El Gobierno ya tiene diseñado el veto parcial para las reformas a la Ley de Comunicación que propone la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, pero tiene resistencia.
Esta propuesta legislativa, ampliamente criticada al ser más restrictiva que la actual, tiene el respaldo del correísmo, más los disidentes de la línea partidista de Pachakutik y de la Izquierda Democrática.
Las reformas, han advertido los gremios de periodistas, de medios de comunicación, y de la sociedad civil organizada, contienen elementos que fortalecen la censura a la libre circulación de las ideas, atribuyen funciones no establecidas en la ley para la Defensoría del Pueblo.
Además, incumplen con las normas internacionales al eliminar la opinión como parte de los contenidos comunicacionales y dejarla desprotegida.
También, amplía las sanciones civiles “o de otra índole” que ocasionarían una presión legal con sanciones o pena de cárcel por mostrar hechos o expresar opiniones.
Asimismo, extiende la censura previa para los medios privados, lo cual, según un análisis de Fundamedios, afecta al principio de libertad editorial. Se eliminan principios de autorregulación y se fortalece la intervención del Estado para controlar contenidos.
El Gobierno modificaría en un 70% la propuesta de la nueva mayoría de oposición que manda en el Parlamento.
Los alcances del veto
Ayer, desde las 09:00, se realizó el primer encuentro informativo del veto parcial que enviaría el Gobierno de Guillermo Lasso a la Asamblea hasta el miércoles 24 de agosto.
El secretario de Comunicación, Leonardo Laso, explicó que el Gobierno ve pertinente un veto parcial. Lo hizo frente a 50 periodistas, líderes gremiales y de opinión y organizaciones de la sociedad civil.
El equipo jurídico de la Presidencia contó que, aunque es una propuesta inicial, se busca una retroalimentación de quienes serían los más afectados por la vigencia de las normas que propone la nueva mayoría del Parlamento.
El Gobierno planea dividir el veto en dos partes. Una, por posibles inconstitucionalidades y, la segunda, por objeciones parciales directas a la propuesta legislativa. Mediante este mecanismo, el texto final se conocería en unos 60 días.
Así, la objeción por constitucionalidad, texto que iría al análisis de la Corte Constitucional por la vulneración de derechos, se preguntaría, por ejemplo, sobre la eliminación de la opinión como contenido comunicacional, la aprobación de planes de comunicación por el Arcotel y la exclusión de los medios comunitarios del régimen normativo.
Como objeción parcial son ocho temas, entre ellos, impedir las nuevas atribuciones a la Defensoría del Pueblo, detener la modificación a la composición del Consejo de Comunicación, eliminar los defensores de audiencias y el control de la autorregulación.
Resistencia y pedido de veto total
En las intervenciones de los asistentes hubo consenso mayoritario en pedir el veto total por parte del presidente Guillermo Lasso. Así se pronunciaron los representantes de la Unión Nacional de Periodistas, la Asociación Ecuatoriana de Periódicos, Fundamedios, y directores de medios. Incluso, los delegados de un medio televisivo abandonaron el evento advirtiendo que la postura del medio es el veto total.
En distintas mesas coincidieron que el juego político actual no garantiza que en la Asamblea exista una clara posibilidad de que el Gobierno triunfe. Es decir, hay un riesgo de que la oposición, liderada por el correísmo, alcance los 92 votos para ratificar en la propuesta de ley que es restrictiva.
Sin embargo, en las distintas mesas de trabajo, se recordaron asuntos que todavía están pendientes. Por ejemplo, que la asignación de frecuencias debería pasar a la ley de telecomunicaciones, eliminar el término democratización de la propiedad de los medios, incentivos tributarios para la importación de papel, equipos de trabajo y para la publicidad de empresas privadas para que los medios no dependan de la publicidad estatal.
El Gobierno dijo estar abierto a una posible revisión de la estrategia. La decisión final es del presidente Guillermo Lasso. (JC)
La Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH recibió aportes
Ayer también, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se reunió, vía telemática, con varios periodistas y organismos de la sociedad civil.
Allí, nuevamente los asistentes pidieron el veto total y que la CIDH pueda respaldar esta postura. Incluso, que esa oficina pueda colaborar en la desclasificacion de la información el caso del asesinato de los periodistas de El Comercio.
El secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, viajó a Washington para reunirse también con Vaca.
La Hora
