Argel, Argelia.- La polémica ley de la información, aprobada el pasado mes de abril por el Parlamento argelino, entró hoy en vigor pese al rechazo de periodistas y organizaciones de derechos humanos al considerar que impone nuevas restricciones y censura a los medios de comunicación.
Este texto legislativo regirá actividades informativas por lo que “se entiende cualquier publicación de informaciones, imágenes u opiniones o cualquier difusión de hechos, noticias, mensajes, opiniones, ideas o conocimientos por cualquier medio escrito, electrónico o audiovisual destinado al público o a una categoría de público”, recogió este jueves el Boletín Oficial del Estado.
Esta actividad “libremente ejercida”, señaló, deberá atenerse al marco de lo dispuesto en la Constitución, así como cumplir con la religión musulmana y demás religiones, los valores morales y culturales, la identidad y unidad nacional, el orden público y la seguridad, así como los símbolos del Estado y los intereses económicos del país.
A partir de ahora, la ley obligará a todos los medios a justificar el capital social y el origen de los fondos invertidos, al tiempo que prohíbe toda financiación o “ayuda material” directa o indirecta de una entidad extranjera so pena de sanciones penales y una multa de hasta dos millones de dinares (aproximadamente 13.500 euros) o incluso el decomiso de sus bienes.
Los ciudadanos binacionales tampoco podrán poseer o ser accionistas de medios de comunicación, lo que atenta según los juristas al principio de igualdad.
Asimismo afirma que los autores de “desacato” a jefes de Estado y diplomáticos extranjeros acreditados en el país se enfrentarán a multas de entre 100.000 y 500.000 dinares (670 a 3.300 euros).
Para su regulación se creara una autoridad de prensa escrita y digital “independiente”, además del Consejo Superior de Ética y Conducta Profesional; ambos órganos serán nombrados unilateralmente por el presidente.
Por otro lado, estipula que el periodista se beneficiará de los derechos de propiedad literaria y artística sobre sus obras, así como de una protección “contra toda forma de violencia, injuria, desprecio o amenaza durante el ejercicio de su profesión”.
Aunque el texto reconoce el secreto profesional como un derecho, el periodista podría verse obligado a revelar sus fuentes en un tribunal, si así lo requiere la Justicia.
La norma “contribuirá a consolidar la libertad de prensa escrita, audiovisual y digital y a promover la aparición de una prensa arraigada en las realidades nacionales, consciente de los problemas y respetuosa con la ética y la deontología”, argumentó el Ministerio de Comunicaciones al impulsar la ley como uno de los grandes proyectos del mandatario Abdelmadjid Tebboune.
Argelia ocupa el puesto 134 entre los 180 países que figuran en la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras, que pidió al poder legislativo rechazar estas disposiciones “draconianas” de una ley “que da carácter legal a una voluntad política de amordazar a la prensa”. EFE
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