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Ir a la cárcel por contar la verdad

Juan Lorenzo Holmann, de La Prensa de Nicaragua, es mantenido en cautiverio por el régimen de Daniel Ortega: es uno de los símbolos extremos de un panorama crítico para la prensa en América Latina; atrocidades en México y alarma en la Argentina
Renata Holmann, hija de Juan Lorenzo Holmann, gerente general de La Prensa de Nicaragua preso hace 440 días por el régimen de Ortega.

Por Fernán Saguier

Madrid, España.- Renata Holmann tiene 24 años, y su rostro, cierto aire de niña. Con su andar inocente y sonrisa inmaculada acapara todas las miradas de los editores de medios reunidos aquí por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Renata llegó a Madrid para exponer la tragedia que vive su padre, Juan Lorenzo Holmann, el gerente general de La Prensa, el diario más antiguo e importante de Nicaragua, que lleva 440 días encerrado en la cárcel de El Chipote bajo condiciones inhumanas.

Hasta no hace mucho tiempo Holmann era una cara amiga, uno más entre quienes nos reunimos dos veces al año en algún punto de las Américas (excepcionalmente de Europa) para tratar los problemas de libertad de expresión en el continente.

Hace dos meses que nadie de su familia sabe de él ni puede visitarlo en ese pozo de tormentos de 2 metros x 2 metros sin ventilación ni atención médica.

El testimonio de Renata es dramático. Dice que teme por la vida de su padre debido a su estado de salud. De 56 años, Holmann es hipertenso, padece de problemas de próstata y tiene una hernia inguinal. La última vez que lo vieron estaba muy delgado y demacrado.

“Vivo con la angustia de no volver a verlo”, implora Renata en dialogo con LA NACION.

El caso de Holmann es un emblema y, a la vez, un eslabón más en la cadena de calamidades que el régimen de Ortega-Murillo ha impuesto en Nicaragua para sepultar las libertades públicas. Toda la sala de redacción de La Prensa ha sido desmantelada y forzada al exilio.

En Nicaragua no existe más la libertad de expresión. Los periodistas que quieren informar tienen dos opciones: la cárcel o huir más allá de las fronteras. Más de 160 periodistas se han exiliado para evitar las mazmorras de la dictadura de Ortega, 51 medios han sido cerrados, y cuatro fueron confiscados. Once colegas están presos, sumados a los 209 presos políticos que borraron del mapa a la oposición, entre ellos los siete candidatos presidenciales impedidos de participar de la última farsa electoral que, en 2021, perpetuó en la poltrona presidencial al gobierno de Ortega. Desde hace quince años que el gobierno no da una conferencia de prensa.

Estamos asistiendo a un momento complejo en el mundo. Como nunca desde la Segunda Guerra Mundial, un líder autocrático se vale de la ausencia de liderazgos que sirvan de contrapeso en el planeta para imponer a sangre y fuego sus ímpetus imperiales en contra de un país soberano. En América Latina, cuenta con el apoyo o la complicidad de feroces dictadores y de gobiernos que bajo imposturas de pluralismo y apertura aprovechan el descontento hacia las democracias para socavar instituciones claves de las repúblicas liberales modernas.

Dos son sus víctimas preferidas: la justicia independiente y la prensa libre.

Empecemos por el caso más grave, México, porque no hay otro igual en costo de vidas humanas. Sumado a la escalada narco, la corrupción y las mafias enquistadas en las instituciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedica sus conferencias de prensa diarias a atacar a la prensa independiente en un contexto atroz: 52 hombres de prensa han sido asesinados a manos del crimen organizado durante su mandato. La mayoría de estos casos sigue impune.

Intolerante ante la crítica, con sus diatribas el mandatario mexicano no hace otra cosa que terminar avalando la ofensiva criminal. La SIP le hizo un enérgico llamado de atención aquí, que repetirá ante sus propias narices cuando se reúna en el Distrito Federal de México el año próximo.

“Es irresponsable confrontar día tras día con la prensa en medio de esta tragedia. Modere su discurso, presidente, porque así solo aviva el fuego que está consumiendo la libertad de expresión”, lo conminó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, el argentino Carlos Jornet, director de La Voz del Interior, de Córdoba.

Cuba es ya una causa perdida. Amordazada y militarizada, los espontáneos levantamientos populares de los últimos años han sido sofocados, una vez más, por las patrullas del régimen.

En Venezuela, el ataque sistemático al periodismo lleva ya 23 años. La prensa independiente quedó reducida a pocos sitios web editados por periodistas desde fuera del país, aunque el gobierno se las ingenia para bloquear esas páginas, entre las que se cuentan CNN e Infobae.

Se estima que más de 40 estaciones de radio han sido cerradas. Dice a LA NACION Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, el principal diario, que ya no se edita en papel, exiliado en esta ciudad desde hace cinco años: “El 90 por ciento de la población rechaza al régimen. La campaña antimedios por los paramilitares es muy fuerte, pero la gente no le hace caso ni rechaza el trabajo de los periodistas. El gobierno compró con fondos públicos, sin ninguna transparencia, varios medios para luego destruirlos.”

En Perú, bajo el gobierno de Pedro Castillo, se vive el peor momento para la prensa desde la caída del régimen de Alberto Fujimori. La prensa local observa con preocupación cómo Castillo avanza con un discurso en el que la acusa de “desestabilizar al gobierno, de no defender los logros oficiales y de solo enumerar noticias falsas”. La policía establece cordones que impiden a los cronistas acercarse a los funcionarios y se ha llegado al extremo de prohibirles ingresar al palacio de gobierno. Los forcejeos con los agentes del orden, los motes de “prensa corrupta, que solo beneficia a los ricos”, son cosa de todos los días. Afloran proyectos de ley que buscan criminalizar la tarea periodística, siendo ya 30 los colegas querellados por funcionarios oficiales. Castillo lleva catorce meses en el poder sin dar una entrevista a un medio local. Solo habla con TV Perú, digitada por el gobierno.

El caso de Nayib Bukele, en El Salvador, llama la atención por la rapidez con la que ha logrado la suma del poder público. En solo tres años de gobierno ha nombrado jueces afines en la Corte Suprema y reemplazado al fiscal general, ignorado la Constitución y lanzado un sistema de ayuda social que llega a todos los hogares sin excepción, aun a los más pudientes, que no lo necesitan. Bukele goza de un nivel de popularidad que no debe existir en el mundo: la última encuesta hecha por un medio independiente le atribuyó un 87 por ciento de aprobación. Esto se explica por su lucha contra las maras, pandillas criminales que dominan amplios territorios del país imponiendo peajes a todo aquel que quiera transitarlos, aunque en esa cruzada haya encarcelado a cientos de inocentes cuyo paradero se desconoce.

Es un presidente joven, de solo 41 años, con una narrativa poco común e imagen de milenial. Los editores salvadoreños dicen que hace un marketing digital nunca visto a través de un ejército de trolls, que copó la administración pública con gente adicta y familiares, y que ya no existen las licitaciones públicas ni rendición de cuentas. El último despropósito que consiguió es el acceso a las conversaciones y llamadas telefónicas privadas. Así, sin más. Un puñado de medios independientes subsiste como puede ante el silencio del empresariado.

Juan Lorenzo Holmann, el gerente general del diario más importante de Nicaragua, La Prensa, detenido por el régimen de Ortega
Alianza Cívica Nicaragua

En la Argentina acaba de sonar una alarma inédita y peligrosa. Veinticinco años después del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas instigado por un empresario ligado al poder, semanas atrás en Rosario se colgó una bandera frente a las instalaciones de Telefe Rosario, atribuida a bandas de narcotraficantes, con una amenaza: “Vamos a matar periodistas”. A diferencia de México, donde muchos de los periodistas muertos tenían protección, en nuestro país hay un protocolo de evacuación y protección policial para la defensa de los cronistas que, a pesar de estar vigente, no se utiliza. El gobierno no ha mostrado aún interés en él ni se ha comunicado con medios o asociaciones de prensa tras la última advertencia. La Argentina figura en el puesto 12 del ranking de 22 países hecho por la SIP en materia de libertad de expresión. El deterioro con respecto al gobierno de Mauricio Macri es marcado: cayó 10 posiciones.

El panorama en la región registra un patrón común. Salvo Uruguay, Jamaica y Canadá, prácticamente no hay país que se salve de la retórica hostil o los abusos de poder hacia los comunicadores. Cabe preguntarse: ¿Qué otra cosa podía esperarse cuando ayer mismo el líder del mundo libre dio el máximo ejemplo de ilegalidad y avasallamiento a las instituciones al desconocer el resultado de una elección presidencial y mandar a tomar el Capitolio para que no fuera proclamado su vencedor?

Ante semejante panorama de atropellos e insensatez, tuvo que pasar por estos salones el magistrado emérito del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Aragón Reyes, para reponer cierta noción de orden y sentido común, al señalar, por si acaso hiciera falta, que la Constitución debe servir como una Biblia que limite al poder en beneficio de la libertad de los ciudadanos. Mal no les vendría a muchos en la Argentina tenerlo presente. “La Constitución establece un principio sagrado: la división de poderes. Para que el poder frene al poder”, afirmó este maestro de juristas españoles.

Se ha dicho aquí que la libertad de expresión es una de las libertades básicas que deben estar protegidas y que es requisito indispensable para que exista una opinión pública libre. Son los ciudadanos quienes deben velar por sus propios derechos, vigilancia que debe ser activa, porque la democracia debe ser resistente, de modo de mantenerse firme ante una sucesión de embates sin registro en la memoria reciente. La democracia representativa necesita de la intermediación de los partidos políticos y de los medios de comunicación, pero la revolución digital cambió por completo el sistema social. Hoy, como reflexionó el fundador y ex director de El País, de Madrid, Juan Luis Cebrián, la sociedad está “desintermediada” y ya no se entera de lo que pasa a través de los medios, sino que la misma sociedad cuenta lo que le pasa por vía de las redes sociales.

“Pero siempre estará la prensa como el cuarto poder, claro que sí, porque es un poder de control social sobre los actos del poder”, exaltó enérgico Aragón Reyes.

No todo está perdido entonces. Siempre habrá lugar para la sorpresa y el deslumbramiento, supo acotar Ernesto Kraiselburd, de El Día, de La Plata. Es cierto que estamos frente a una bandada de cisnes negros en la política, pero de tanto en tanto aparecen luces de esperanza, súbitas cenicientas que afloran desde sus carrozas, como el ignoto comediante ucraniano que les está dando una lección a los rusos ante la admiración de todo el mundo.

LA NACION

 

 

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