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“Me llaman para amenazarme y decir que no puedo regresar”: periodista guatemalteca Michelle Mendoza

Por Alex Maldonado, publicado originalmente en Ocote.

Ciudad de Guatemala.- La periodista Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Guatemala, está en el exilio luego de haber sufrido un acoso constante, que inició en redes sociales, a través de cuentas anónimas; continuó con seguimientos físicos, cuando estaba sola o con sus hijas; y culminó con una persecución judicial por su labor informativa.

A lo largo de los últimos 13 años, Michelle Mendoza se ha dedicado a cubrir desde eventos diplomáticos hasta desastres causados por fenómenos naturales, como la erupción del volcán de Fuego en 2018. Se inició en 2009 en medios guatemaltecos y a partir de 2017 fue corresponsal de una de las cadenas de noticias más grandes del mundo.

A través de CNN, reportó al mundo cómo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) de ese país iniciaron investigaciones y procesos penales por actos de corrupción, que tocaron a los más altos niveles del sector gubernamental, político y empresarial.

Durante años, realizó su trabajo sin presiones. Pero después de que el presidente Jimmy Morales expulsara a la CICIG en septiembre de 2019, la situación para medios y periodistas —y para fiscales, jueces y activistas— comenzó a cambiar en Guatemala. También para Mendoza.

Inicia el calvario

“La situación conmigo empezó a salirse de control desde 2021, cuando mi hermano mayor, que por años había trabajado en el Ministerio de Desarrollo (Mides), me dijo que empezaron a acosarlo por mis publicaciones”, dice Michelle Mendoza a Ocote.

“En poco tiempo lo despidieron. Consiguió otros empleos, pero luego lo despedían por la presión hacia las empresas. Se enfermó porque ya no podía sostener a su familia. Fue una muerte civil y tuvo que salir del país para conseguir empleo”, recuerda.

Ella siguió su trabajo como periodista, pero el acoso de cuentas anónimas en redes sociales (conocidas como netcenters) fue en aumento.

“Un día, hice una pregunta en el chat de la Presidencia. Alguien le hizo una captura de pantalla y la circuló. Se veía mi pregunta y mi número de teléfono. La cuenta @LordVaderGT (ahora suspendida) la publicó. Fue cuando el acoso se volvió más agresivo”, recuerda.

Después de esto, Mendoza empezó a ser víctima de seguimiento físico. «Ya no podía ir al supermercado, llevar a mis hijas a caminar, al cine o simplemente salir en el auto. Me tomaban fotos y las publicaban. Yo representaba ya un peligro para ellas», dice, en relación a sus hijas.

En su teléfono empezó a recibir fotografías que le tomaban desprevenida o por la espalda. También fotos y videos pornográficos y de violaciones. La amenazaban con que eso le harían a ella. La empezaron a insultar y le pusieron apodos.

“Ese mes (mayo de 2021) viajo a Atlanta (Estados Unidos, a la sede de CNN) a recoger un equipo y entonces recibo una videollamada de Telegram con el logo de CNN y aparece un hombre masturbándose en vivo”.

Resbalón del netcenter

“Regreso a Guatemala y ese mismo mes, durante (la presentación) del informe anual de la Fiscal General Consuelo Porras, en el Hotel Camino Real, una periodista me alerta de que (la magistrada de la Corte Suprema de Justicia) Vitalina Orellana me estaba tomando fotografías por la espalda con su teléfono y se las estaba mostrando al magistrado Nery Medina”, dice Mendoza.

“Yo todavía le dije en broma que solo faltaba que @LordVaderGT lo publicara. Y entro en shock 15 minutos después, cuando la misma periodista me confirma que eso había pasado. Es en ese momento en que yo entiendo la seriedad del asunto por los tentáculos de esas personas”, añade.

La prensa en Guatemala hizo diversas publicaciones en donde mostraban las coincidencias entre las fotografías de la magistrada y la cuenta anónima. Se trataba de una alta funcionaria que estaba vinculada directamente a estas cuentas que acosan y amenazan a actores sociales.

Pese a los indicios, la magistrada Orellana negó los señalamientos y la publicación fue borrada. Mendoza denunció lo ocurrido ante el Ministerio Público (MP) y solicitó que las personas encargadas del hotel donde se realizó el evento le facilitaran la grabación del mismo. Pero según le respondieron, no existían cámaras dentro del salón. “Me negaron el acceso a la justicia”, asegura hoy.

Las intimidaciones no cesaron. Una corona fúnebre fue enviada a la casa de sus padres. Fue entonces cuando CNN decidió contratar un equipo de seguridad personal para proteger a Mendoza.

Según la periodista, meses después, la empresa que prestaba el servicio decidió declinar el mismo porque aseguraron recibir presiones y amenazas desde entidades del Estado.

Mendoza dice que en todo momento denunció lo que le ocurría ante el MP, pero que la institución nunca le dio respuesta.

Se consultó a Juan Luis Pantaleón, vocero de la Fiscalía, si se investiga algún caso de cuentas anónimas que exponen información personal de actores sociales en redes sociales. Pantaleón indicó que “denuncias específicamente que contengan el término netcenter en la narración del hecho hay una, por injuria y calumnia, y está en la Fiscalía de Asuntos Internos”.

Sobre las denuncias que Mendoza asegura que presentó en 2021, Pantaléon aseguró que «la Fiscalía de Delitos contra Periodistas tiene dos denuncias de 2021 y de 2015, donde se ligó a proceso a una persona de la SAAS (Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad) por el delito de agresión sexual».

La agresión de 2015 fue de un guardia presidencial en contra de Mendoza y de otra reportera, cuando varios periodistas seguían a la exvicepresidenta Roxana Baldetti para entrevistarla durante una diligencia judicial.

La investigación contra el Presidente

En septiembre de 2021, Mendoza recibió una serie de documentos y la declaración de un testigo que confirmaban que Alejandro Giammattei habría llegado a la Presidencia a base de sobornos de contratistas del Estado.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando estaba a cargo de Juan Francisco Sandoval, había iniciado esta investigación un año antes. Pero luego de la destitución y el exilio de Sandoval en julio de 2021, se había quedado bajo reserva en el juzgado que dirigía la jueza Erika Aifán, hoy también fuera de Guatemala.

Por seguridad, Mendoza decidió viajar nuevamente a Estados Unidos y desde allá investigar y cruzar información para confirmar la veracidad de los documentos. Se apoyó del medio digital El Faro, de El Salvador, que desde meses antes avanzaba en una investigación sobre el mismo tema*.

Las investigaciones se hicieron públicas, en El Faro y en CNN, entre el 14 y el 16 de febrero de 2022. Mendoza permaneció todo ese tiempo en Estados Unidos.

Según explica, estaba segura de que en el Gobierno conocían que ella era la responsable de esa información y previo a que fuera publicada, tanto ella como la cadena recibieron mensajes y llamadas advirtiéndoles de que no debían hacerla pública.

Último viaje a Guatemala

El 26 de abril, la periodista regresó a Guatemala. Pero un acoso constante durante tres días seguidos en redes, medios de comunicación y físicamente, le hizo reflexionar que no podía quedarse más tiempo.

“El mismo día del vuelo, el netcenter hizo público mi itinerario. El segundo día, un hombre con características de militar (por su postura, el corte de cabello y la forma de hablar) y vestido de repartidor de agua purificada llega a decirle a mi papá que me vaya ‘a la mierda’ de Guatemala”, revela.

“El tercer día, Rodrigo Arenas (procesado por financiamiento electoral ilícito en 2018) hace una publicación en República (medio del cual es presidente y gerente general) denigrándome como mujer y madre. Es cuando mi familia decide sacarme del país”, dijo ella.  La publicación, que está firmada por Redacción República, cuestionaba la ética de la periodista y la señala de haber abandonado a sus hijas.

Sobre la responsabilidad de la publicación, Arenas indicó a Ocote que “la autoría de ese reportaje es del módulo de investigación de República”.

Desde entonces han pasado seis meses. Desde Estados Unidos, Mendoza tramita su asilo, debido al hostigamiento y la criminalización que ha sufrido en Guatemala.

“Pueden decir lo que quieran de mí, pero nunca hice mal mi trabajo y si este es el precio que tengo que pagar por trabajar por mi país, lo acepto. Pero es duro ¿sabes?, porque no solo me afectan en mi papel de periodista. También lo hacen en mi papel de mamá, de mujer. Me sexualizan, me amenazan con violarme. Mentalmente, la despedazan a una”, señala Mendoza.

La periodista asegura que «estando ya en Estados Unidos mi jefe me avisa que el equipo legal de CNN en Guatemala había recibido información de que la fiscal general (Consuelo Porras) había dado luz verde para judicializar un caso en mi contra por obstrucción a la justicia, por la investigación que Fernando del Rincón hizo pública».

El actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche dijo públicamente que había presentado una denuncia para que se investigara “cómo se filtró un audio, hechos y circunstancias de un caso en reserva” y deducir responsabilidades penales.

Dos días después, el periodista José Rubén Zamora también llamó a Mendoza para advertirle. “No regrese porque la fiscal la quiere ver presa”, asegura que le dijo. “¡Oh, sorpresa! Ahora él está ahí, detenido como me querían tener a mí. A él le fabricaron un caso en 72 horas”, se lamenta.

La vulnerabilidad para el periodismo en Guatemala

Un análisis de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) sobre la criminalización de actores sociales, indica que desde finales de 2020 y durante 2021 se registró un patrón de denuncias de censura y discriminación a trabajadores de empresas públicas y privadas.

«Tuvimos muchas denuncias de personas que eran censuradas porque apoyaban en redes sociales a la CICIG o criticaban al gobierno. Hubo casos sonados como el despido de María Alejandra Morales, en la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y el hermano de Michelle, en el Mides», indicó Claudia Samayoa, encargada del Programa de Justicia de Udefegua.

Morales era asesora de comunicación en la Onsec y aseguró haber sido despedida como represalia por organizar una campaña de apoyo a mujeres víctimas de violencia.

En el caso de Mendoza, Samayoa asegura que, aunque la periodista presentó varias denuncias por lo ocurrido en su contra los últimos dos años, el MP no le ha dado la importancia suficiente. “Es impresionante que a pesar de que existe un protocolo de investigación para casos de defensores y periodistas, el trato con ella fue como: “¿Por qué se molesta por esto?””.

Además, Samayoa asegura que “estando ya fuera del país, ha habido una serie de llamadas y mensajes a través de un celular (desde Sudamérica) en donde siguen amenazándola con violarla. Ese es un problema para ustedes, los periodistas, porque la tecnología es parte de su trabajo y no pueden dejar de usarla”.

Desde 2014 a la fecha, según un recuento realizado por Ocote, al menos 19 periodistas y comunicadores han sido criminalizados y sometidos a procesos judiciales. Unos fueron capturados y otros han tenido que salir de Guatemala.

Para Mendoza, Guatemala aún no ha tocado fondo en cuanto a la destrucción de su sistema democrático y la persecución en contra de actores sociales. Pero también cree que es desde las comunidades que vendrá el cambio.

“La sociedad civil es el futuro. Lo que se haga desde las comunidades será lo que permitirá un cambio. No sé qué es lo que tiene que pasar porque la gente está preocupada por sobrevivir y no es fácil hacerlo allá. Va a tomar mucho trabajo y tiempo, pero sobre todo determinación de muchas personas”, finaliza.

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