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Riesgo y recompensa


Ángeles García es fotoperiodista y cubre la nota roja en Tijuana, una ciudad clasificada como una de las más peligrosas del mundo.

Situada en la frontera suroeste de Estados Unidos, Tijuana es una ciudad del estado mexicano de Baja California y se encuentra en un corredor considerado entre los peores en cuanto a la incidencia de delitos de crimen organizado, incluido el tráfico de drogas, armas y personas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que numerosos carteles transnacionales compiten por rutas de droga en la ciudad, y que “los delitos violentos y actividades de pandillas son comunes”.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California informó, solo en junio, que 257 personas fueron víctimas de homicidio. Y en lo que va del año, Tijuana tiene la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo.

Fuera de las zonas de guerra, México se ubica como el lugar más peligroso para los periodistas, con al menos 60 asesinados en relación con su trabajo desde 1992, el año en que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), comenzó a rastrear los asesinatos de comunicadores.

Cubrir crimen organizado presenta el mayor riesgo, según datos del CPJ. Reporteros sostienen que los esfuerzos oficiales para garantizar la seguridad de los medios no son suficientes.

Este año la ola de violencia ha impactado directamente a los comunicadores en México. En los primeros seis meses de 2022, 12 fueron asesinados, dos de ellos en Tijuana.

Como una de las primeras mujeres fotoperiodistas asignadas para cubrir los hechos de violencia en Tijuana, García ha sido testigo de los actos criminales inimaginables. Al mismo tiempo ha visto cómo a través de su labor se pueden generar cambios positivos en la ciudad.

García y otros periodistas de Tijuana a quien la Voz de América entrevistó, recordaron cómo sus historias han sido motivadoras de cambio. Líderes comunitarios describieron cómo los informes locales generaron conversaciones sobre seguridad y ayudaron a mejorar las relaciones entre la policía y el público y cómo familiares de personas desaparecidas recibieron apoyo luego de tanto insistir.

“Reporteros en Tijuana son reconocidos por su independencia y el impacto de sus coberturas”, asegura Celeste Gonzáles de Bustamante, directora del Centro de Periodismo Fronterizo y Global de la Universidad de Arizona y experta en cómo los medios mexicanos responden y se adaptan a la violencia. También es coautora del libro: “Surviving Mexico”, que examina la labor de los periodistas que trabajan en las regiones más peligrosas.

“Hay muchos periodistas y organizaciones periodísticas que han estado haciendo un trabajo muy crítico hacia el gobierno y comunidades de Tijuana”, dijo a la Voz de América Bustamante.

Y el acceso a información fidedigna es vital.

Cuando los medios no pueden cubrir estas historias, la gente “mira a otras personas que están publicando información que podría no ser confiable”, dijo Gonzáles de Bustamante. “Y luego la comunidad se ve obligada a tomar decisiones que podrían poner en riesgo sus propias vidas”.

Noticia de primera plana

Cuando García comenzó a tomar fotos en escenas de crimen, entre ellos el caso de asesinato por ahorcamiento en el puente en Tijuana, su trabajo era noticia de primera plana.

“Ejecutado en forma sádica”, titulaba la noticia que fue acompañada por la foto que García tomo en octubre de 2009.

Todavía recuerda que mientras tomaba las fotografías, comenzaba el ajetreo y el tráfico habitual de la mañana en la ciudad. “Era un día de escuela. Tomé varias imágenes de personas que ya no conducían, pero que daban la vuelta mirando el puente”.

La espantosa exhibición pública fue la primera en la ciudad.

La víctima, Rogelio Sánchez Jiménez, titular de la agencia expedidora de licencias y placas de la oficina de Recaudación de Rentas del Estado, había sido secuestrado días antes.

Como una de las primeras fotógrafas asignada para cubrir el crimen en la ciudad, García tenía claro que debía hacerlo bien.

Antes de cubrir la nota roja, la fotógrafa se dedicaba a capturar momentos felices, como bodas, fiestas de quinceañeras y celebraciones.

“Momentos muy felices”, asegura.

Luego recibió una llamada del ‘El Sol de Tijuana’ ofreciéndole una posición como fotoperiodista de crimen en la ciudad.

“Estaba en una línea de trabajo llena de colegas masculinos que habían tomado fotos durante mucho tiempo, y pensé: “Está bien, esta es mi oportunidad de demostrar que puedo hacer esto”, dijo.

Sembrando esperanza

Las escenas gráficas de violencia no son el único enfoque de García. También hace reportajes sobre los familiares que buscan a sus seres queridos.

Estas historias de seguimiento pueden tener el mayor impacto al exponer cómo el sistema puede fallar tanto a las víctimas como a sus familias. José Fernando Ortigoza ha estado buscando a su hijo adulto desaparecido durante ocho años.

Ortigoza es secretario de la Asociación Unida por los Desaparecidos de Baja California. Conformado por decenas de organizaciones civiles, el grupo no solo aboga por los desaparecidos, sino que también los busca.

Es una gran labor: Los datos muestran que desde 2007 hasta principios de este año, más de 14 000 personas han desaparecido en Baja California. En ese mismo período se encontraron 200 fosas comunes. Según la fiscalía general del Estado de Baja California.

Autoridades apuntan a que las personas son víctimas por distintas causas: pueden ser secuestrados por razones económicas, cuando los secuestradores quieren obtener remuneración al cobrar un rescate, o se cree que la víctima tiene conexiones con actividades delictivas y, a veces, la víctima simplemente está en el lugar y momento equivocado.

La asociación busca periódicamente restos y otras pruebas de personas desaparecidas. La Voz de América se unió a Ortigoza y otros miembros en una de esas búsquedas en abril en el Valle de San Pedro, un área a 30 minutos de Tijuana.

Los acompañaba un convoy de vehículos que transportaba funcionarios estatales y nacionales, miembros de la fiscalía, arqueólogos y geólogos.

Pero no siempre fue así.

Cuando el grupo comenzó en 2015, las familias proporcionaban todo lo que se necesitaba: financiación, vehículos e incluso palas.

“No tuvimos ningún tipo de apoyo de los funcionarios estatales o federales para buscar a nuestros hijos desaparecidos, pero con el tiempo y el apoyo de los reporteros y los medios, pudimos crear más conciencia sobre el trabajo que estábamos haciendo”, dijo Ortigoza.

El interés de los periodistas, junto con la persistencia de las familias de las víctimas en buscar el apoyo del entonces gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, ayudó a la asociación a encontrar la asistencia que necesitaba.

Sin la atención de los medios, dice Ortigoza, no habríamos tenido éxito.

“Hemos crecido a través de los años porque los reporteros siempre han estado con nosotros. Cuando hacemos una protesta o tenemos una conferencia de prensa, ellos están allí y ayudan a que los funcionarios estatales conozcan más nuestros esfuerzos”, asegura.

García ha fotografiado varios grupos de búsqueda a lo largo de los años y entiende cómo los involucrados confían en la cobertura. Una vez, una mujer se acercó a darle las gracias.

“Por eso estamos aquí”, le dijo García.

La presencia de los medios también evita que los casos se olviden. Como la desaparición en 2007 de Juan Antonio Orpinela Osuna, un joven de 19 años.

Teresita del Niño Jesús Osuna Osuna casi siempre tiene puesta durante las búsquedas una camisa con la foto de su hijo, en conversación con la Voz de América asegura que aún no sabe por qué se lo llevaron.

“Mi hijo vino a pasar unos días con su tío”, dijo. A los pocos días de su llegada a Tijuana, un comando armado los emboscó y se los llevó a él, a su tío, a la esposa de su tío y a su hijo, un niño de 14 años”.

La familia nunca volvió a saber de ellos, y Osuna ahora viaja de un lugar a otro tratando de encontrar algún indicio que la acerque a encontrar a su hijo.

En abril de este año viajó desde Mazatlán a Tijuana, más de 1.700 kilómetros de distancia, luego de que recibiera una llamada indicándole que los restos de su hijo podrían estar en el Valle de San Pedro en donde bandas criminales habían usado parte de esa zona como vertedero de cuerpos.

Con palas, varas, usando sombreros, camisas de manga larga y máscaras, Osuna y los demás trabajan durante horas bajo el sol.

Sondean el suelo con varillas mientras se abren paso entre arbustos, terrenos montañosos y desiertos, con la esperanza de encontrar fragmentos de huesos o restos para enviar a la oficina forense.

Para el secretario de la asociación, Ortigoza, las búsquedas ayudan a sobrellevar el dolor de no saber.

Su hijo, José Alberto Ortigoza Martínez, trabajaba para una empresa de alimentos y cruzaba regularmente la ruta de frontera entre México y Estados Unidos. Pero el 24 de enero de 2014, el joven de 26 años desapareció en el puerto de entrada del lado estadounidense de Otay Mesa, California, mientras viajaba por trabajo. Su teléfono se apagó rápidamente. Su familia, incluida su pareja y su hijo pequeño, nunca más supo de él.

“Esto ayuda con la tristeza y la depresión que alguien puede sentir al quedarse en casa sin hacer nada”, dijo el padre a la Voz de América. “Sientes que estás haciendo algo por tus hijos”.

Y la atención de los medios ayuda a que él y las otras familias se sientan apoyados.

Tal cobertura, dijo Ortigoza, es “imperativa”.

“A través de su trabajo (el de los medios), más personas se acercan a nosotros, preguntan qué estamos haciendo y quieren unirse a nuestros esfuerzos”, dijo.

Construyendo confianza
Los medios pueden cerrar la brecha entre tijuanenses y autoridades locales, una brecha abierta por años de desconfianza y comunicación interrumpida.

Debido a su inacción y fracaso para asegurar los enjuiciamientos, la fuerza policial de Tijuana ha obtenido una mala puntuación en las revisiones de seguridad nacional. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2022, la autoridad recibió 300 denuncias y quejas por mal comportamiento policial.

A nivel nacional, los salarios bajos, la falta de recursos y la laxitud contribuyen al abuso y la corrupción en el servicio policial mexicano, observado por Human Rights Watch en 2020.

Algunos policías se enfrentan a amenazas por parte del crimen organizado, mientras que a otros se les soborna. De cualquier manera, la aplicación de la ley es una profesión arriesgada con una alta tasa de mortalidad.

En 2022, la alcaldesa de Tijuana y su jefe de policía se comprometieron a combatir la corrupción y los elementos criminales dentro de la policía.

Algunos residentes no han esperado a ver resultados. A medida que aumentó la delincuencia en los últimos años en Tijuana, la confianza de Genaro de la Torre en las autoridades se hundió.

Nacido y criado en Tijuana, de la Torre se dedica a su ciudad y a su familia, es propietario de una gran empresa de distribución de alimentos.

En su oficina se pueden ver las paredes adornadas con fotos familiares y diplomas universitarios. De la Torre describe cómo al pasar el tiempo notó el aumento de asesinatos y secuestros a nivel local.

Para 2008, “recibí información de que había hasta cinco secuestros por día y las autoridades tenían los ojos vendados”, dijo de la Torre. Los funcionarios parecían inseguros sobre dónde comenzar a investigar o incluso sobre lo que estaba sucediendo.

En 2015, con la ayuda de otros residentes, de la Torre formó el Comité de Seguridad Pública Ciudadana de Tijuana, un grupo de propietarios de negocios y residentes que trabajan juntos para organizar iniciativas y proteger a las comunidades. A menudo invitan a la policía local a sus reuniones.

Es una oportunidad para compartir inquietudes e información sobre robos, amenazas y crimen organizado.

La cobertura mediática de incidentes recientes a menudo genera conversaciones en tales reuniones.

“Los periodistas están en cada parte de la ciudad en todo momento y en cualquier situación. Saben dónde buscar las cosas que están escondidas”, dijo de la Torre.

La asociación pronto encontró un obstáculo para combatir el crimen: “Nadie tenía confianza”, dijo. “Durante las reuniones, preguntábamos: ‘Está bien, hay 150 personas aquí. ¿Quién informó a la policía sobre este incidente?’ Y solo tres personas levantaban la mano”.

Pero con el tiempo, a medida que los reporteros cubrían tanto las reuniones como el seguimiento policial de las denuncias, la gente comenzó a tener más confianza. Eso condujo a una serie de protestas y a más informes sobre el aumento de la violencia.

Esa publicidad persuadió a más personas a asistir, dijo de le Torre.

“Es importante hacer esa conexión entre autoridades y ciudadanos. Tuvimos estas reuniones para romper esa falta de respeto entre policías hacia los ciudadanos y ciudadanos hacia los policías”, dijo.

La confianza fue clave, pero también lo fue la contribución de los periodistas.

“Los temas salen a la luz por los reporteros, y muchas veces las autoridades ni siquiera saben qué está ocurriendo”, dijo de la Torre.

Ahora, en las reuniones, los miembros de la comunidad plantean problemas y la policía los actualiza sobre las investigaciones.

“Su apoyo (de los periodistas) nos ayudó a trabajar de la mano con las autoridades y empezamos a percibir un cambio entre los vecinos. Empezaron a confiar más y a hablar más, que es importante, para que no exista impunidad”, asegura de la Torre.

Un año mortal

El mes de enero subrayó la delgada línea que los periodistas en Tijuana caminan entre cubrir el crimen y convertirse en la historia.

El fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue asesinado a tiros cuando se dirigía al trabajo el 17 de enero. Y el 23 de enero, la destacada periodista Lourdes Maldonado López fue encontrada muerta a tiros dentro de su vehículo.

Los colegas de Martínez creen que los asesinos lo atacaron por una cuenta falsa de Facebook creada en su nombre. La cuenta publicó información que afirmaba poder identificar a las personas detrás de la actividad delictiva en la ciudad.

La policía dice que los sospechosos en ambos casos han sido identificados y arrestados. Pero, aun así, los asesinatos llevaron a los periodistas a tomar precauciones adicionales de seguridad.

Ahora informan a sus colegas sobre las historias en las que están trabajando o los lugares que planean visitar, usan mensajes de texto para mantenerse conectados y ya no viajan solos a algunos lugares.

“No hay garantías para nosotros los periodistas que impidan que el día que alguien quiera venir por uno de nosotros, lo haga. Y lo peor es que no hay justicia”, dijo Sonia de Anda.

La codirectora del sitio de noticias y programa de radio “Esquina 32” es miembro del grupo de WhatsApp #YoSiSoyPeriodista.

Establecido inicialmente en 2019 con el grupo de libre expresión Artículo 19 para que los medios pudieran denunciar el acoso relacionado con las elecciones estatales de ese año, de Anda reutilizó el chat en línea para mantener a los periodistas seguros y darles una voz.

Mirando su teléfono, de Anda, quien trabaja en un pequeño estudio en Tijuana, dijo que los miembros se enfocan en defender la libertad de expresión y su independencia.

“Este es un lugar donde acordamos hacer declaraciones públicas o un llamado a la acción”, dijo de Anda.

Con más de cien miembros, #YoSiSoyPeriodista también fomenta un sentido de comunidad y seguridad al servir como un sistema de alerta para los periodistas amenazados durante su trabajo.

Cuando eso sucede, los miembros entran en acción. Algunos rastrean a los periodistas, incluso buscándolos en la ciudad. Otros informan a las autoridades.

De Anda contó cómo un reportero había usado el sistema en diciembre de 2021 cuando pensó que lo estaban siguiendo.

El mensaje que envió el periodista al grupo de WhatsApp resultó en que la policía fuera informada rápidamente. Luego rastrearon y encontraron al reportero para asegurarse de que estaba a salvo.

“Siempre hubo grupos de WhatsApp aquí y allá, pero esta es la primera vez que la mayoría de nosotros nos reunimos en este frente, dejando de lado todas las diferencias”, dijo de Anda.

¿Por qué correr el riesgo?

Desde afuera, puede ser difícil entender por qué, frente a tanta violencia y riesgo, los periodistas de Tijuana continúan su labor.

Pero son apasionados. Varios compartieron historias con la Voz de América sobre cómo sus informes provocaron un cambio.

Gabriela Martínez, trabaja por cuenta propia y colabora con el diario El Universal, ella informó sobre un centro de detención de jóvenes donde agentes de seguridad golpeaban y violaban a los residentes.

“Cuando publiqué la historia, algunos padres la imprimieron y empezaron a dársela a la gente fuera del centro de detención”, dijo Martínez. “Eso creó una reacción en cadena donde la gente comenzó a protestar y exigir respuestas”.

Debido al trabajo de Martínez, las autoridades ordenaron una investigación, despidieron a la directora de la instalación y establecieron nuevas políticas.

Daniel Ángel Rubio, editor y director de noticias de El Sol de Tijuana, describió cómo su cobertura sobre las terribles condiciones laborales en una fábrica textil promovió un cambio.

“Tenían condiciones de transporte horribles para los trabajadores. Hubo informes de varios accidentes”, dijo Rubio.

Cuando se publicó su historia, la persona que supervisaba los contratos de transporte llamó a su periódico. “Se hicieron cambios. Los trabajadores tenían mejores servicios de transporte”.

La investigación de las académicas Gonzáles de Bustamante y su coautora en el libro “Surviving Mexico” o “Sobreviviendo México”, Jeannine Relly, encontraron que la cobertura de los medios genera acción.

“Después de que los periodistas informan sobre violencia… hay individuos, ciudadanos que quieren retribuir”, dijo Relly, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Arizona, a la Voz de América.

Algunos ciudadanos se quieren involucrar, otros encuentran alivio en compartir experiencias.

Los medios de comunicación reflejan un sentido similar de solidaridad: en la forma en que absorben el trauma de cubrir a diario la violencia, escriben Relly y Gonzáles de Bustamante en “Sobreviviendo a México”.

“A través de tiempos difíciles, los periodistas en Tijuana han demostrado resiliencia y disposición para superar cualquier trauma personal para continuar haciendo su trabajo”.

García todavía cubre la nota criminal y actividad policial, pero lo que solía ser un trabajo de seis días ahora es solo de dos jornadas.

Su interés por el ritmo no ha disminuido. Pero su enfoque se ha expandido a otros temas, incluyendo migración y los desastres ambientales que afectan la ciudad.

García encuentra alivio en la creciente solidaridad entre sus colegas, pero cada trabajo siempre deja su huella.

“Recuerdo la mayoría de las fotos que he tomado a lo largo de los años”, dijo. “El dolor de la familia, el dolor de la víctima, el impacto que tuvo esa historia y, la mayoría de las veces, el dolor que sentí al tomar la foto”.

La Voz de América

 

 

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