CRISTINA TARDÁGUILA
Compartir de forma intencional “contenidos falsos” sobre las Fuerzas Armadas puede implicar una condena de 15 años de cárcel en Rusia. Una nueva ley, aprobada por el parlamento ruso el 15 de marzo, sale pocos días después del primer aniversario de la invasión de Ucrania y está claramente alineada con los intereses del presidente Vladimir Putin: busca silenciar a la oposición.
La nueva norma, inicialmente propuesta por empresarios aliados del gobierno y reconocidos miembros del grupo paramilitar Wagner, amplía la lista de entidades que no pueden ser “desacreditadas” por noticias falsas. Además del ejército, pasan a estar legalmente protegidos de las fake news todos los funcionarios rusos en el extranjero y todas las unidades militares que “contribuyan a llevar a cabo las tareas atribuidas a las Fuerzas Armadas rusas”.
Es importante subrayar que la ley no tiene una definición de la expresión “noticias falsas” ni establece quienes decidirán qué es verdadero o falso en el país. O sea, abre la puerta para un mal uso de la norma, sobre todo político.
“Esta ley es el paso más reciente en los esfuerzos de Rusia por construir una realidad paralela dentro del país y silenciar los informes independientes sobre la verdad de la guerra en Ucrania”, dijo el subdirector del Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por su sigla en inglés), Scott Griffen, después de la aprobación de la norma.
Griffen y otros especialistas en libertad de expresión estiman que la ley será utilizada contra la prensa libre, la oposición y los extranjeros. Y puede tener razón. Al defender la aprobación de la legislación , los congresistas repitieron –sin mostrar prueba alguna– que Estados Unidos y otras naciones occidentales son responsables de difundir desinformación sobre los militares de Rusia en la región como forma de dividir la población local. Generar discordia.
Hace pocas semanas, publicamos aquí un estudio detallado sobre lo contrario: las tácticas desinformativas que los rusos aplican en la región para justificar la guerra en Ucrania.
La legislación rusa es solo un ejemplo entre varios que ya existen en el mundo. A pesar de que los verificadores de datos digan que no hay ninguna investigación que demuestre que hay menos mentiras donde hay leyes anti-fake news, muchos países han decidido tomar este camino.
En 2020, Nicaragua aprobó su Ley Especial de Delitos Cibernéticos, una norma que establece penas de hasta cinco años de encarcelamiento a los que difunden fake news a través de las redes sociales y en los medios de comunicación. Igual que la rusa, la legislación nicaragüense tampoco define “noticia falsa”. Resultado: hasta hoy, más de 20 personas, entre ellas periodistas, activistas y sacerdotes, han sido condenados a prisión en el país centroamericano.
En Brasil, el debate sobre una ley anti-fake news está todos los días en la prensa, y la propuesta de ley que tiene más posibilidad de pasar por el Congreso no solo criminaliza la desinformación, sino también protege a los políticos. Si es aprobada como está, la norma ampliará al mundo digital la inmunidad que los parlamentarios brasileños tienen hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Ellos estarían autorizados a publicar cualquier cosa, incluso falsedades, sin que nadie –ni siquiera las big techs– pueda reaccionar. Nada de borrar publicaciones o bajar perfiles.
En Estados Unidos, el debate sobre si es posible reducir la desinformación por medio de leyes pasa por una cuestión más amplia: si las redes sociales (y sus algoritmos) deben o no ser considerados medios de comunicación. Escribí un poco sobre esto la semana pasada.
En el caso de que las redes se consideren medios, tendrían que seguir normas semejantes a las aplicadas a los periódicos, radios y canales de televisión. Pasarían a ser responsables legales de las mentiras publicadas por sus usuarios. Y la censura podría llegar a los cielos.
Pero si Estados Unidos decide que las big techs no son medios de comunicación, entonces habría que debatir cómo (y si) los estadounidenses quieren criminalizar al ciudadano por aquello que publica. Vale recordar que Estados Unidos se ufana de ser la tierra de la libertad de expresión, consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución. La controversia sería inevitable.
El ejemplo de Europa es el más interesante y posiblemente el más eficaz. La Unión Europea (UE) decidió que no se centraría tanto en los individuos, sino en las plataformas de redes sociales.
En 2018, el bloque creó una comisión de especialistas y les pidió que trabajasen en un marco de lo que haría falta para que hubiera menos desinformación online (entre otros temas duros).
El grupo presentó el resultado y aconsejó que la región diera a las plataformas de redes sociales dos años para que se adaptaran a este conjunto de exigencias voluntariamente.
En octubre de 2022, ante los pocos cambios observados, la UE aprobó la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés) y, en breve, pasará a exigir que las empresas cumplan varias medidas de transparencia y responsabilidad si quieren seguir activas en la región. Un grupo de expertos fue seleccionado este jueves 23 de marzo para trabajar en la implementación de la norma. Es un proceso que debe durar varios meses.
No hace falta apuntar la diferencia de procesos. La lucha contra la desinformación es igualmente inmensa en Rusia, Nicaragua, Brasil, Estados Unidos o Europa. Pero las diferencias en la forma como demócratas y dictadores se lanzan al campo de batalla queda en evidencia. Lo ideal sería que tuviéramos mucho más debate y menos –mucho menos– aterradores intentos de reglamentación del estilo ruso.
Cristina Tardáguila es directora de ICFJ y fundadora de Lupa
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