Para muchos parecerá un déjà vu: ¿la ley sobre los poderes del Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) no estuvo ya ante el Tribunal Constitucional? La respuesta es “sí”. En mayo de 2020, la vigilancia de las telecomunicaciones globales fue declarada ilegal en Alemania.
Periodistas, asociaciones de derechos humanos y sindicatos habían presentado la demanda contra la ley BND -que fue luego reformada en 2021- argumentando que violaba el secreto de las telecomunicaciones y la libertad de prensa, ambos derechos anclados en la Constitución. Ahora, los posibles afectados por el espionaje, tanto en Alemania como en el extranjero, vuelven a llevar el caso a los tribunales, entre ellos, el periodista Can Dündar, de origen turco y exiliado en Alemania.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que lucha por la libertad de prensa en todo el mundo, y la Sociedad por los Derechos de la Libertad (GFF, por sus siglas en alemán) también son firmantes del recurso de inconstitucionalidad.
Desde el punto de vista de Bijan Moini, director del Departamento Legal de la Sociedad por los Derechos de la Libertad, la práctica de vigilancia legalizada es un “escándalo político-jurídico”, según dijo a DW, porque el BND aún puede rastrear millones de comunicaciones electrónicas en el extranjero, incluso sin una justificación específica.
El troyano estatal está permitido
Moini dice que al Servicio Alemán de Inteligencia se le permite recopilar demasiados datos, vigilar a muchas personas e indagar excesivamente en el trabajo de los periodistas. “Bajo el pretexto de recabar información estratégica en el extranjero, el BND puede ahora utilizar herramientas de vigilancia adaptadas a las personas, como un troyano de Estado, sin restricciones significativas”, critica el abogado.
En su opinión, la formulación de la ley es muy vaga en lo referente a la “identificación de amenazas”. Como ejemplo, Moini menciona que los servicios secretos están autorizados a vigilar “para proteger la capacidad de actuación de la República Federal de Alemania en política exterior”. Se trata de un concepto muy amplio, según el abogado, ya que “prácticamente cualquier cosa puede entrar en él”.
Los extranjeros corren más riesgo
Moini también considera que es inconstitucional la distinción que hace la ley del BND entre personas con y sin pasaporte alemán. Según la norma, la esposa turca de un alemán, a diferencia de su marido, puede ser vigilada en el extranjero.
Helena Hahn, de Reporteros sin Fronteras, señala también que el Servicio Alemán de Inteligencia puede acceder a los metatados; es decir, puede saber “quién se comunica con quién y durante cuánto tiempo”, explicó a DW. Hahn teme que, no solo a los medios de comunicación, sino también a los representantes de otras profesiones, que deben mantener el secreto profesional, como médicos y abogados, les resulte cada vez más difícil proteger a sus fuentes y contactos.
Programa de espionaje Pegasus
Hahn se alegra de que mujeres y hombres de otros países también consideren peligrosa la ley BND y participen en el recurso de inconstitucionalidad. En los 30 años que lleva como corresponsal en África, el belga Peter Verlinden ha publicado a menudo sobre temas como contrabando y corrupción, lo que, al parecer, lo puso bajo la lupa de agencias de inteligencia.
“Hace dos años, mi teléfono se infectó con el software de espionaje Pegasus”, contó Verlinden en una entrevista publicada en internet. El servicio de inteligencia militar belga lo descubrió “y sospechan que lo más probable es que el gobierno de Ruanda estuviera detrás de la acción”, dijo. Esto lo hizo más consciente del peligro de ser vigilado, ya sea por un régimen como el de Ruanda, o también en Europa, y por esa razón, afirma el reportero, apoya el recurso de inconstitucionalidad contra los servicios secretos alemanes.
DW
