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Un año de la muerte del periodista Montalvo: sin justicia en su crimen ni protección a la prensa en Tuluá

Hace un año, el 19 de septiembre del 2021, el periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá, Valle del Cauca. A sus 68 años, Montalvo realizaba críticas a la alcaldía local y denunciaba hechos de corrupción y delincuencia; tenía un gran reconocimiento de la comunidad, y durante varias décadas de trayectoria periodística se dedicó a cuestionar las acciones de quienes estaban en el poder. Su homicidio generó un ambiente de autocensura y visibilizó los riesgos a los que se enfrenta la prensa de la región; desde su asesinato, en Tuluá, se han registrado tres amenazas a la prensa y un exilio.

Montalvo empezó en el periodismo a los diecisiete años, en el periódico El País de Cali. También fue reportero de Antena 2, El Caleño, Radio Reloj, La Cariñosa, el semanario El Tabloide y los periódicos locales La Variante y Mercurio. En la última década se dedicó a publicar de forma independiente en dos páginas de Facebook que llevaban su nombre. Allí difundía notas de opinión de su autoría y hacía eco a trabajos periodísticos de varios medios locales y nacionales sobre temas relacionados con la política, la seguridad del municipio y asuntos de tránsito. Seis meses antes de su muerte, según fuentes consultadas por las FLIP, había recibido amenazas por parte de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Alcaldía.

Para la Fiscalía, una de las hipótesis es que el asesinato está relacionado con el oficio periodístico de Montalvo. Sin embargo, durante el último año no se ha esclarecido quiénes determinaron el homicidio y cuáles fueron sus motivaciones. Los esfuerzos de la Fiscalía han estado dirigidos a capturar a los autores materiales, que son  el eslabón más débil de toda la cadena criminal. Actualmente ya se dictó una condena de sesenta meses contra uno de los sicarios y otro de ellos está en proceso de ser judicializado. No obstante, se desconoce cuál fue el rol que ejerció cada uno en el crimen.

Para la FLIP, estos avances no desarticulan el riesgo que tienen las y los reporteros que denuncian asuntos de interés local en Tuluá; por lo que no hay una reparación en términos de verdad y reconocimiento del riesgo diferenciado a la prensa local. Es fundamental que el Estado judicialice a toda la cadena delictiva y, así, demuestre su compromiso en la lucha contra la impunidad de este tipo de crímenes.

A un año de su asesinato la FLIP hace un llamado específico a la Fiscalía General para que aumente los esfuerzos en la investigación y que establezca quiénes fueron los autores materiales y cuáles fueron sus móviles.

FLIP

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