisa del Ministerio Público que le sigue la pista a la compra del Grupo Editorial Epasa, presuntamente con fondos públicos. “El juzgado hizo llamamiento a juicio a 20 personas y estableció fecha de audiencia preliminar para el expresidente Ricardo Martinelli para el 31 de octubre. Cabe destacar que la casa editorial no forma parte de la causa”, añade la SIP.
