Colombia.- La FLIP celebra la decisión, de segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Antioquia que declara la responsabilidad del Estado en el caso del homicidio del periodista Edison Molina. Esta decisión se tomó con base en la posición absolutamente pasiva que adoptó el Estado frente a la situación de peligro a la que se enfrentaba el comunicador; además, reconoce la relación del crimen con las denuncias periodísticas que hacía Molina. En primera instancia el juzgado 17 administrativo de Medellín había tomado una decisión en este sentido, pero esta fue apelada por la Fiscalía y la Policía.
Molina fue asesinado el 11 de septiembre del 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. Meses antes del homicidio el periodista le había reportado a la Fiscalía las amenazas y agresiones de las que estaba siendo víctima. Sin embargo, esta entidad se limitó únicamente a ordenar que la Policía hiciera rondas de patrullaje; estas acciones fueron implementadas de oficio, pues nunca se hizo un estudio para evaluar el riesgo al que realmente se enfrentaba el comunicador. La Fiscalía tampoco realizó una investigación diligente para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección. Para el Tribunal, las medidas tomadas “evidentemente no se compadecían con la situación de seguridad” del comunicador.
La sentencia también reconoce que Molina antes de su muerte ejercía como periodista. Durante la investigación del caso, en algunos momentos, los investigadores de la Fiscalía afirmaron que él solo era un líder político, aún cuando la evidencia mostraba que Molina trabajó en la emisora Puerto Berrío Estéreo y realizó más de 60 denuncias sobre distintas irregularidades de la administración municipal. El fallo también reconoce la relación del homicidio con las investigaciones que el periodista llevaba a cabo; así, reitera el impacto individual y colectivo que tienen los asesinatos a la prensa en la libertad de expresión.
El próximo 11 de septiembre se cumplen nueve años del asesinato de Molina. Durante este tiempo, se ha fallado en el desarrollo de una investigación eficaz, impidiendo que se pueda sancionar a los autores del homicidio. El caso de Molina es reflejo de la completa impunidad en la que viven la mayoría de asesinatos contra periodistas en Colombia, donde en casi 8 de cada 10 casos no se ha judicializado a los autores materiales o determinadores.
Por eso, a finales de marzo, la FLIP le solicitó a la Fiscalía implementar un Comité Técnico Jurídico, que evaluara el avance de la investigación del caso de Molina e identificara las fallas que no han permitido encontrar justicia. Esperamos que esta nueva sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia se traduzca en avances significativos por parte de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad.
Por último, el tribunal ordenó que a modo de reparación se realice una ceremonia pública en Puerto Berrío, en la que la Policía y la Fiscalía ofrezcan excusas por no haber protegido debidamente la vida de Molina. También, en el mismo municipio, se deberá llevar a cabo un taller, seminario o cátedra sobre derechos humanos, con especial énfasis en la promoción y respeto por el derecho a la libertad de expresión, garantías de la oposición y defensa de derechos humanos.
Para la FLIP este fallo se posiciona como un importante precedente que debe ser tenido en cuenta por el Estado para establecer lineamientos adecuados sobre la protección a la prensa. Este caso refleja la falta de articulación institucional para atender casos de periodistas que reciben amenazas por razón de su oficio.
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