Bolivia.- El Comité de Defensa de la Democracia (Conade) y organizaciones de la sociedad civil denunciaron ayer la asfixia económica y presión política que sufre el diario Los Tiempos de parte del Gobierno ante representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se prevé un posible pronunciamiento en noviembre, cuando llegue su presidenta, Julissa Mantilla, a Bolivia.
Los emisarios de la CIDH están en Bolivia revisando el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Estamos denunciando ante la CIDH está arremetida contra el periódico Los Tiempos de Cochabamba”, refirió Manuel Morales, representante del Conade.
En la nota entregada a Bruce Barnaby, responsable del mecanismo de seguimiento en Bolivia de la CIDH, la institución defensora de la democracia repudia la estrategia de “avasallamiento del Gobierno de Luis Arce Catacora cuyo objetivo final es la desaparición de las voces que se expresan a través de los medios de información como Los Tiempos”.
En tanto, el director de Los Tiempos, Marco Zelaya, en conferencia de prensa, explicó que se utilizan medios indirectos contra el diario como mecanismo de presión, controles impositivos exagerados, fiscalizaciones desmedidas de la Autoridad de Empresas (AEMP) y últimamente a través de la justicia servil al MAS.
“Busca tomar el control del periódico, lo que es una vulneración del derecho de la libertad de expresión, además de hacer una afectación directa a la gente que recibe información de un periodismo independiente”, sostuvo.
Otros escenarios
Zelaya adelantó que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya denunció la delicada situación de Los Tiempos e indicó que el periódico hará conocer en todo escenario internacional para “poner en evidencia de que estamos siendo objeto de esta asfixia y que esto va contra el sistema democrático, contra el sistema de derecho”.
“Creemos que esta situación no debería prolongarse y debería dejarse a la prensa independiente trabajar e informar como sabe hacerlo”, indicó.
Intimidación
Por otra parte, el Conade refirió que el utilizar la pauta publicitaria para afectar empresas de comunicación “constituye un chantaje del Gobierno para favorecer a medios de información serviles y penalizar a aquellos que mantienen una posición ética independiente”.
Audiencia
De acuerdo con Morales, la denuncia entregada a Bruce Barnaby Rubio se reiterará a Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH, una vez que se defina la fecha de la audiencia requerida.
Durante esta reunión, se conoció que en noviembre llegará la presidenta de la CIDH a Bolivia para evaluar la situación de las recomendaciones de la GIEI, además de referirse sobre lo que acontece con Los Tiempos.
Otras denuncias
A su vez, Alejandro Almaraz denunció el accionar del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que utiliza a la CIDH para justificar actos represivos, verdaderamente dignos de una dictadura militar, además africana.
“Emula a Idi Amin, el señor Del Castillo forzando la aplicación de la detención preventiva para jóvenes con el solo argumento de portar vinagre en cascos y petardos con la arbitrariedad más aberrante y siguiendo la línea de Evo Morales”, sostuvo al referir la política represiva que ejerció el líder de los cocaleros durante su administración y la poca capacidad de diálogo que tenía y se replica.
Los Tiempos debe llegar a todo foro internacional
El diplomático y exembajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio Otero, señaló que Los Tiempos debe acudir a todos los organismos internacionales para denunciar el atropello del Gobierno, que busca silenciar una voz independiente en el periodismo boliviano.
“Además de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Los Tiempos debe acudir a instituciones que defienden la prensa que hay en Estados Unidos, en la Unión Europea, porque no se puede esperar nada de la justicia boliviana que está sometida al poder político de turno”, indicó Aparicio.
Develan uso de agentes militares de inteligencia
El encuentro de los técnicos de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con diferentes actores de la sociedad civil no generó mayor expectativa entre los asistentes, toda vez que lamentaron que esta institución tomó partida con los gobiernos de izquierda. Sin embargo, dejaron en denuncia la detención de jóvenes que protestaban de forma pacífica.
El 21 de julio, en La Paz y Cochabamba se llevaron adelante marchas ciudadanas pacíficas en demanda de la independencia de justicia, la libertad de los presos políticos y el cese de la represión política que aplica el Gobierno central.
En La Paz, “la marcha realizada sufrió la agresión física de un grupo de choque del partido de gobierno (MAS), que, conociendo el punto de concentración de la marcha, se dio cita para agredirla y bloquear su recorrido de manera violenta, con el uso de piedras, petardos, proyectiles”.
Para evitar la confrontación, los marchistas se retiraron, pero luego siete jóvenes fueron detenidos. “Tres de ellos permanecen encarcelados y acusados de cometer el delito de tenencia y porte o portación ilícita”, pero entre los que fueron liberados se evidenció que tres son militares de inteligencia en servicio activo con nombres y documentos falsificados.
Los Tiempos