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Nueva ley de comunicación del Gobierno en riesgo de aprobación en la Asamblea Nacional

En la Asamblea Nacional no hay los votos suficientes para aprobar la nueva ley de Comunicación planteada por el Gobierno nacional y que recibió aportes de otros sectores políticos y sociales. Foto: Vicente Ordóñez

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, anunció que el jueves próximo se votará el informe de mayoría en el pleno.

Quito, Ecuador.- La propuesta del Ejecutivo de crear una nueva Ley de Comunicación, y que recibió algunos ajustes hasta llegar al texto final de segundo debate, corre el riesgo de no aprobarse en la Asamblea Nacional.

Este martes, 19 de julio, se suspendió la votación del informe final de mayoría en vista de que la legisladora ponente, Marjorie Chávez (PSC), está fuera del país y el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, suspendió el trámite hasta el jueves 21 de julio, cuando se tendrá que votar el documento con o sin la presencia de la ponente.

Al momento, no existen los votos para aprobar el informe de segundo debate de la ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la Comunicación, que recoge la propuesta del Ejecutivo y de otros legisladores.

El sector del correísmo representado en el Parlamento por la bancada Unión por la Esperanza (UNES) anunció que no votará por el informe de mayoría y que respaldará el de minoría que realiza reformas a la Ley de Comunicación. En esa misma línea está el sector de Pachakutik, que sumados superan los 70 votos.

En el informe de mayoría se establece la prohibición de que los periodistas sean enjuiciados penalmente, pues incluye un texto al artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, donde se señala que “no habrá lugar a responsabilidad penal en el escrutinio realizado por periodistas, medios de comunicación u otra persona que ejerza su derecho a la libertad de expresión, respecto a temas que versen sobre el desempeño o gestión de los funcionarios públicos”.

A diferencia del informe de minoría, que en su artículo 12 dispone que “habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en el ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona”.

El informe de mayoría impulsa la capacitación de los medios para la autorregulación y en el informe de minoría se buscan otros mecanismos de regulación.

Marcela Holguín, coordinadora de la bancada UNES, recordó que su bloque planteó una moción para que se apruebe el informe de minoría, y de esa forma rechazar el informe de mayoría.

No comparten el informe de mayoría, insistió Holguín, pues consideró que no es pertinente dividir en dos cuerpos normativos: la ley de publicidad, producción nacional y espectro radioeléctrico, y la ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación.

En el informe de minoría se señala que mantener un cuerpo normativo único permite generar mejores condiciones para la regulación de los derechos que giran en torno a la comunicación, garantiza de mejor manera la seguridad jurídica y la garantía de normativa de la Constitución.

Holguín comentó que su organización política cree que debe mantenerse el porcentaje del espectro radioeléctrico como es el 33 % para medios públicos, 33 % para medios privados y 34 % para medios comunitarios.

Según el legislador Fernando Villavicencio (CN-PSE), la comisión de Relaciones Internacionales que tramitó el proyecto hizo un esfuerzo para encontrar consensos en la construcción de una ley moderna que se adapte a los convenios y tratados internacionales. Una ley que represente un proceso de transformación y de cambios para sostener la democracia.

Sin periodismo libre es imposible hablar de democracia, afirmó Villavicencio, pues afirmó que el proyecto de minoría busca dejar atrás el Estado de propaganda, la monopolización de las frecuencias. Que con el informe de minoría pretende volver al pasado, volver a la ley mordaza, a aquel momento en el que el Gobierno, los días sábados, anunciaba a quién enjuiciar.

Invitó al movimiento indígena, que es el grupo político que tiene en sus manos la definición de una votación, a que respalden el informe de mayoría que a su criterio apunta a una distribución democrática y equitativa de las frecuencias; pues se recoge la obligación del Estado ecuatoriano de apoyar e impulsar a las radios comunitarias.

“También decirles al movimiento Pachakutik que recuerden lo que pasó con la ley mordaza durante el correísmo, pues con esa ley se pretende continuar penalizando la opinión y eso es lo peor para el periodismo de investigación”, puntualizó Villavicencio. (I)

El Universo

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